El daño al patrimonio público podría llegar a 11 billones de pesos si prosperan todas las demandas que actualmente maneja la Contraloría General de la República.

Un informe de la Auditoría General de la República, sostiene que actualmente las 623 contralorías del país tratan de recuperar a través de 15.013 procesos de responsabilidad fiscal que adelantan.

Estas cifras corresponden a las reportadas en la rendición de cuentas por los órganos de control fiscal a la Auditoría.

De estos procesos, 4.080, que representan 5 billones novecientos treinta mil millones, son investigados por la Contraloría General de la República y 10.993, cuyo presunto daño asciende a 5 billones doscientos setenta y nueve mil millones son indagados por las contralorías territoriales.

Igualmente el informe reporta que, de esos 11 billones 210 mil millones de pesos, durante el año 2012 solamente se profirieron 998 fallos con corresponsabilidad fiscal por cuantía de 176 mil cien millones de pesos, de los cuales 371 fueron proferidos por la Contraloría General por cuantía de 91 mil novecientos millones de pesos y 627 por las contralorías territoriales por cuantía de 84 mil doscientos millones de pesos.

Para el Auditor General, Jaime Ardila Barrera, estas cifras exigen grandes esfuerzos y por ello conmina a las contralorías a dar aplicación en la aplicación de las herramientas introducidas en el Estatuto Anticorrupción, en especial la implementación de los procesos verbales de responsabilidad fiscal y así lograr un oportuno resarcimiento de los daños causados al patrimonio público, “pues de nada vale mencionar la existencia de 64 contralorías si hay poca efectividad en la culminación de procesos y en la recuperación real del patrimonio público menguado por las acciones de los corruptos”.

En relación con la recuperación de cartera una vez los procesos han quedado en firme, se anota que se adelantan 8.000 procesos de jurisdicción coactiva de los cuales 5.400 los llevan las contralorías territoriales y 2.600 se adelantan en la Contraloría General.

Los fallos y sanciones que se están cobrando en estos procesos tienen una cuantía de 680 mil millones de pesos, de los cuales 389 mil millones corresponden a procesos de la Contraloría General y 291 mil millones corresponden a procesos de las contralorías territoriales.

Este informe de la Auditoría forma parte de las responsabilidades que actualmente enfrentan los órganos de control. En esta misma situación ya había advertido con anterioridad que las contralorías territoriales enfrentan demandas judiciales por más de 216 mil millones. Precisamente la Contraloría de Bogotá es el ente de control fiscal que enfrenta el mayor monto en demandas judiciales por más de 115 mil millones de pesos, producto de demandas laborales, responsabilidad contractual y extracontractual, por fallos de responsabilidad fiscal y actos administrativos. Siguen en su orden la contraloría de Barranquilla con 29 mil y Atlántico con una cifra que supera los 19 mil millones de pesos.

De acuerdo con la encuesta realizada por la Auditoría en octubre del 2012 a sus entes vigilados y que fue respondida por el 52% de las contralorías territoriales, con el objetivo de hacer un diagnóstico de la situación real en materia de controversias judiciales de los órganos de control fiscal y para diseñar una eficiente y efectiva defensa jurídica pública.

El Auditor ha señalado que esta situación de las contralorías se hace aún más delicada ante la Sentencia de la Corte Constitucional que declaró la inexequibilidad del Artículo 3° de la Ley 1416 de 2010, Sentencia que señaló que el monto de las condenas de las contralorías no seguirá siendo asumido por las entidades territoriales, sino con el presupuesto de las contralorías territoriales.

Hizo énfasis en que esta realidad no puede ser objeto de acciones exclusivas del Gobierno Nacional, sino que a partir de la fecha, ingresará a la agenda de prioridades de las contralorías del país, quienes en forma mancomunada con la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado identificarán y efectuarán seguimiento estricto a las demandas en contra del Estado con el fin de asegurar que se adelanten acciones de prevención y debida defensa ante los Tribunales.