La Contraloría abrió el proceso por más de $1.525 millones de pesos
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La Contraloría General de la República abrió un proceso ordinario de responsabilidad fiscal contra el actual gobernador del departamento de Córdoba, Edwin Besaile Fayad, en cuantía de más de $1.525 millones de pesos, dentro del caso denominado como el Cartel de la Hemofilia.
La gobernación pagó un saldo por ese valor a la IPS San José de la Sabana S.A.S. que le adeudaba la administración anterior, a pesar de que ya era de conocimiento público la trama de corrupción que se había montado y que dicha empresa había aparecido involucrada en ese Cartel.
Esta vez la IPS San José de la Sabana facturó a la Gobernación de Córdoba el supuesto tratamiento y entrega de medicamentos de 14 personas, afirmando que habían sido diagnosticadas con hemofilia y/o enfermedad de von Willebrand, sin que existieran los soportes, ni las actas de Comité Técnico Científico, ni historias clínicas de la EPS tratante, que justificaran de manera alguna este pago.
Los 14 pacientes supuestamente fueron atendidos por la IPS San José de la Sabana, en enero de 2015, y sin embargo no existe registro alguno de que padecieran la enfermedad.
A pesar de lo anterior, la Gobernación pagó el total que facturó por la IPS por este concepto, mediante giro de recursos efectuado el 23 de mayo de 2016, por cuantía de $1.525 millones de pesos, tal y como consta en el Certificado de Dispersión de Fondos expedido por el Banco de Bogotá, bajo la cuenta de Tesorería, Hemofilia 2016.
Al efectuar dicho pago, la Gobernación desconoció los procedimientos establecidos para el reconocimiento de servicios NO POS de afiliados al régimen subsidiado, actuando sin implementar los controles necesarios para detectar deficiencias o inconsistencias en los cobros y por lo tanto, sin garantizar la correcta inversión de los recursos del Sistema General de Participaciones – SGP destinados en salud a la población pobre no asegurada.
Dentro de los soportes de las facturas pagadas por la Gobernación, figura el diagnóstico del médico hematólogo Luis Alfredo Meza Nieves, cuyo testimonio es prueba fundamental.
En entrevista concedida a la Contraloría en mayo de 2016, al ser cuestionado por los hechos evidenciados, el médico citado manifestó que las firmas de los documentos de diagnóstico no sólo no corresponden a la suya, sino que él nunca le ha prestado servicios a esa IPS, ni ha tenido vínculo alguno con ellos.
Lo anterior permite afirmar, que los documentos aportados por la IPS para el pago de la Gobernación, serían presuntamente falsos.