Como una ofensa al Ejército se interpretó en cuarteles y clubes de oficiales y suboficiales la última decisión del Tribunal Superior de Bogotá que ratifica la condena a 30 años del coronel (r) Alfonso Plazas Vega y eleva al Tribunal Internacional de Bruselas el caso del expresidente Belisario Betancur. Al exmandatario se le acusa por “desaparición de civiles”, figura delictiva que no existía en la legislación penal de 2002.

Habitantes de Norte de Santander, sobre la frontera colombo-venezolana, tildan de “perversa” la alianza que periódicamente ejecutan las FARC, el ELN y su adversario ideológico, el movimiento que allí se declara anticomunista. La hacen por dinero. Exactamente para extraerlo a campesinos ricos y comerciantes de las zonas urbanas. Realizada  la “operación”, vuelven  a sus posiciones de “adversarios”. Y simulan  quebrada la “amistad” que por horas mantuvieron.

En el Ministerio de Educación se comentaba ayer que los niños y jóvenes aspirantes a cursos en escuelas y colegios respecto a 2011 aumentaron este año 12%.

Mientras sea alcalde Gustavo Petro no veremos concluida y en funcionamiento la longitudinal de occidente anunciada en 1924, ordenada por Acuerdo del Concejo de Bogotá en 1961, trazada hacia 1968 y en construcción a pedazos desde 1980.

Saltó nuevamente a luz que, desde la Fiscalía General, se promete a ciudadanos recluidos en cárceles dinero en efectivo e incluso traslado al exterior si bajo la gravedad del juramento imputan anomalías al ex alto Comisionado de Paz Luis Carlos Restrepo. Raúl Agudelo, u “Olivo Saldaña”, ex guerrillero residenciado en La Picota, escuchó esta semana a una Fiscal que le anunciaba $ 1.000 millones y viaje a Canadá, Estados Unidos o Europa si se prestaba a denunciar a Restrepo y dos coroneles por una posible “falsa desmovilización” de guerrilleros de las Farc. Agudelo o “Saldaña” enfáticamente ha advertido que no colabora en esa maniobra.

La ley de 2011 que creó y financió con $ 1.300 millones el plan Agro Ingreso Seguro degeneró, por razones de tipo personal y político, en embrollo judicial. Los jueces no atinan a desbrozar dónde ha habido “delitos” en el uso de esas normas.

Fue adicionado el almanaque de 2012 con otra celebración especial: el día de la cesantía. Y es muy próxima: el 14 de febrero.

Con ocasión de sus fiestas anuales, Pasto, en el sur, y Manizales, en el occidente, mostraron nuevamente la calidad de sus habitantes. Los ríos de licor que circularon por calles y parques no sirvieron de pretexto para riñas y enfrentamientos personales que culminasen en homicidios. Ambas ciudades contabilizaron unidas tres muertos en cinco días; por sus hospitales cruzaron 5 heridos en disputas.

Un total de 261.807 colombianos recibieron a domicilio en su casa u oficina su nueva cédula de ciudadanía o su tarjeta de identidad de último formato, según cifras actualizadas al 31 de diciembre, gracias al servicio de entrega personalizada de documentos de identidad que ofrece la Registraduría, y que es una alternativa útil para muchos de los 1.818.062 colombianos que todavía no han reclamado su documento de identificación.

A los 16 años de su muerte, el Gobierno nacional aplicó mediante decreto las sugerencias que reiteradamente hizo Álvaro Gómez Hurtado hasta días antes de ser asesinado (noviembre de 1995).

Germán Cardona Gutiérrez, ministro de Transporte, afirma que sólo hay 80 puntos con mal estado en 32 vías nacionales. Omite aclarar que esos sitios corresponden unos a vías entre el interior del país y la costa Atlántica y otros entorpecen el acceso a ciudades del occidente y el suroccidente.

Antes de que los magistrados saliesen de vacaciones, Iván González, apoderado del general Miguel Maza Márquez, solicitó al tribunal superior la libertad de su defendido. La petición quedó para estudio en enero.