El exmandatario incurrió en falta disciplinaria por cuanto no incluyó en  el presupuesto para las vigencias 2009 y 2010 las partidas presupuestales necesarias para garantizar el pago de más de 141 millones de pesos, que a título de restablecimiento del derecho había ordenado el Tribunal Contencioso Administrativo de Sucre a favor de un ciudadano.

Se estableció además que por el hecho de no incluir en el presupuesto de las citadas vigencias estos recursos, el municipio no pudo cancelar oportunamente al ciudadano estos recursos y sufrió un detrimento patrimonial debido a que el beneficiado con este pago interpuso una acción ejecutiva y, como consecuencia de ello, se pagó la suma de dinero con intereses como honorarios de abogado por la cobranza, lo que arrojó una obligación total superior a los 205 millones de pesos.

El Ministerio Público recordó que para garantizar el buen funcionamiento en la administración de los recursos de las entidades públicas, “se requiere que todo gasto esté incluido dentro del presupuesto de rentas y gastos de la respectiva vigencia, lo cual denota organización y planeación en las operaciones presupuestales del municipio a cargo de sus representantes legales”.