La Asamblea Constituyente venezolana ha aprobado su primera gran ley. Se trata de la Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia: “Venezuela pone esta ley a disposición del mundo” y “No exportamos solo petróleo, queremos exportar paz, amor, tolerancia” declaró con énfasis Maduro. La lógica sería que como el gobierno no pudo reestructurar la deuda pública por exportar cada vez menos petróleo, ha decidido diversificar la producción.
Pero no es que el nuevo producto de exportación sea muy original. En realidad, Maduro ha descubierto el artificio del “discurso del odio”, para criminalizar legalmente la oposición política, pues la ley permite castigar a los infractores con penas de entre 10 y 20 años de cárcel, prohibir partidos políticos o cerrar medios de comunicación. También abre la puerta para prohibir o no registrar los partidos políticos que “promuevan el fascismo, la intolerancia o el odio nacional, racial, étnico, religioso, político, social, ideológico, de género, de orientación sexual (…) y de cualquier otra naturaleza que constituya incitación a la discriminación y la violencia”. En fin, todo un concepto amplio y ambiguo de “incitación al odio”.
No contento con sustituir al Parlamento por una Asamblea Constituyente creada por el gobierno, ahora se enfoca en criminalizar la protesta y la disidencia política. Y claro está, también pretende silenciar a los medios de comunicación que no comulguen con la verdad oficial. Las emisoras de radio y televisión que difundan mensajes que constituyan “apología del odio” podrán perder su licencia, como ya la han perdido más de cincuenta medios críticos con el gobierno desde antes de dicha ley.
También hay que limpiar las redes sociales del odio que difunden cuando la gente da rienda suelta a su malestar con el régimen. Ante lo que el poder considere una expresión de odio, el mensaje deberá ser retirado antes de 6 horas; si no, la persona jurídica responsable será sancionada con altas multas, y la web bloqueada. En otros términos, críticas al gobierno, manifestaciones, cualquier protesta que moleste al poder puede ahogarse con esta ley bajo el pretexto de que promueve el odio.
No es que a estas alturas cause sorpresa que el actual régimen venezolano busque aplastar por cualquier medio a la oposición. Pero que utilice la máscara del amparo contra el odio indica que sabe acoplarse a la semántica de varias de las tendencias progresistas de izquierda. Sin embargo, no deja de ser paradójico y curioso que un político que ha hecho del insulto el ingrediente principal de sus discursos, se pretenda presentar ahora como abanderado de la lucha contra el odio y campeón de la tolerancia.
Y mientras lo anterior ocurre escapa de Venezuela Antonio Ledezma, lo cual obligaría a los constituyentes de Maduro a adicionar a la ley un inciso que diga algo así como “la presente ley también rige para los venezolanos que inciten al odio desde el exterior”.
@CarlosAlfonsoVR