La Procuraduría General de la Nación instó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca a detener los gastos de la primera dama, Verónica Alcocer, en sus viajes con fondos públicos. La solicitud se produce después de que el tribunal iniciara una investigación sobre los costos de los desplazamientos de Alcocer.
El procurador 135 Judicial para asuntos administrativos de Bogotá, Juan Carlos Villamil, emitió un concepto en el que señala que el presidente Gustavo Petro infringió las normas vigentes al designar a su esposa como Embajadora de Misión Especial mediante un decreto, argumentando que este acto administrativo debería declararse nulo debido al vínculo matrimonial o de unión permanente entre ambos.
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La entidad destacó que Verónica Alcocer no es una servidora pública, lo que la excluye de ser destinataria de comisiones o viáticos regulados para funcionarios públicos, a quienes está dirigida la normativa.
La primera dama ha generado controversia al gastar más de mil millones de pesos en viajes junto a su equipo, actividades que parecen estar dirigidas únicamente a cuidar la imagen presidencial. Este despilfarro ha suscitado críticas en sectores de la población, respaldando la solicitud de la Procuraduría para frenar estos gastos con recursos públicos. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ahora deberá pronunciarse sobre esta petición y tomar medidas al respecto.
Aquí el documento: