En medio de un escenario de aplausos de unos y críticas de otros, lo cierto es que el jefe del ente acusador logró reinstitucionalizar la marcha de la entidad, se erigió como el principal y más efectivo corrector de la implementación del acuerdo de paz y con casos como Odebrecht y Reficar demuestra que la corrupción de alto vuelo no es intocable.

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Con un poco más de diez meses en el cargo, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, se ha convertido en uno de los principales alfiles, sino el más importante, en la defensa de la institucionalidad en Colombia. Una tarea que no ha sido fácil, no sólo porque a cada tanto tiene que salir a derrotar las sombras que sobre su accionar tratan de sembrar sus contradictores, incluso desde el mismo momento en que fue elegido por la Corte Suprema como sucesor de Eduardo Montealegre, sino porque el posicionamiento del jefe del ente acusador se ha construido ladrillo a ladrillo por sus posturas y decisiones jurídicas, dejando atrás la nefasta época en que los anteriores titulares de las jurisdicciones penal y disciplinaria tomaron partido político a favor y en contra del acuerdo de paz con las Farc.

No deja de ser llamativa esta primera conclusión sobre la gestión de Martínez Neira, toda vez que cuando fue ternado por el presidente Santos, en abril del año pasado (generándose incluso un cisma en el sanedrín de la Casa de Nariño que culminó con la renuncia de la entonces “superministra” María Lorena Gutiérrez), en no pocos sectores lo primero que se puso en duda fue su imparcialidad, toda vez que meses atrás había dejado el cargo de Ministro de la Presidencia y mano derecha en materia político-jurídica del Jefe de Estado.

Si bien nadie discutía que tenía toda la trayectoria personal, académica y profesional para liderar la Fiscalía, su cercanía al Jefe de Estado, el vicepresidente Germán Vargas Lleras así como el hecho de que su prestigioso bufete de abogados llevara o conceptuara sobre varios de los procesos  administrativos y financieros más importantes del país, daba pie a sus críticos, en especial del Polo y algunos sectores liberales y de La U, para sembrar dudas sobre lo que sería su accionar en caso de llegar a la titularidad de la Fiscalía, cargo para que el venía sonando desde el mismo momento de su renuncia al “superministerio” de la Presidencia, a mediados de 2015.

En medio de ello, la Corte Suprema empezó a analizar la terna, que además de Martínez Neira, estaba compuesta por el recién renunciado ministro de Justicia, Yesid Reyes, y Mónica Cifuentes, asesora jurídica de la Oficina del Alto Comisionado de Paz. De los tres, los dos últimos habían estado más cerca de la confección jurídica del acuerdo de paz con las Farc, que a mediados del año pasado estaba a punto de culminar la negociación en La Habana y anunciarse la suscripción del pacto final. Tras lo sucedido con un fiscal como Montealegre y con el exprocurador Alejandro Ordóñez, a los que se acusó de tomar partido frente al proceso de paz, era claro que el país político consideraba que la postura de sus sucesores sería clave para lo que vendría después de la, por entonces, inminente firma del acuerdo final.

Con esa circunstancia como telón de fondo, en la Corte se llevó a cabo la elección que incluyó varias rondas de votación pero, al final, una mayoría de 17 votos le dio el triunfo sobre Reyes. Eso fue en la segunda semana de julio y a comienzos de agosto ya se estaba posesionando en la Casa de Nariño.

Hubo por esas fechas múltiples cábalas sobre los que perdieron y ganaron con la escogencia de la Corte Suprema. Incluso en las toldas del Gobierno unos celebraron su elección y otros la vieron con cierta reserva. Es más, no dejaba de llamar la atención que mientras en las filas de la oposición el Polo criticaba la designación, el uribismo se mostraba a la expectativa, recordando que cuando Martínez era ministro de la Presidencia fue de los pocos funcionarios santistas que tenían interlocución proactiva con Uribe y el Centro Democrático, pese a la intensa polarización.

Marcando línea 

¿Cómo le ha ido a Martínez 10 meses después? Tirios y troyanos reconocen que el Fiscal General ha logrado en este corto lapso, como primera medida, la reinstitucionalización de una entidad que durante la accidentada gestión de su antecesor generaba cierta sospecha por su “exceso de iniciativa” a favor del proceso de paz (Montealegre demandó incluso la necesidad de acudir a la refrendación popular). Hoy por hoy se reconoce en el ente acusador una línea de imparcialidad, lo mismo que ha ocurrido en la Procuraduría con la llegada de Fernando Carrillo, que también tenía  desafíos similares a los del jefe del ente acusador, pues antes de llegar al Ministerio Público estuvo en las canteras ministeriales y diplomáticas del gobierno Santos.

