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La dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional aseguró que se espera que alrededor de 1 millón 900 mil vehículos se movilicen durante el puente de la Asunción.

"Estimamos que son cerca de 1 millón 900 mil vehículos en todo el territorio nacional. En Cundinamarca se van a mover más de 365 mil vehículos", dijo el director de Tránsito y Transporte de la Policía, el General Francisco Patiño.

La demanda busca establecer de una vez por todas, el periodo del Fiscal General, Eduardo Montealegre.

El Consejo de Estado admitió la demanda, por lo tanto fue elegida como ponente la magistrada Susana Buitrago, quien dirigirá el proceso y quien elaborará el primer pronunciamiento sobre el tema.

Hoy será notificado el procurador delegado ante Consejo de Estado, al Fiscal y a la corte Suprema para que respondan la demanda.

La Procuraduría General confirmó el fallo de única instancia mediante el cual se destituyó e inhabilitó por 12 años al expersonero de Bogotá, Francisco Rojas Birry, quien no se apartó del conocimiento de las actuaciones que involucraban a DMG teniendo en cuenta que existía un vínculo entre ambos por cuenta del dinero que el exservidor recibió de la firma antes de posesionarse como personero.

La policía anunció la captura de 18 personas en una operación realizada en nueve ciudades, que permitió el desmantelamiento de una red de producción y comercialización de heroína y cocaína, con envíos a Centroamérica y desde allí a Estados Unidos.

La operación 'República 86' se llevó a cabo con el apoyo de la Agencia Antidrogas (DEA) de los Estados Unidos, dijo el general Luis Alberto Pérez, director de la policía Antinarcóticos.

Por su presunta implicación en los falsos nombramientos en el Consejo Superior de la Judicatura, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia imputará cargos el próximo jueves a Yira Lucía Olarte, exsecretaria general de la Sala Disciplinaria.

El fiscal a cargo del proceso sindicará a Olarte de la supuesta autoría del delito de falsedad ideológica en documento público.

La Fiscalía General de la Nación inició el proceso de reparación a las víctimas del Bloque Sur del Putumayo al ordenar el embargo, el secuestro y la suspensión del poder dispositivo de bienes inmuebles avaluados comercialmente en ocho mil millones de pesos.

Tras la última reunión de la bancada de mujeres del Congreso de la República, se anunció la presentación de un proyecto de ley que tiene como fin beneficiar a las mujeres que se encuentran recluidas en los centros penitenciarios del país con ‘casa por cárcel’ y evitar, entre otras cosas, que las madres tengan hijos en las penitenciarías.

En varios operativos desplegados por miembros de la Policía con el fin de preservar el medio ambiente, fueron incautados 47 metros cúbicos de madera, cuando eran talados, transportados y comercializados de forma ilegal, junto con una moto sierra que estaba siendo empleada para esta labor.
 

La primera incautación se realizó en la troncal del Hacha, momentos en que estaban siendo cortados varios árboles de la especie Guayacán, mientras que 97 de estos estaban listos para su comercialización.
 

La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá tumbó definitivamente el preacuerdo al que habían llegado cuatro beneficiarios de multimillonarios subsidios del programa Agro Ingreso Seguro con la Fiscalía.

Dicho preacuerdo, había sido rechazado por el juez 54 de conocimiento el pasado 31 de enero al considerar que se incurrieron en fallas del proceso.

La Procuraduría General citó a audiencia pública al Álvaro Martínez Payán, en su condición de gerente del Hospital Psiquiátrico Universitario del Valle por posibles sobrecostos en algunas adquisiciones hechas en los años 2008 y 2009.

La diligencia verbal se llevará a cabo en el auditorio de la Procuraduría Regional del Valle, ubicada en la carrera 9 Nro.8-56, piso 3, el próximo viernes 18 de mayo a las 9:00 de la mañana.

Una estrategia para deshacinar los centros penitenciarios y carcelarios del país es adelantada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) de forma conjunta con los jueces de la República y el Ministerio de Justicia.

El juzgado primero especializado de Cundinamarca condenó a los miembros del Ejército Popular Revolucionario Anticomunista luego que estos aceptaran su responsabilidad en el delito de concierto para delinquir.

Los acusados se acogieron un proceso de desmovilización el pasado 23 de diciembre luego de realizar actos delictivos en los departamentos de Caquetá, Guaviare y Meta.