El fiscal Martínez advirtió que no es claro que los reincidentes pierdan beneficios y sus procesos pasen a la justicia ordinaria.

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Precisar las obligaciones legales de los reinsertados y llamados máximos responsables postulados pidió, entre otros puntos, el fiscal general Néstor Humberto Martínez a propósito del proyecto que reglamenta la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).

Ese y otros aspectos deben ser aclarados durante el trámite de la iniciativa en la plenaria de la Cámara, a donde arriba tras ser aprobada en la plenaria del Senado, le dijo Martínez al ministro del Interior, Guillermo Rivera, a través de una carta.

Ver la carta aquí.

Para el fiscal Martínez, gracias al reciente fallo de la Corte Constitucional “ha quedado inequívocamente establecido que los excombatientes que se acojan a la JEP no pueden cometer un nuevo delito o de lo contrario, perderán todos los beneficios que consagra la ley”.

Eso debe quedar precisado en el articulado para que los postulados que reincidan en nuevas conductas delictivas pierdan todos los tratamientos especiales, beneficios, renuncias, derechos y garantías, expresó Martínez que puso de presente que “el texto propuesto a la plenaria de la Cámara, propone un régimen potestativo de valoración en manifiesta contraria de la Corte Constitucional”.

De otra parte, en su carta el fiscal Martínez le señaló al ministro Rivera que el proyecto debe precisar que la justicia ordinaria debe asumir no solo las investigaciones contra los desertores o disidentes, sino las que involucren a desmovilizados que cometan nuevos delitos.

Además, Martínez consideró que no puede quedar posibilidad alguna de impunidad para los graves crímenes, a propósito la supresión de un parágrafo que reserva la renuncia de la acción penal en favor de los máximo responsables, “lo que permitiría”, indicó, “que la JEP también puede exceptuar de responsabilidad penal a quienes cometieron graves masacres, violaciones, reclutamiento de menores, deserciones, entre otras”, lo que constituiría una impunidad absoluta para los más graves crímenes y desconocimiento total de los derechos de verdad, justicia y reparación de las víctimas, y que podría activar la competencia de la Corte Penal Internacional.

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