Ver a los entes de control haciendo su trabajo sin que se evidencie en el mismo ningún asomo de ideologización o parcialidad política o partidista, como tampoco jugados en contra o a favor del acuerdo de paz con las Farc, sin duda ha contribuido a disminuir en el último año, eso sí poco a poco, la prevención y desconfianza de muchos sectores. El carácter e independencia jurídicas de Martínez fueron claves en esa reinstitucionalización, sin que por ello se quiera negar que todavía tiene fuertes críticos, pero ahora no solo en el Polo (el senador y precandidato Jorge Enrique Robledo el principal de ellos) sino en partidos como La U y los liberales, e incluso en las propias toldas gubernamentales en donde, en privado, no ocultan que esperaban más “empatía” del Fiscal con el Ejecutivo y hasta se han reprochado que no se hubiera apoyado más a Reyes –hoy asesor en el proceso de implementación normativa del pacto con las Farc– en el momento de elección en la Corte un año atrás. Igual no faltan las voces que tratan de insinuar que si bien hay agilidad en algunos procesos penales, en otros que tendrían relación con antiguos clientes de su bufete no se ve igual celeridad. A todos el Fiscal General les ha tenido que replicar, volviéndose en algunos casos tan recurrentes como desgastados los rifirrafes…

Más allá de estas polémicas, lo cierto es que no han sido pocos ni fáciles los retos de la Fiscalía en estos 10 meses. Como tampoco pocas las ocasiones en que Martínez Neira ha tenido que, en su papel de principal ejecutor de la política criminal del Estado, salir a advertir situaciones que afectan o -amenazan con hacerlo- el orden jurídico, tanto en su órbita constitucional como legal y reglamentaria. 

Por ejemplo, fue el Fiscal General uno de los primeros en dar un campanazo, en septiembre pasado, sobre el aumento desmesurado de la extensión de narcocultivos en el país e incluso pidiendo al Consejo Superior de Estupefacientes que repensara la prohibición de las aspersiones aéreas con el glifosato.

También está en la retina de muchos congresistas la alerta que diera Martínez al proyecto de las llamadas “pequeñas causas” cuando urgió al Congreso que revisara varios de sus artículos porque se podría estar abriendo la puerta a una excarcelación masiva. 

Igual ha tenido sus encontrones con los ministros de Justicia, el anterior Jorge Londoño y su sucesor Enrique Gil. Con el primero por un borrador de reforma al Estatuto Antinarcóticos que amenazaba con suspender la persecución penal a pequeños cultivadores, productores y traficantes de drogas, y con el segundo por la propuesta de una especie de “jubileo penal” –que inicialmente se relacionó con la confirmación de la visita del papa Francisco pero luego con la necesidad de descongestionar los penales– para otorgar una rebaja en una quinta parte de la pena a los condenados por una amplia gama de delitos.

El “corrector” del proceso 

Sin embargo, si hay algún tema en el que el carácter de Martínez y el énfasis de su gestión se han visto más caracterizados ha sido, precisamente, en sus posturas jurídicas sobre el acuerdo de paz con las Farc y su aplicación.

Por ejemplo, fueron sus criterios, expuestos tanto en las comisiones primeras de Senado y Cámara como en las respectivas plenarias, los que llevaron a corregir y ajustar varios artículos clave del proyecto que creó la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). Asuntos relativos al  tratamiento penal que debía dar a los guerrilleros desmovilizados reincidentes, la forma de judicializar los delitos de ejecución permanente, así como el régimen de extradición que podría aplicarse, fueron corregidos en el Parlamento por las advertencias del jefe del ente acusador, pese a la resistencia inicial del Gobierno y las bancadas gobiernistas, así como de las mismas Farc.

No fue la única vez en que los conceptos jurídicos de Martínez han llevado a precisar o incluso a corregir medidas gubernamentales en desarrollo del proceso de implementación normativa. Sus conceptos fueron escuchados con atención cuando se tramitó la Ley de Amnistía para los desmovilizados, esta última bajo la modalidad del ‘fast track’ o vía rápida legislativa. Igual algunos de sus pronunciamientos fueron determinantes en las polémicas sobre qué podían y no podían hacer los guerrilleros en trance de desarme y desmovilización en su camino y asentamiento en las zonas veredales en donde concentraron su pie de fuerza. 

Aunque las Farc y algunos sectores gobiernistas lo tachan de trabar el acuerdo de paz, las posturas jurídicas del Fiscal terminan imperando finalmente

Pero si faltaba una prueba de cómo los conceptos de la Fiscalía han sido claves para delimitar el alcance de la implementación normativa de los acuerdos, ella se dio esta semana. Como se recuerda a finales de mayo el presidente Santos emitió una andanada de decretos en ejercicio de las facultades extraordinarias que se le dieron –y vencían por esos días– para agilizar el cumplimiento de lo pactado con la guerrilla.

