El Consejo Nacional Electoral no podrá cumplir el plazo de 10 días que le dio el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para decidir si se cumplieron o no los requisitos para adelantar la revocatoria al alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, pues ayer cuando se iba a tomar una determinación acerca de la ponencia que presentó Emiliano Rivera, como por arte de ‘magia’ fueron interpuestas recusaciones contra éste y el también magistrado Armando Novoa.

Este hecho causó gran malestar en la sala plena de la máxima autoridad electoral en el país, dado que el lunes pasado resolvió negando cuatro recusaciones que estaban pendientes contra los magistrados Emiliano Rivera, Armando Novoa, Felipe García y Ángela Hernández.  

En ese sentido en el Consejo Nacional Electoral quedó la sensación, que se manifestó en voz baja, que existe una estrategia dirigida a frenar lo que más se pueda una determinación sobre si se puede dar vía libre o no a la iniciativa que promovieron varios comités ciudadanos para que en una jornada de revocatoria los habitantes de la capital del país decidan en las urnas sobre la continuidad o no del burgomaestre Peñalosa.

Se habla de una presunta estrategia para entorpecer este proceso porque cada vez que el Consejo Nacional Electoral se apresta a tomar una decisión, aparecen de pronto recusaciones presentadas por ciudadanos, como se vio hace algunas semanas con la acción impetrada contra los magistrados Emiliano Rivera, Armando Novoa, Felipe García y Ángela Hernández; y el día de ayer contra los togados Novoa y Rivera.  

Desde luego se desconoce quién  o quiénes estarían orquestando esta presunta estrategia para ponerle palos a la rueda en este proceso, pues si bien los ciudadanos que han radicado las acciones se identifican plenamente, no faltan lo que piensan que son enviados por alguien.

Incluso fuentes consultadas por EL NUEVO SIGLO piensan que a quienes propician esta esta presunta estrategia les están ayudando desde el propio Consejo Nacional Electoral porque cuentan con información que les permite saber el momento preciso para impetrar las recusaciones.

Se frena el proceso

El Consejo Nacional Electoral quiso ayer mismo resolver las recusaciones contra los magistrados Novoa y Rivera, con dos objetivos: primero cumplir el plazo que le dio el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para decidir si se cumplieron o no los requisitos para adelantar la revocatoria al alcalde de Bogotá y, segundo contrarrestar de esta forma la presunta estrategia para entorpecer este proceso, pues si estas acciones eran negadas podría inmediatamente entrar a decidir sobre la ponencia acerca de si el comité ciudadano  promotor cumplió o no los topes de gastos para la recolección de firmas.

En ese sentido la Sala Plena del Consejo Electoral logró evacuar negando la recusación al magistrado Emiliano Rivera. No pasó lo mismo en el caso del jurista Novoa, pues 5 votos negaban la recusación, en tanto que 3 la aceptaban. Luego no se alcanzó la mayoría de 6 votos para tomar una decisión y se tiene que nombrar un conjuez para dirimir el asunto.

Ahora hay que esperar a que se haga el sorteo de dicho conjuez y realizar una nueva votación. Mientras tanto la revocatoria de Peñalosa entra de nuevo al congelador.

El 26 de octubre pasado, la Registraduría confirmó que el comité ciudadano promotor había cumplido con el primer paso de los requisitos para convocar la revocatoria, pues acreditó como válidas 458 mil firmas de las 706 mil firmas presentadas. Para el trámite tan solo se requerían 271 mil.

Hace cerca de cuatro meses que el comité Unidos Revocamos a Peñalosa entregó al Consejo Nacional Electoral el informe con las cuentas sobre los ingresos y gastos para la recolección  de las más de 700 mil firmas que hizo llegar a la Registraduría, con el fin de llevar a las urnas la continuidad o no del Burgomaestre en el cargo.

En tanto que en la segunda semana de septiembre pasado el magistrado Emiliano Rivera presentó a la sala plena del Consejo Nacional Electoral una ponencia sobre las cuentas de la recolección de firmas, en la que indica que hubo irregularidades en la financiación.

Si la máxima autoridad electoral del país acogiera el sentido de esta ponencia, implicaría que la revocatoria se cae y que como consecuencia podría culminar su periodo que fenece el 31 de diciembre de 2019.

Sin embargo, la discusión sobre el particular se dilató todo este tiempo, por lo que varios promotores de la revocatoria, entre otros José Cuesta, ex subsecretario de Gobierno de la alcaldía de Gustavo Petro, presentaron una tutela ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, exigiendo ir a las urnas.

Por ello la semana anterior, el Tribunal Administrativo  de Cundinamarca falló la tutela a favor de los accionantes  en la que pidió al Consejo Nacional Electoral superar los obstáculos y dar celeridad a los trámites de la revocatoria de Peñalosa.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca indica en su fallo que  “se exhorta a los accionantes y al alcalde de Bogotá para que de forma mancomunada presten su apoyo y permitan llevar a cabo dicho proceso participativo con la mayor transparencia posible, haciendo claridad que los mismos pueden desplegar todo su arsenal legal para ejercer su derecho a defensa y contradicción”.

Por último dicho  Tribunal indica en la sentencia que “la sala concluye que el proceso de revocatoria adelantado contra el alcalde mayor de Bogotá ha estado al vaivén de las improvisaciones, toda vez que el Consejo Nacional Electoral no ha adoptado un mecanismo claro en el cual se estipulen las pautas tanto para los ciudadanos que impulsan el proceso de revocatoria, como para el alcalde del cual se busca ejercer control político”.

La ponencia

El magistrado Rivera soportó la ponencia que presentó a la sala plena del Consejo Electoral sobre la financiación de la recolección de firmas para la revocatoria de Peñalosa en el informe que presentó en agosto pasado el Fondo de Financiación Política, de este mismo organismo.

Dicho informe concluye con base en las cuentas que entregó el comité Unidos Revocamos a Peñalosa, que se violaron los límites de financiación porque el sindicato de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (Sintrateléfonos) habría aportado alrededor de 70 millones de pesos. No obstante la ley establece que un aportante no puede dar más del 10% de los 415 millones que se pueden invertir en el proceso, es decir, 41 millones de pesos.

Sin embargo, Gustavo Merchán, representante del Comité Unidos Revocamos a Peñalosa, indicó al respecto que se está haciendo una interpretación equivocada pues estos $70 millones es la suma no solo de las donaciones sino también de los créditos que se habrían hecho a través de Sintrateléfonos.

Además, Merchán considera que los topes solo le imponen a los privados, y no a las entidades sin ánimo de lucro que hacen donaciones en los procesos de participación ciudadana.

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