El ventilador del detenido abogado Luis Gustavo Moreno sigue sumando nombres

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Las declaraciones del detenido exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno por el escándalo de corrupción en la Corte Suprema de Justicia entre los años 2013 y 2015, llevaron a que ayer este alto Tribunal, la Sala de Instrucción 2, abriera investigación preliminar a los representantes a la Cámara por el Partido Liberal, Argenis Velásquez y Nilton Córdoba Manyoma.

Por este mismo escándalo la Procuraduría General de la Nación abrió indagaciones a los ex gobernadores Alejandro Lyons (Córdoba), Juan Carlos Abadía (Valle del Cauca) y Sandra Paola Hurtado Palacio (Quindío).

Con los representantes Argenis Velásquez y Nilton Córdoba Manyoma ya son cinco parlamentarios a lo que la Corte Suprema de Justicia les abre investigación por la supuesta compraventa de fallos en favor de congresistas y otros políticos, pues ya fueron vinculados el senador conservador Hernán Andrade, el senador liberal Álvaro Ashton y el suspendido senador del Partido de La U, Musa Besaile, quien está privado de la libertad en la cárcel La Picota en Bogotá.

La representante a la Cámara por el departamento de Putumayo, Argenis Velásquez Ramírez, y el representante por el departamento del Chocó, Nilton Córdoba Manyoma, están entre las 26 personas mencionadas por Moreno en el marco de un principio de oportunidad al que llegó con la Fiscalía.

La representante Velásquez reconoció en diálogo con RCN Radio que le entregó a Moreno 200 millones de pesos como parte de pago de unos honorarios por su defensa ante la Corte Suprema, en un proceso por presuntas irregularidades en la ejecución de recursos de la salud en el departamento de Putumayo.

No obstante la Parlamentaria aseguró que Moreno le exigió más dinero argumentando que su caso estaba ‘enredándose’ en la Corte Suprema de justicia, “en el momento en que él (Moreno) me dice que la situación estaba más compleja, me dijo que había que reajustar los honorarios, le dije que yo no tenía plata, ni recursos para ello”.

Los ex gobernadores

En el caso de los ex gobernadores de Córdoba, Valle del Cauca y Quindío las indagaciones de la Procuraduría General de la Nación  buscan establecer la veracidad de las declaraciones del exfiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno Rivera, según las cuales los tres ex funcionarios habrían “entregado dineros con el fin de obtener como contraprestación beneficios ilegales en procesos judiciales adelantados en su contra”.

El Ministerio Público ordenó realizar varias pruebas conducentes al esclarecimiento de los hechos denunciados y el perfeccionamiento de la indagación preliminar.

Contra la determinación adoptada no procede recurso alguno. Los tres ex gobernadores podrán designar un apoderado e incluso ser escuchados en versión libre y espontánea sobre los hechos materia de la investigación, lo cual deberán informar por escrito a la dependencia encargada y así fijar la fecha y hora de la diligencia.

El procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, designó al Procurador Delegado para la Vigilancia Judicial y la Policía Judicial, Wilson Alejandro Martínez Sánchez, como funcionario especial para que asuma el conocimiento de los tres casos.

De otra parte ayer, el investigado exmagistrado Leonidas Bustos pidió que el exfiscal Moreno no sea extraditado a Estados Unidos hasta que entregue toda la información que dice tener sobre este escándalo en la justicia.

“Debe prevalecer el interés de Colombia y, en consecuencia, no se debe extraditar al doctor Moreno hasta que él acuda, no solamente a la Corte sino a la Comisión de Investigación y Acusación, y se someta a los interrogatorios debidos”, indicó el jurista Bustos, quien ha sido señalado por Moreno de hacer parte con el exmagistrado Francisco Ricaurte y el magistrado Gustavo Malo, de una asociación para torcer el resultado de fallos y de procesos a favor de congresistas y políticos a cambio de fuertes sumas de dinero.

Los tres juristas han negado que hicieran parte de esa organización o recibido dinero de Moreno para cambiar el curso de procesos en la Corte Suprema de Justicia para favorecer a políticos, como asegura el exfiscal anticorrupción.