• Imparable judicialización de los sobornos
• Comienzan las condenas al más alto nivel

A finales del año pasado, tras el acuerdo al que llegó la multinacional brasileña Odebrecht con la justicia estadounidense, consistente en el pago de una multimillonaria multa y el compromiso de develar toda la trama de sobornos que había orquestado en más de una decena de países latinoamericanos para quedarse con contratos de obras públicas, no se previó que la marejada del más grande escándalo de corrupción de la última década fuera llegar tan alto.

Esta semana, por ejemplo, la justicia ecuatoriana profirió la primera condena contra un máximo funcionario político por sus nexos con el entramado criminal impulsado por la multinacional brasileña. Al vicepresidente Jorge Glas se le impuso una pena de seis años de prisión por recibir millonarios sobornos de la cuestionada empresa brasileña. Pese a que lleva más de dos meses preso aún no ha perdido su cargo, aunque se sabe que el presidente Lenin Moreno lo quiere remover no sólo por su involucramiento en un caso tan grave de corrupción, sino porque es una de las figuras políticas más cercanas al expresidente Rafael Correa, que pasó en pocos meses de ser el páter político del mandatario -elegido hace escasos ocho meses- a su más duro contradictor.

En Perú, entretanto, el escándalo también amenaza con llevarse por delante varias de las principales cabezas políticas del país. Es más, ayer el opositor partido Fuerza Popular, colectividad que domina el Congreso, le pidió la renuncia al presidente Pedro Pablo Kuczynski, tras considerar que hay "pruebas concretas de actos de corrupción" que lo vinculan con Odebrecht, a la que habría  asesorado cuando era ministro y empresario. Como se sabe, la justicia inca ya cuenta con versiones de directivos de la multinacional según las cuales se pagaron entre 2004 y 2013 casi 5 millones de dólares a empresas y firmas vinculadas al hoy mandatario. Por este mismo escándalo de sobornos y corrupción, ya en esa nación están bajo la mira dos expresidentes. De un lado, Ollanta Humala se encuentra en prisión domiciliaria tras ser acusado de haber recibido, junto a su esposa, más de 3 millones de dólares de Odebrecht para su campaña de 2011. De igual manera, Alejandro Toledo tiene orden de captura sindicado de haberse  beneficiado con más de 20 millones. Si bien no ha sido detenido, ya se solicitó su extradición a Estados Unidos.

En Brasil, expresidente Inacio Lula da Silva tiene una primera condena por su involucramiento en un capítulo de sobornos relacionado con la operación “Lava Jato”, relacionada con Odebrecht y Petrobras. Aunque  apeló ese primer fallo, hay cuatro procesos más en su contra, los que amenazan con bloquear su nueva candidatura presidencial.

Otro país en donde el escándalo de los sobornos de la multinacional brasileña apunta a las esferas más altas del poder es Venezuela. Allí la ex fiscal general Luisa Ortega -hoy exiliada- acusó al presidente Nicolás Maduro de haber recibido millonarios sobornos, pero luego las acusaciones fueron descartadas por una justicia cooptada por el chavismo.

Por último, en Panamá ya hay dos hijos del expresidente Ricardo Martinelli imputados y las versiones periodísticas indican que las pesquisas podrían llevar a una pronta acusación contra el cuestionado exmandatario por el caso Odebrecht.

En Colombia no hay ninguna acusación directa contra el presidente Juan Manuel Santos por el escándalo de los sobornos de la multinacional brasileña, pero sí por presuntos aportes a sus campañas políticas, al tiempo que varios ex altos funcionarios de su gobierno se encuentran en la mira de la Fiscalía y la Procuraduría, incluyendo dos exministras. En cuanto al uribismo, ya hay condenado un ex viceministro y todavía la Fiscalía investiga la campaña de su candidato presidencial en 2014…

Como se ve, el escándalo Odebrecht cierra este 2017 con un pico grande  en materia de imputaciones al más alto nivel. Sin embargo, cual “monstruo de mil cabezas”, el próximo año promete ser más movido en cuanto a nuevos altos funcionarios blanco de capturas y condenas. Lo importante es que las autoridades en cada país no han bajado la guardia y que -salvo Venezuela y su régimen cuasi dictatorial- poco a poco van dejando al descubierto la más grave trama de sobornos y corrupción de este siglo en el continente.

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