Horror sin límites


*21 mil asesinatos, punta de iceberg de violencia paramilitar
*Urge fortalecer la jurisdicción de Justicia y Paz

No se sabe qué es lo más aterrador de las últimas informaciones sobre lo que han confesado los integrantes de los grupos paramilitares en el marco de la Ley de Justicia y Paz. Cualquier persona queda pasmada al enterarse de que hasta el momento los cabecillas, lugartenientes y personal de rango más bajo dentro de las llamadas autodefensas han admitido que cometieron 21 mil asesinatos entre 1987 y 2005.

Esa cifra fatal confirma que el accionar criminal de estos grupos ilegales -sólo comparable con el de las facciones subversivas- sobrepasó todos los límites de la sevicia y la inhumanidad. Pero más desolación produce el hecho de que la misma Fiscalía advierta que “hasta ahora estamos empezando” y que el número de víctimas se multiplicará a medida que avance el resto de los procesos. En otras palabras, que falta mucho por conocer del baño de sangre y dolor a que fue sometido el país, pero del cual no se tiene una conciencia pública real, debido a que fue tal la magnitud de la barbarie que la mayoría de los colombianos fue desarrollando una especie de caparazón que disminuyó su sensibilidad y capacidad de asombro ante la racha de masacres, asesinatos, desapariciones forzadas, desplazamiento de miles de campesinos, reclutamiento de menores de edad, violaciones sexuales y toda una gama de delitos sin límite.

La estupefacción es mayor si se tiene en cuenta que esos 21 mil homicidios confesados fueron cometidos sólo por 600 de los paramilitares sometidos a Justicia y Paz. Hasta el momento, pese a que la ley fue aprobada hace cuatro años, apenas se ha producido una sentencia en firme, 14 aguardan fallo y en 186 casos la Fiscalía hizo la correspondiente formulación de cargos. Si se tiene en cuenta que las autoridades han documentado, con base en archivos judiciales y las denuncias de las víctimas, más de 246 mil hechos criminales que ocurrieron en las zonas en donde delinquían los paramilitares, de los cuales los desmovilizados sólo han reconocido 26 mil, entonces se evidencia que el arduo trabajo de encontrar la verdad, justicia y reparación todavía está en sus primeras etapas. En ese orden de ideas, los 2.400 restos humanos que hasta ahora se han extraído de 1.906 fosas comunes encontradas, apenas son la punta del iceberg en un país que los violentos sembraron de tumbas sin nombre, cuando no acudieron, como ya lo confesaran varios cabecillas, a descuartizar cadáveres para lanzar sus partes a los ríos o a desaparecer cualquier rastro de las víctimas en los hornos crematorios que crearon en varias zonas del país.

Es claro ya que la administración de justicia en Colombia quedó superada por la complejidad del proceso de Justicia y Paz. La Fiscalía, los jueces y las altas cortes lo han advertido en repetidas ocasiones. La comunidad internacional también ha señalado que la infraestructura y presupuesto de la jurisdicción especial para esclarecer el holocausto paramilitar es insuficiente para cumplir cabalmente tan difícil tarea. Varios gobiernos han destinado ayudas económicas y técnicas para colaborar en la judicialización. La extradición de la cúpula de las autodefensas truncó muchos procesos y pese a los cíclicos anuncios de Bogotá y Washington en torno de que se acelerarán esas confesiones de los cabecillas, a hoy son pocos los avances, mientras las centenares de víctimas siguen esperando a que algún día puedan conocer qué pasó con sus familiares, por qué fueron asesinados o desaparecidos, en dónde los enterraron y cómo serán reparados por esa afrenta violencia y criminal.

Gobierno, Congreso, Consejo Superior de la Judicatura, Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Procuraduría y demás instancias estatales deberían empezar a analizar la posibilidad de darle más estructura, personal y presupuesto a la jurisdicción de Justicia y Paz, ya que a cuatro años de arrancado este esquema de judicialización, pese a todos los esfuerzos realizados, todavía falta mucho trecho por recorrer. Si no se corrige el rumbo, la posibilidad de conocer la verdad de la violencia paramilitar, aplicar el castigo jurídico -así sea atenuado a los culpables- y reparar a las víctimas terminará en el sendero de impunidad que hoy amenaza las investigaciones de varios magnicidios, billonarios escándalos de corrupción como el de Foncolpuertos y tragedias bélicas como la del Palacio de Justicia.