UPC desfasada y demora en presupuestos máximos agravan crisis en salud | El Nuevo Siglo
DESDE FOTO temático, Acemi y ANDI hablaron de la situación de crisis en la salud. /Foto - Acemi
Martes, 16 de Abril de 2024
Redacción Política

UN NUEVO análisis técnico a las fallas de fondo en el sistema de salud hizo ayer la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI).

Durante el foro temático “Una mirada metodológica a las cifras del sector salud” realizado en Bogotá, presentaron una nota técnica sobre la situación en el sector, desde la que hicieron énfasis en el tema de la sostenibilidad.

“La situación de crisis por la que atraviesa el sistema de salud actualmente nos convoca para aportar a la discusión con información técnica que le sea de utilidad al país. Es un hecho que, por ejemplo, la insuficiencia en el cálculo de la UPC y la inoportunidad en el pago de los presupuestos máximos han generado acumulación de deudas y pérdidas técnicas que han impactado el servicio. No hay la menor duda que el sistema no ha tenido los suficientes recursos para atender sus necesidades. Es una responsabilidad de las autoridades poder garantizar el correcto flujo de los recursos, brindando condiciones óptimas para que se presten los servicios de salud que requieren los colombianos”, manifestó Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, en medio del encuentro.

A su turno, la presidenta de Acemi, Luz María Vesga, indicó que “en medio de este debate la pregunta ha sido si EPS sí o EPS no. Con eso no se soluciona el problema estructural del sistema que hoy es el financiamiento. Y en eso hay un consenso técnico que debe reflejarse en decisiones políticas y regulatorias”.

El informe presentado destaca las causas del desfinanciamiento, destacando que el sistema de salud se financia por medio de las cotizaciones directas hechas por los trabajadores, pero también de los impuestos que pagan los ciudadanos de este país.

“El Presupuesto General de la Nación es el que ha permitido el cierre financiero del sistema en los últimos años, esto porque las otras fuentes, tal como se ve de manera clara en el gráfico, se han mantenido estables”, destacaron Acemi y ANDI, durante el foro temático.

Pero también informaron que es responsabilidad de los ministros de Hacienda y Salud que se garanticen “los recursos para el correcto funcionamiento del sistema”.

Además, sostuvieron que “la inoportunidad en el pago de presupuestos máximos que es una figura que se creó para financiar el pago de servicios y tecnologías no contemplados en la UPC”.

$7 billones de pesos de Adres

Por otra parte, la Administración de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) informó que 7,13 billones de pesos fueron girados en febrero a las EPS e IPS. Específicamente, $3,78 billones fueron girados al régimen contributivo y 3,35 billones al subsidiado.

“De los fondos asignados al régimen contributivo, $3,60 billones se utilizaron directamente en servicios de salud, mientras que $136.258 millones se destinaron para cubrir incapacidades por enfermedad general y $45.706 millones para promover la salud y prevenir enfermedades”, manifestó dicha administración.

También aseguró que han realizado giros directos importantes a otros proveedores. “En el régimen contributivo, se transfirieron $250.763 millones a 993 IPS y proveedores de salud en nombre de EPS reconocidas, como Famisanar y Sanitas”, indicó.

Sobre el sistema de salud, la Defensoría del Pueblo hace un pronunciamiento y es que iniciará un proceso de vigilancia a la prestación de los servicios a los usuarios de la intervenida Nueva EPS.

“Desde la Defensoría del Pueblo seremos el termómetro de los indicadores de la prestación del servicio a los usuarios de la Nueva EPS y Sanitas EPS, recién intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud. Advertiremos de manera oportuna, cuando haya lugar a ello, los riesgos y vulneraciones al derecho fundamental a la salud, y que las intervenciones cumplan la función de mejoramiento”, aseguró el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.