"No vamos a dejar que se sigan robando los recursos para la alimentación de los niños y niñas del país", dice contralor Maya Villazón

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Al rendir cuentas en su tercer año de gestión, el contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, denunció otro escandaloso  robo de los alimentos que reciben los niños beneficiados por el Programa de Alimentación Escolar (PAE), esta vez en Cartagena.

El alcalde de Cartagena, Manuel Vicente Duque Vásquez, quien hoy se encuentra bajo medida de aseguramiento, contrató de manera directa $23.427 millones, en una situación abiertamente irregular. En los contratos se encontraron pechugas de pollo a $40 mil, que en otros meses el contratista facturaba a $7 mil.

También se detectó que el contratista del PAE en Cartagena, para el primer semestre de 2016, adquirió 2.824 kilos de canela, por más de $39 millones y el producto no figura en las actas de entrega de ninguna de las instituciones educativas.

Y aún más, compraron 2 millones 600 mil panes, a $400 cada uno, pero de los cuales solo entregaron 1 millón 500 mil raciones, “¿Qué se hizo el otro millón de panes?”, se preguntó el Contralor al revelar este caso.

“No hay derecho a que después de los malos manejos que venimos denunciando desde 2015, en las auditorías de 2017 se hayan repetido las irregularidades”, se lamentó Maya Villazón.

La Contraloría evidenció que durante 2016, más de 32 millones de raciones se habrían dejado de entregar, por demoras en la contratación y en la ejecución de los recursos. Mediante Actuación Especial de Fiscalización, se establecieron hallazgos fiscales por un total de  $32.951 millones.

El contralor Maya Villazón dio cuenta de otro caso de malos manejos del PAE: “en el Departamento de Magdalena, bajo la administración de la gobernadora Rosa Cotes Vives, se presentaron irregularidades que generaron un presunto detrimento patrimonial por más de $3 mil millones.

Y en el Amazonas, donde en su momento la Contraloría encontró gastos también escandalosos como el costo de un huevo por $900, se abrió un proceso de responsabilidad fiscal contra el gobernador Manuel Antonio Carebilla, por $297 millones”.

“Son apenas tres casos de muchos otros, para dejar claro que desde la Contraloría General de la República no vamos a dejar que se sigan robando los recursos para la alimentación de los niños y niñas del país”, manifestó en forma enfática el Contralor.

Según Maya Villazón, “puede que sea difícil ser optimista cuando todas las semanas aparecen nuevos escándalos, pero podemos estar viviendo el comienzo de una era en la que ya no se tolerará más la corrupción. Lo importante es que la corrupción comienza a ser castigada como nunca antes y esos castigos deben servir como ejemplo”.

Dio cuenta también una reveladora evaluación sobre el control interno de las entidades públicas y presentó un completo balance de los logros de la Contraloría, en materia de hallazgos, procesos fiscales y recuperaciones.

La CGR  ha proferido 229 fallos de responsabilidad fiscal por $224.607 millones.

Se logró el resarcimiento del daño causado al patrimonio público por valor de $131.229 millones, en desarrollo de 275 actuaciones procesales.

Y se iniciaron 350 procesos de cobro coactivo por valor de $367.677 millones, obteniendo hasta ahora un recaudo de $51.572 millones.

Además se lograron beneficios del control fiscal por $155.233 millones, por ahorro -erogación dejada de hacer- y recuperación de recursos, entre enero de 2016 y octubre de 2017.

El fallo más cuantioso, por $47.425 millones, se dio contra ex directivos de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos de Bogotá (Uaesp), los Concesionarios y la  Sociedad Fiduciaria Bancolombia.

La CGR verificó que con recursos públicos de tarifas de aseo, ex directivos de la Uaesp celebraron contratos entre 2008 y 2011 para financiar actividades que no guardaron ninguna relación con la prestación del servicio de aseo o que guardando relación correspondían a actividades ya concesionadas a los operadores del servicio de recolección, barrido y limpieza, y al operador del relleno Doña Juana.

La CGR actualmente actúa como Parte Civil y/o Víctima en 135 procesos penales por delitos contra la Administración Pública. Entre otros casos significativos como Odebrecht, Reficar y los procesos adelantados contra aforados ante la Corte Suprema de Justicia. En principio se obtendrá resarcimiento al patrimonio del Estado en cuantía aproximada de $51.104 millones.