Víctimas, huérfanas

  • Entre lo impactante y lo importante
  • Un drástico informe que no tuvo eco

 

Lo impactante suele quitarle eco y prioridad a lo importante. Y eso, precisamente, es lo que está pasando con las políticas de reparación a las víctimas del conflicto armado en Colombia.

En las últimas semanas todos los focos políticos, jurídicos y mediáticos han estado centrados en el acto legislativo que pretendía crear 16 circunscripciones especiales de paz para elegir igual número de escaños en la Cámara de Representantes que deberían ser ocupados de manera exclusiva por representantes de los más de ocho millones de afectados por la confrontación armada en nuestro país. La iniciativa, como se sabe, venía siendo tramitada al amparo del ‘fast track’ o vía rápida legislativa que estuvo vigente durante un año para debatir y aprobar las leyes y reformas constitucionales que se derivarán del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y las Farc.

Sin embargo, el proyecto se hundió en la fase de conciliación el pasado 30 de noviembre cuando en la plenaria del Senado sólo alcanzó a sumar 50 votos positivos, lo que determinó su archivo puesto que tratándose de actos legislativos tanto la Constitución como la Ley 5ª de 1992 o Reglamento Interno del Congreso ordenan que su aprobación debe darse por la mitad más uno de los 102 integrantes del Senado, es decir 52 votos. Aunque el Gobierno nacional ha acudido a toda clase de maniobras jurídicas, tachadas por los juristas como “leguleyadas”, para tratar de forzar la resurrección del proyecto, lo cierto es que tanto el Senado como la propia Corte Constitucional han ratificado que el proyecto se hundió el último día del mes pasado.

Incluso, pese a que se planteó la posibilidad de generar un gran acuerdo político entre las distintas bancadas parlamentarias para viabilizar que los representantes de las víctimas pudieran llegar al próximo Congreso, pero sin el riesgo de que sus curules terminaran en manos del nuevo partido político de las Farc, sus disidencias, el Eln, las bandas criminales, los carteles del narcotráfico y colectividad tradicionales, el Ejecutivo no se ha querido participar ni liderar ese pacto suprapartidista.

Pero, como dijimos, en Colombia lo impactante y efectista, en este caso ese polémico proyecto de las 16 curules que a decir verdad impedía una real participación política de las víctimas, suele quitarle el foco a los hechos verdaderamente importantes. Y prueba de ello es el poco eco que tuvo el informe de las Comisiones de Seguimiento y Monitoreo a la Ley 1448, sobre Reparación a las Víctimas y Restitución de Tierras, y sus respectivos decretos reglamentarios. Dichas comisiones, integradas por Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Contraloría y representantes de los afectados por el conflicto armado, hicieron un preocupante diagnóstico sobre las falencias graves en la implementación de esa normatividad.

De acuerdo con ese informe, si bien el Gobierno incrementó el monto de recursos destinados a la política de asistencia, atención y reparación integral a las víctimas del 1,8 por ciento en 2011 a más del 4% del total del Presupuesto General de la Nación a partir de 2012, el rezago es evidente. La mayor evidencia de ello es que, a la fecha, solo se ha indemnizado al 7 por ciento de las víctimas. De igual manera hay casi 80 mil  familias a la espera del subsidio de vivienda que les fue asignado entre 2004 y 2007, en tanto que 13 mil más lo tienen pero no les han entregado la casa prometida. Como si lo anterior fuera poco, la inversión de las entidades territoriales en la atención a esta población vulnerable es incierta, pese a la implementación del acuerdo de paz. Las comisiones también encontraron que si bien hay espacios y mecanismos de participación para las víctimas, no hay incidencia efectiva de estas en la toma de decisiones con respecto a la política pública para su atención. Tampoco es claro cómo serán implementadas las 2.493 propuestas de la población víctima en una eventual modificación de esa estrategia oficial. Igualmente no hay un modelo claro de articulación entre los procesos de restitución de tierras, los de retornos y reubicación de desplazados, y los planes de reparación colectiva. Y qué decir de la racha de asesinatos de líderes sociales, de organizaciones de víctimas y de procesos de devolución de predios a los miles y miles de despojados por guerrilla y paramilitares. Hoy, según datos del Sistema de Alertas Tempranas, ya hay 204 homicidios registrados en 24 departamentos.

¿Si el acuerdo de paz, se supone, está centrado en las víctimas, no debería el Gobierno responder prioritariamente este drástico informe sobre las múltiples y graves falencias en la aplicación de la ley de reparación y restitución de tierras, en lugar de estar dedicado al leguleyismo para revivir un proyecto de 16 curules que no sólo se hundió inequívocamente sino cuyos alcances eran inciertos?

 

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