Mientras para Name "las Farc deben dar señales claras de respeto a la transparencia", Cepeda considera que "el fallo de la Corte resuelve la discusión sobre el alcance jurídico".
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“En Colombia tenemos una democracia debilitada pero funcional para determinar quién ejerce los poderes políticos”, dijo el senador José David Name Cardozo. Dijo también que “con la iniciación del proceso de inscripciones al Congreso, los anuncios de las Farc de que su antigua cúpula militar será ahora su cúpula de representación política y la composición de la Comisión de la Verdad divulgada la semana pasada, siguen moviéndose piezas importantes del ajedrez del posconflicto”.
“Veamos un aspecto de la participación política de las Farc. Además del acatamiento a las leyes, las Farc como partido político deben dar señales claras de respeto a la transparencia y la coherencia en el terreno político. La nación les reconoce la entrega de las armas y el acatamiento al cese el fuego. Los resultados divulgados por las Fuerzas Militares, el Ministerio de Defensa y la ONU son satisfactorios, lo cual es señal importante de que se cumplen los objetivos en ese terreno, pero como en la democracia conviene el debate sobre verdades es deber suyo dar más señales para la confianza nacional”, señaló.
“Por eso, antes de inscribirse, los candidatos al Congreso de las Farc deberían contar a la JEP los hechos delictivos de los cuales son responsables para darle más transparencia a su proceso de inserción a la vida política, como contribución a los fines de la Justicia Transicional y, en especial, como aportes suyos a la verdad histórica que se busca frente a los ocho millones de víctimas del conflicto. También, frente a la sociedad colombiana y la comunidad internacional que ha estado muy atenta y contribuyendo en nuestro proceso de pacificación”, manifestó.
Entre tanto el senador Iván Cepeda, del Polo Democrático, señaló que “cualquier persona con talante democrático debería saludar esto. Es un acuerdo de paz que fijó unas reglas. No es cierto que haya participación política sin rendir cuentas ante la justicia. Las personas que tengan que comparecer ante la JEP, deben hacerlo como previo requisito para ejercer la política”.
Cepeda manifestó además que “el fallo de la Corte resuelve la discusión sobre el alcance jurídico, legal y constitucional que tiene el Acuerdo de Paz. Dijo que la Corte fue clara en su decisión en torno al carácter de obligatorio cumplimiento que tienen los acuerdos”.
Así quedó establecido que el acuerdo “es un parámetro de interpretación y al mismo tiempo es un referente para el cumplimiento de las normas que tienen que ver con la paz”. El senador indicó que el fallo compromete al Estado en el desarrollo del proceso por 12 años, blindando y protegiendo la estabilidad de los Acuerdos de Paz.
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