• Las cifras de un flagelo de mil cabezas 
• Leyes, drasticidad y reingeniería cultural

Cada año a nivel mundial se paga un billón de dólares en sobornos y se calcula que se roban 2.6 billones de dólares mediante prácticas corruptas, suma que equivale a más del 5 por ciento del Producto Interno Bruto global. Esos cálculos de la ONU se traen a cuento debido a que este fin de semana se celebra el Día Internacional contra la Corrupción.

En Colombia ese flagelo es uno de los más lesivos para el desarrollo del país. Incluso, según cifras de la Contraloría General, se calcula que al año se mueven más de 50 billones de pesos en corrupción. Este año, particularmente, la problemática ha estado a la orden de día por cuenta de escándalos de gran magnitud como el de los millonarios sobornos pagados por la multinacional Odebrecht en los últimos dos gobiernos, tanto a altos funcionarios públicos como a distintas campañas presidenciales. De igual manera quedó al descubierto el llamado “Cartel de la toga”, mediante el cual magistrados y un entramado de dirigentes políticos terminaron inmiscuidos en la compra y venta de decisiones procesales y fallos de la Corte Suprema de Justicia. A ello se suma los millonarios desfalcos a los dineros de las regalías, el Programa de Alimentación Escolar, los recursos de la salud…

Por todo lo anterior no resulta gratuito que la corrupción sea, según todas las encuestas, la principal preocupación de los colombianos, por encima de la violencia armada, inseguridad urbana, crisis económica, falencias en el sistema de salud y otras grandes problemáticas nacionales. En las últimas dos décadas no hubo gobierno que cada año dejara de lanzar una “nueva estrategia” anticorrupción. Sin embargo, a la luz de la racha de escándalos en entidades del orden nacional, departamental y municipal, así como en el sector privado y la forma en que los particulares interactúan con ambas instancias, queda en evidencia que, desafortunadamente, ganarle la batalla a este flagelo ha sido imposible, y no faltan quienes consideran que es una guerra perdida.

Es evidente que el mayor problema continúa siendo el entramado de complicidades entre funcionarios públicos, dirigentes políticos y particulares. Aunque Colombia es signataria de múltiples tratados y convenciones internacionales de lucha contra la corrupción y de fomento a la transparencia en el sector público y privado, e incluso está adoptando los estándares de la OCDE sobre buenas prácticas de gobierno, todavía no hay una política integral y eficaz que permita reducir de forma sustancial la trampa y el robo del presupuesto oficial.

En la última semana, por ejemplo, tanto el Gobierno como los entes de control dieron a conocer sus cortes de cuenta sobre la labor en esta materia. Por ejemplo, el Ejecutivo sostiene que su Política Integral Anticorrupción está implementada en un 86 por ciento y espera que antes de terminar su mandato pueda completar toda la estrategia. Recalcó que 320  entidades ya están aplicando la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, al tiempo que se han firmado 38 Pactos de Transparencia entre entidades públicas y empresas, por lo que ya son más de 400 los aliados a esta estrategia. Igualmente se dijo que se han aplicado reformas y controles más fuertes para destrabar 35 proyectos críticos financiados con las regalías por más de un billón de pesos. Y, por último, se recalcó que también está funcionando ya la Comisión Nacional de Seguimiento Electoral.

De igual manera las entidades judiciales dan cuenta de que este año se han desarticulado más de 25 bandas de corrupción, encarcelando a decenas de funcionarios por casos en los que estaban en juego más de 130 mil millones de pesos. Así mismo las capturas relacionadas con los delitos de corrupción aumentaron un 40 por ciento. Esto significa que si bien en la lucha contra esta gama criminal hay constantes noticias positivas, lamentablemente no son suficientes.

Entre las nuevas estrategias, por ejemplo, se anunció en la última cumbre de la Comisión Nacional de Moralización, que Colombia tendrá jueces especializados para conocer específicamente de delitos contra la administración pública, como peculado por apropiación, celebración indebida de contratos, concusión, cohecho y otros ilícitos. De igual manera el Congreso acaba de aprobar una ley que reforma el sistema de contratación de obras de infraestructura, cuyo punto más importante es el relativo a la unificación de los llamados “pliegos tipo”, para evitar que las licitaciones a nivel regional y local sean direccionadas a determinados proponentes y oferentes. Así mismo entró en vigencia hace pocos meses una nueva ley que castiga los delitos electorales…

Por último, es claro que en la lucha contra la corrupción si bien se exige una normatividad cada vez más drástica, así como la eliminación de beneficios penales y penitenciarios a los investigados y condenados por estos delitos -una de las banderas del actual Fiscal General-, lo más importante es un cambio cultural y sociológico en el que se retorne a la preeminencia ciudadana de que la función pública es una oportunidad de servicio a los demás, y no una patente de corso para el enriquecimiento ilícito y rápido. Ese debería ser el principal mensaje este fin de semana que se celebra el Día Internacional de combate a ese flagelo.

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