Como fundamento de su solicitud el jefe del Ministerio Público adujo que en esta sentencia la Corte incurrió en una serie de graves violaciones al debido proceso, comenzando por no asegurarse de conocer la verdad de los hechos, pues juzgó que había una renuncia a la paternidad del padre biológico de la niña que se prende adoptar, cuando lo que parece ocurrir es que la niña sí tiene una relación con su padre e incluso lo reconoce como tal.

 

Además, el procurador general advierte que el alto tribunal juzgó las actuaciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad demandada, con base en una sentencia que se profirió varios años después de los hechos, como es la decisión en que por primera vez se dijo que las parejas conformadas por personas del mismo sexo pueden conformar familia.

 

Así mismo, en la solicitud se destaca cómo la Corte Constitucional incurre en una gran cantidad de contradicciones para justificar su competencia para pronunciarse sobre el caso, al mismo tiempo que contradijo su jurisprudencia sobre adopción y sobre la naturaleza de las uniones maritales de hecho. Así mismo, omitió pronunciarse sobre una serie importante de estudios científicos, con conceptos opuestos, que trataban sobre la posible afectación de los niños al ser adoptados por parejas conformadas por personas del mismo sexo. Esta falta de pronunciamiento, según el Ministerio Público, implica la evasión de un tema importante para el fallo proferido.

 

Por último, el procurador general insiste en que el alto tribunal, aunque dice que no existe el “derecho a adoptar”, al final hace prevalecer la autonomía, el libre desarrollo de la personalidad y el arreglo familiar de dos adultos por encima del interés superior de los niños, al someter el futuro de la niña involucrada a la mera voluntad de su madre biológica y de su compañera, en lugar de protegerla de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente, que la misma Corte reconoce fue debidamente respetado por el ICBF.

 

Respuesta pendiente al jefe del Ministerio Público

 

Desde el 4 de septiembre de 2014 el procurador Ordóñez Maldonado le ha solicitado a la Corte Constitucional que se despejara el manto de duda que existe sobre el caso con motivo de ciertos hechos que fueron dados a conocer por los medios de comunicación, según los cuales la niña conocía a su presunto padre biológico y sostenía una relación con él.

 

En efecto, mientras que en la rueda de prensa oficial ofrecida por el presidente de la Corte Constitucional el 28 de agosto del año pasado, el magistrado manifestó que “en este caso específico había una renuncia por parte del padre a la posibilidad de que pudiera él ser declarado como tal”, los medios de comunicación difundieron información publicitando declaraciones de los familiares de la pareja de mujeres, según la cual el padre biológico de la menor es primo de una de ellas y sostiene una relación familiar con la niña, la visita para sus cumpleaños, y ella y su hermano lo reconocen como el “papá”. 

 

En razón de lo anterior, el procurador general le había solicitado a la Corte Constitucional adoptar las medidas que considerara pertinentes para averiguar si los hechos publicados son ciertos y, en tal sentido, pudiese determinar si había existido algún error en la forma como se había resuelto el caso concreto. No obstante, la Corte Constitucional guardó silencio sobre esta petición y, por el contrario, publicó y ordenó la notificación del fallo sin efectuar las indagaciones necesarias.