La corrupción desenfrenada y enquistada desde hace varias décadas en el Estado y la política de Brasil tiene a los congresistas y dirigentes de esa gran nación contra las cuerdas. Los hilos de la más grande madeja de negocios ilícitos que se haya destapado en la historia de ese país comprometen a los más destacados jefes políticos ligados al gobierno de Lula y Dilma Rousseff, pero también a otros destacados dirigentes de distintos partidos. Unos y otros comprometidos en el saqueo sistemático de fondos públicos, empezando por los desfalcos a Petrobras.

El escándalo del tráfico de influencias que desplegó durante años el poderoso magnate de la construcción Marcelo Odebrecht, condenado ya a 19 años de cárcel, no se detiene. Todo lo contrario, sus confesiones mantienen a casi todos los partidos en vilo. El escándalo  trasciende las fronteras  y ya las fiscalías de varios países latinoamericanos han iniciado indagaciones al respecto. Por ejemplo, en Panamá el presidente Juan Carlos Varela ha sido duramente criticado por la oposición debido a que André Rabello, director de la filial de constructora Odebrecht en ese país centroamericano, figura entre los delatores que cooperan en Brasil con las investigaciones de la operación “Lava Jato”. Ya incluso se habla en Panamá que se va a destapar la olla podrida en la contratación. Lo mismo se repite en otras naciones en las cuales el consorcio Odebrecht consiguió cuantiosos contratos.

Marcelo Odebrecht, ex presidente de la constructora que lleva su apellido, se había convertido hace una década en el más poderoso empresario latinoamericano, con una compañía multinacional que ganaba contratos globales cuantiosos. Todo ello hasta que en diciembre del año pasado renunció de manera estrepitosa a la dirección de la compañía matriz y a los consejos de administración de otras empresas  del grupo, lo mismo que al banco que había comprado para manejar, como caja menor, los millonarios sobornos que distribuía entre sus cómplices, según las pesquisas judiciales que llevaron a su encarcelamiento y condena por los delitos de corrupción pasiva, lavado de dinero y asociación para delinquir. El fallo estremeció a todos los brasileños pues se trataba del hasta entonces poderoso empresario que ahora caía tras las rejas por las investigaciones del implacable juez federal Sergio Moro.

Como se dijo, en la actualidad la dirigencia política y empresarial corrupta tiembla ya que Odebrecht viene negociando con la justicia una rebaja de pena a cambio de  delatar a sus cómplices. Ya, incluso, se habla de un tsunami judicial que va a producir una limpieza inusual del sistema político del país. No hay que olvidar que este consorcio compañía constructor para conseguir contratos en el gobierno de Lula, distribuyó varios millones en dólares y otras monedas entre los funcionarios clave de Petrobras, muchos de los cuales ya están en prisión y procesados.

Es necesario aclarar que no todos los políticos en mira de la justicia pertenecen al Partido de los Trabajadores. Una parte milita, por ejemplo, en la colectividad de la cual hace parte el hoy presidente Michel Temer, quien asumió luego de que Rousseff fuera sacada del poder.  Es el caso, entre otros, del ex gobernador de Río de Janeiro, Sergio Cabral, detenido por corrupción en la reforma del estadio Maracaná.

La situación de los implicados se complica en cuanto trascienden los datos clave de las negociaciones de los funcionarios y particulares ya detenidos.

Es claro que los jueces están apretando a los implicados de más bajo nivel para poder ir avanzando hacia la cúpula de las redes de corrupción. Hay una clara intención de dar una lección en el país de que nadie, por millones que lo arropen ni por su influjo político, puede desfalcar impunemente al Estado.

Los analistas indican que al avecinarse una ola de confesiones el Poder Legislativo seguirá tambaleando y viendo a sus integrantes desfilar hacia la cárcel, lo mismo que a funcionarios del gobierno y del sistema federal. Pero la reacción de ese estatus quo sospechoso no se ha hecho esperar y en medio de temor colectivo los legisladores intentan aprobar una serie de leyes para acorazar sus funciones e impedir que la justicia los pueda detener. De esta forma, pretenden viabilizar leyes que atentan contra el libre ejercicio de los jueces en su función investigativa e amenazan con comprometer a futuro sus pensiones. Se trata de iniciativas que los mismos operadores judiciales califican de desesperada y evidencia de su complicidad con el saqueo de los fondos públicos en tiempos de la bonanza petrolera. La opinión pública, a su vez, sigue expresándose en las calles contra la dirigencia política y dando total respaldo a los jueces.

Como dice uno de los jueces más reconocidos: "Cuanto más se aproximan las investigaciones a quienes están en el poder, más reacciones habrá. Si la impunidad pierde fuerza, aquellos que se imaginaban inmunes a la jurisdicción criminal buscarán crear mecanismos que impidan la continuidad de la investigación". Si ello ocurre, se podría generar un levantamiento popular al ser evidente que se quiere frenar el destape de la corrupción en Brasil.