El Senador de La U asegura que el Legislativo le quedó mal a los funcionarios y servidores públicos, al no pronunciarse sobre el permiso para que participen en política.

El legislativo tendrá la posibilidad de revisar los decretos reglamentarios que expida el Ejecutivo, de ser aprobado un proyecto de acto legislativo que actualmente espera tercer debate en la Cámara de Representantes. Uno de los autores de la iniciativa, el senador Carlos Enrique Soto, habló sobre sus alcances.

EL NUEVO SIGLO: ¿En qué consiste el proyecto de acto legislativo, del que usted es autor, que propone que el Congreso revise los decretos presidenciales?

CARLOS ENRIQUE SOTO: Consiste en que las comisiones constitucionales conozcan del texto que tiene que ver con la reglamentación por parte del Presidente de la República de las leyes. Nosotros consideramos que nadie más indicado que las comisiones constitucionales para mirar el alcance hasta donde está yendo el Ejecutivo, puesto que tiene facultades enmarcadas dentro de lo que es el alcance de la ley.

ENS: ¿Por qué es necesario que haya un control del Congreso sobre esos decretos?
CES: Porque de alguna manera, de buena o mala fe, el Ejecutivo puede ir más allá de lo que es el marco de la ley. El Legislativo, y especialmente la comisión especializada, tienen la posibilidad de analizar ese alcance y hacer sugerencias al Ejecutivo, antes de firmar ese decreto reglamentario.

ENS: ¿Cómo será la operatividad en el Congreso de la revisión de esos decretos si es aprobado el proyecto?
CES: Cada Comisión, dependiendo de los proyectos que le competan, por ejemplo a la Primera llegarán asuntos que le correspondan, y así sucesivamente con las demás. Es decir, a la Comisión que le compete analizar, estudiar y aprobar la ley en primer debate, sería la Comisión a la cual regresaría precisamente ese texto del decreto reglamentario para que lo expida el Gobierno nacional.

ENS: ¿Le faltó voluntad al Gobierno para tramitar el proyecto que reglamenta la participación en política de servidores públicos, del que usted era autor?
CES: Yo creo que hay algunas prevenciones de tipo político, más que de convicción, de aprobar la ley, eso es lo que uno ha podido percibir en esta discusión; porque todos los Partidos y los Senadores no tienen la gallardía de decir es que no me gusta porque la presentó fulano de tal. Entonces, buscan argumentos como que el proyecto no está completo, pero tampoco le hacen los aportes y ajustes correspondientes. Nosotros presentamos tres versiones: la primera que era de cuatro artículos, en la segunda el señor ponente presentó una versión de diez artículos, y la tercera una modificación con seis artículos, la cual era muy completa, sobre todo en sus artículos cuarto y quinto, donde se explicaba pormenorizadamente quiénes y cómo podían participar en política, y las prohibiciones para gobernadores, alcaldes, ministros y otros altos funcionarios que tenían unas limitaciones, pero sin embargo siguieron buscándole argumentos.

ENS: ¿Cuál ha sido la posición del Gobierno en ambas iniciativas?
CES: Frente al de los decretos, no creo que sea de su mayor simpatía, porque obviamente que le están solicitando respetuosamente una revisión, a lo que no está acostumbrado el Ejecutivo en Colombia, pues siempre él ha expedido los decretos, aunque muchos se han caído porque se han extralimitado en las facultades, y muchos de ellos todavía están vigentes porque nadie los ha demandado y el Consejo de Estado no tiene el tiempo para proponerse esa tarea de revisar cada uno de los decretos. En cuanto a lo que es la participación en política de los funcionarios y servidores públicos, estaba de acuerdo, aunque con algunas observaciones. El ministro Vargas Lleras ha planteado que es una ley que se debe desarrollar, pero la verdad es que no se ha encontrado una plena voluntad para desarrollar, pues es un tema en el que el Congreso de Colombia le ha quedado mal a los servidores y funcionarios públicos durante más de 20 años, porque no ha reglamentado, como se lo ordena el artículo 127 de la Constitución, el cual dice claramente quienes pueden participar en política y quienes no.