En uno de esos decretos, el 903, se afirma que con los bienes inventariados entregados por las Farc no sólo se procederá a la reparación material de las víctimas del conflicto, sino también a la implementación de programas para los desmovilizados. Tras analizar línea por línea esa norma, Martínez advirtió que con ella, y al amparo de la jurisprudencia sobre los "recursos de guerra", parte del patrimonio ilícito de las Farc “proveniente del secuestro, el narcotráfico y la extorsión, podría llegar no a las víctimas, sino a los victimarios, a través del artilugio de un patrimonio autónomo”.

Aunque el Gobierno, a través del entrante ministro del Interior, Guillermo Rivera, y el consejero presidencial para el posconflicto Rafael Pardo, se apresuraron a negar que existiera en ese decreto una ventana para el lavado de activos ilícitos de la guerrilla, e incluso las Farc acusaran al Fiscal General de estar poniéndole palos en la rueda al proceso de paz, al final el Ejecutivo reconoció que sí había vacíos en la norma e incluso el alto comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, no dudó en advertir que se había incurrido en una “chambonada”, generando así un encontrón público de mucho eco las altas esferas oficialistas.

Aunque varios sectores políticos y de la prensa le hicieron eco a las críticas a Martínez, al final el desarrollo de la polémica le dio la razón y ahora parece que logrará que el decreto se corrija y que las Farc no sólo continúen supeditadas a entregar todos los bienes ilícitos, sino que la Fiscalía no tendrá traba para seguir decomisando sus bienes ilícitos, cuyo monto detectado ya suma 1,1 billones de pesos.

De esta forma, tal como lo ha venido haciendo la Corte Constitucional al tumbar varios de los primeros decretos dictados por Santos y luego con una sentencia en la que limitó el ‘fast track’ y dijo que el Congreso sí podía reformar los proyectos de implementación, la Fiscalía también ha sido clave para ajustar ese desarrollo normativo y vigilar que en el mismo no se atropelle el orden jurídico establecido ni se vaya en contravía constitucional, por más excepcional que sea la justicia transicional. Por eso mismo es que en algunos corrillos jurídicos se dice que Martínez se volvió el “corrector” del desarrollo del acuerdo de paz.

Los mega-escándalos 

El otro gran flanco de la gestión de Martínez en estos 10 meses ha sido, sin duda, el de la lucha contra la corrupción. Y para ello no sólo ha implementado una serie de reformas estructurales internas en el ente acusador, así como presentado varios proyectos de ley y acto legislativo para hacer más drástica la legislación contra los responsables de delitos contra la administración pública, sino también para reducir la posibilidad de que reciban beneficios penales y penitenciarios que resultan no sólo exagerados sino que darían la impresión de que robar al Estado ‘sí paga’. Incluso ha enfatizado en la persecución de los patrimonios de los corruptos, la investigación de los delitos económicos de ‘cuello blanco’ y la posibilidad de acudir a la extradición como mecanismo para castigar con más rigor a los corruptos. 

Entre los muchos casos que ha adelantado la Fiscalía en los últimos 10 meses, relacionados con acelerar los procesos a los involucrados en los escándalos de Invercolsa, Fondo Premium, los ‘carteles de la contratación, los robos a las regalías y la salud, la corrupción en La Guajira y otros, hay dos que, sin duda, son los más representativos y graves: el desfalco billonario en la construcción y puesta en marcha de la refinería de Cartagena (Reficar) y el entramado de sobornos, tráfico de influencias y de infiltración de las campañas políticas y electorales de 2010 y 2014 por parte de la multinacional brasileña Odebrecht. En ambos casos, los pesquisas ya llegan a la Casa de Nariño de los gobiernos Uribe y Santos y suman no menos de 20 flancos de investigación distintos.

Los anteriores y otros casos de alto impacto público como el asesinato de la niña Yuliana Samboní, los crímenes contra líderes sociales, la ofensiva contra las Bacrim y el Eln, situaciones aberrantes de feminicidios y violencia sexual e intrafamiliar, entre muchos, han puesto bajo el escrutinio público a Martínez Neira. 

Hasta el momento, con apenas 10 meses en el cargo, se le reconoce que está esforzándose en cumplir su labor, profesionalizando a la Fiscalía y varios resultados de su gestión ya tienen consecuencias positivas y tangibles.

Con críticas y aplausos a bordo, la eterna polémica sobre los persistentes índices de morosidad procesal, crecimiento de delitos de alto impacto y otros males endémicos del aparato judicial, lo innegable es que la Fiscalía hoy tiene otro ritmo, otro tono y otro énfasis. Ritmo, tono y énfasis que le hacían falta a la entidad y al país. Y en ello Martínez ha sido la clave.

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