El Consejo de Estado aceptó tres demandas que cuestionan la intervención realizada por el Gobierno, liderada por el superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, contra la EPS Sanitas.

Estas demandas, presentadas por el partido Cambio Radical, el exministro de Justicia Wilson Ruíz, y el abogado y paciente de Sanitas César Pizarro, buscan anular la decisión de la Superintendencia argumentando una serie de irregularidades.

El desarrollo de la noticia se centra en las razones detrás de estas demandas, donde se destaca la preocupación por la posible vulneración de principios legales y constitucionales en el proceso de intervención a Sanitas.

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Según Cambio Radical, la intervención habría incurrido en diversas irregularidades, desde vulneraciones a la reserva de ley y el debido proceso hasta la extralimitación de la discrecionalidad y la ausencia de expediente y pruebas. Germán Córdoba, director de la colectividad, expresó su preocupación por lo que considera un actuar arbitrario del Gobierno, especialmente en un contexto de tensión política en torno a la reforma de salud propuesta por el presidente Petro.

​“Como colectividad no podíamos ser ajenos frente a la grave situación que desde ya propició el gobierno del presidente Petro en relación a la intervención de las EPS como retaliación al hundimiento de su reforma a la Salud en el Congreso. Como partido de oposición estamos tomando cartas en el asunto, no podemos dejar que se imponga, a las malas, el modelo de estatización del sistema en donde está en grave peligro la atención en salud de millones de colombianos. No permitiremos que se siga actuando con este nivel de arbitrariedad y se pase por encima de la separación de poderes en perjuicio de los ciudadanos”, expuso Córdoba.

En el contexto político actual, estas demandas cobran relevancia como un reflejo de los debates y conflictos que rodean las políticas de intervención estatal en el sistema de salud colombiano, planteando preguntas sobre el alcance del poder gubernamental y los límites que deben respetarse en procesos de esta índole. El Consejo de Estado, al aceptar estas demandas, abre la puerta a un análisis detallado de las acciones gubernamentales y sus fundamentos legales, lo que podría tener implicaciones significativas en el desarrollo futuro de políticas en el sector de la salud.