El Ministerio de Justicia lo defenderá ante las comisiones conjuntas de Senado y Cámara

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Por medio del Ministerio de Justicia, el Gobierno seguirá insistiendo en otórgales beneficios a los pequeños cultivadores de coca cuando hoy se reanude el debate en las comisiones conjuntas de Senado y Cámara.

El proyecto de ley está integrado por cincuenta y ocho artículos clasificados en tres títulos, el primer título comprende el ámbito de aplicación de la ley, cuyas disposiciones se aplicarán a los Grupos Armados Organizados y a los Grupos Delictivos Organizados.

Según la estructura de la iniciativa, el segundo título comprende las medidas para el fortalecimiento de la investigación y la judicialización de los Grupos Armados Organizados y a los Grupos Delictivos Organizados, dotando de las herramientas necesarias a los organismos judiciales para adelantar las labores investigativas necesarias.

El tercer título consagra el procedimiento especial para el sometimiento a la justicia de los Grupos Armados organizados, aplicable exclusivamente a este tipo de organizaciones.

Criminalidad

Los ponentes de la iniciativa expresan, que “es tal el nivel de criminalidad de estas organizaciones que las herramientas de judicialización vigentes, no responden con la eficacia adecuada y necesaria para adelantar en forma exitosa este proceso”.

Se expresa que para la definición de los Grupos Armados Organizados, se toma en cuenta además, la calificación previa del Consejo de Seguridad Nacional. Y se expresa por parte de los ponentes. Establece además una circunstancia de agravación punitiva al delito de constreñimiento al sufragante, cuando este sea cometido por miembros de Grupos Delictivos Organizados y Grupos Armados Organizados y modifica el tipo penal de concierto para delinquir, estableciendo como circunstancia de agravación punitiva que el delito sea cometido por un servidor público.

Indican que “en lo relativo al sometimiento a la Justicia de los Grupos Armados Organizados, se establecen las condiciones bajo las cuales se puede dar este sometimiento para obtener un beneficio judicial de una rebaja de hasta el 50% de la pena, que no será acumulable con otros beneficios de rebaja y no limita la investigación de nuevas conductas cometidas por los integrantes de estos grupos”.

Sobre este mismo tema, el presidente de la Cámara, Rodrigo Lara, manifestó que “creo que la mejor política para erradicar la coca es entregarle tierras a una población campesina muy pobre que circunda las fronteras agrícolas del país cultivando esta mata del demonio. Estamos llenos de baldíos dentro del perímetro agrícola del país, creo que con esta tierra y con la que se le ha de quitar a narcos, paras y jefes guerrilleros, debemos hacer una gran reforma agraria”.

El senador Hernán Andrade, presidente del Partido Conservador, dijo que “la ley necesita ajustes y se debería pensar en retirarla para trabajarla desde el mes de marzo más tranquilamente”.

Más cuidados

A su turno el senador Roy Barreras dijo que “el proyecto no puede significar un incentivo perverso para que permanezcan en el delito, la redacción debe ser muy cuidadosa y la voz del Fiscal debe ser atendida en la medida en que podrá encontrarse una redacción que deje claro y tranquilo el camino para los campesinos”.

El senador Juan Manuel Galán sostuvo que se debe defender a los campesinos cultivadores que son el eslabón débil de la cadena.

Insistieron en proyecto

Frente al tema, el Ministerio de Justicia insistió en el proyecto y hoy lo defenderá y seguirá planteando dar un trato preferencial para aquellas personas que hacen parte del eslabón más débil de la cadena del narcotráfico, como son los cultivadores de hoja de coca, marihuana y amapola.

El beneficio judicial cobijará a los campesinos que tengan cultivos de entre 18 metros cuadrados y 3,8 hectáreas de coca; 18 y 84 metros de marihuana y 0,8 y 3.840 metros cuadrados de amapola no irán a la cárcel.

Según el ministro Gil Botero, se trata de generar mecanismos sociales y administrativos para enfrentar el grave problema de los cultivos que, según la DEA, han aumentado considerablemente a raíz de las negociaciones de paz con la guerrilla de las Farc.

El jefe de la cartera judicial advirtió que con el fin de contribuir al proceso de sustitución y erradicación de cultivos ilícitos, en el marco del Acuerdo Final de Paz con las Farc, el Gobierno nacional comenzó a trabajar desde 2016 en la formulación del proyecto de ley.