UN FUERTE rechazo a las intervenciones que hizo el Gobierno nacional a entidades promotoras de salud como EPS Sanitas, Nueva EPS y, más recientemente, SOS, manifestaron Gestarsalud y Acemi. En pronunciamientos recientes, ambos gremios coincidieron en que este tipo de medidas están lejos de mejorar los indicadores financieros y la prestación de un servicio de calidad a los pacientes.
Gestarsalud ayer se pronunció sobre el tema. Desde el foro de Fundación Carlos Lleras Restrepo, en el que debatieron el destino del sistema de salud colombiano, el gremio hizo un llamado para analizar estas políticas de intervención a EPS, considerando que poco bien hacen a la población.
“Hacemos un llamado a parar estas actuaciones de intervención a las EPS que tienen en zozobra a todo el país. Intervenir una institución no es sinónimo de victoria, sino de fracaso institucional y un Gobierno debería evitarlas o emplearlas como último recurso”, manifestó Carmen Eugenia Dávila, directora ejecutiva de dicha institución, Carmen Eugenia Dávila.
Afirmó que “ninguna intervención a una EPS ha sido victoriosa, por más buenas intenciones del Gobierno, porque el problema no es de gestión o de administración, los problemas son estructurales, financieros, operativos y de mercado”.
Dávila también indicó que en este proceso de reforma al sistema salud, un tema fundamental debe ser la defensa del derecho individual que tienen las personas en materia de oferta, acceso a servicios de salud y protección financiera.
De igual forma, se pronunció Acemi, tras el anuncio del Gobierno de intervenir SOS, una EPS que cuenta con más de 700.000 afiliados.
“Con la intervención de EPS SOS son más de 750.000 usuarios afectados. La historia ha mostrado que no mejora la atención para ellos ni los indicadores financieros de la EPS intervenida. Enorme responsabilidad tiene ahora el Gobierno con más de 28.000 de colombianos a su cargo”, dijo Ana María Vesga, presidente ejecutiva de Acemi.
Recientemente, la Asociación Latinoamericana de Sistemas Privados de Salud (Alami) emitió un comunicado en el que rechazaba la medida del Gobierno, a través de la Superintendencia Nacional de Salud, de intervenir, en este caso EPS Sanitas y Nueva EPS.
“Con respecto al gobierno del presidente Petro, ha querido cambiar el modelo de salud en Colombia hacia un modelo esencialmente público, donde las actuales empresas promotoras de salud EPS −que son las responsables de la gestión del riesgo en salud y la gestión financiera del sistema− prácticamente desaparecen o se reducen a sus mínimos, a dar paso a la mayor actuación estatal. Esta reforma, que requería cuatro debates para ser aprobada en el Congreso, se hundió en su segundo debate y en respuesta de eso, el Gobierno intervino dos de las más grandes EPS privadas para administrarlas por supuesto, en la actualidad 25 millones de colombianos o sea el 50% de la población depende del Gobierno para la atención de su salud”, indicó Cristian Mazza, presidente de Alami.
Intervenciones
La semana pasada el Ejecutivo intervino la EPS Sanitas. Lo hizo horas después de que el Congreso hundiera la reforma a la salud. Tras el anuncio, el Gobierno ya llega a 25,1 millones de usuarios que están afiliados a EPS oficiales o privadas intervenidas por el Estado.
Horas después, se anunció la intervención de Nueva EPS. “La Nueva EPS al igual que Sanitas es intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud. La Entidad tiene más de 11 millones de afiliados, distribuidos en 4,7 millones al plan contributivo y 6,1 millones al subsidiado”. Jesús Alberto Jesús Ramírez fue posesionado como interventor de dicha entidad.
Pero este miércoles, un procedimiento similar se gestó contra SOS, que atiende a más de 748.064 afiliados en el país, de los cuales el 77% están inscritos en el régimen contributivo.
Según la Superintendencia Nacional de Salud no busca la liquidación de la EPS, sino más bien su administración directa con el objetivo de estabilizarla financieramente y garantizar la prestación continua de servicios de salud a sus afiliados.