Reducir la congestión, expresada en miles de procesos represados, es una de las principales razones de la reforma a la justicia, que seguramente será aprobada esta semana por la plenaria de la Cámara.

Sin embargo las cifras que maneja el Gobierno no corresponden a la realidad, señaló la juez María del Pilar Arango, directora ejecutiva del Observatorio Nacional Permanente para la Administración de Justicia.

EL NUEVO SIGLO: ¿Sirve para la descongestión revestir a abogados y notarios de algunas funciones jurisdiccionales?

MARÍA DEL PILAR ARANGO: No. Eso es nefasto, por una sencilla razón: ellos aducen la congestión como la base de toda la estructura de esa reforma del artículo 116. Resulta que en la congestión se está partiendo desde unas cifras que no son verdaderas porque existe una publicación oficial de la Sala Administrativa del Consejo Superior que desconoce el señor Presidente, el Ministro y allí nos expresan las cifras verdaderas.

Primero: no son las cifras que ellos manejan de dos millones ni de tres. Son 509.000 procesos los que están represados de más de un año, que tienen dos, tres y cuatro años, y que obviamente no deberían existir y que habría que buscarle solución.

Dos: como no son ciertas las cifras, la peor solución es quitárselo a los jueces y pasárselo a privados porque lo que se requiere es determinar dónde está la verdadera congestión, porque no es como ellos pretenden en todo el país. La congestión se da principalmente en Bogotá, la provincia no está congestionada.

Lo que se requiere, siempre lo hemos dicho, es hacer un estudio serio y decir ‘mire se requieran aquí en Bogotá tanto jueces más. Nosotros somos los capacitados, los que estamos en carrera, los que estamos siendo calificados día a día por nuestros superiores, y van a venir de la noche a la mañana a quitarnos la independencia entregándole los procesos a los notarios que son de la rama ejecutiva. Que a las notarías llegan los bancos, las personas naturales, y ahora se van a volver los jueces de sus clientes.    

ENS: Ustedes se han opuesto a este proyecto. ¿De lo aprobado en séptimo debate, hay algo que rescaten?

MPA: Realmente la variación fue mínima. Nosotros seguimos en nuestra posición original porque lo de base, que es la verdadera problemática de la justicia, no se ha resuelto.

Por ejemplo, lo único que podemos decir es que ya eliminaron el artículo 28 de la reforma, lo de la conducción de las personas que estuvieran embriagadas. Eso lamentamos que haya estado allí incluido porque además había vicios de procedimiento con ese tema, pero afortunadamente ya lo retiraron.

Pero de fondo no han cambiado lo estructural, que son dos cosas básicas: uno, la privatización a la justicia con la reforma al artículo 116 de la Constitución; y el blindaje que están generando los congresistas legislando en causa propia, a su favor, porque están modificando el régimen penal-disciplinario y terminan favoreciéndose con unos procedimientos laxos, distintos, que hacen que se enreden las investigaciones, casi que se acaben las investigaciones en el futuro y que la labor de la Corte -que ha sido tan encomiable- pues ahora se vea mermada, casi desaparezca.

ENS: ¿Cuál es la opinión de ustedes de ampliar el periodo y la edad de retiro de los magistrados?

MPA: El tema de ampliarles la edad o el periodo, digamos hacia el futuro, nos parecería que se puede discutir. Tiene unas ventajas porque existe en otros países que el período es mucho más largo que acá, y eso traería una especie de seguridad. Los argumentos habría que mirarlos y revisarlos.

Lo que de pronto no es conveniente para la justicia misma es que sea para los actuales porque esa redacción y esa prolongación a los que a hoy están,  hace que se creen conjeturas, malos entendidos y confusiones en el país que van en contra de la buena imagen de la Corte.

Poca participación

La jueza Arango dijo que el Observatorio representa a las bases, “nosotros tenemos congregados a magistrados, empleados, jueces, fiscales, defensores públicos, abogados y hasta usuarios”. Sin embargo, además del Congreso y alguna que otro diálogo con el Ministro y Viceministro de Justicia no han tenido la oportunidad de expresar sus opiniones frente a este proyecto.