Acelerar extinción de dominio | El Nuevo Siglo
Domingo, 6 de Noviembre de 2016

Prácticamente no ha existido gobierno, en las últimas dos décadas, que no haya anunciado un revolcón en los procedimientos de extinción de dominio de bienes y recursos de origen ilícito. Reformas dirigidas tanto a agilizar los procesos de incautación de propiedades y dineros malhabidos, como a garantizar una administración más transparente de los mismos, facilitando su venta y monetización para destinar el producido a financiar la lucha contra la delincuencia común y organizada así como a programas de inversión social y reparación de víctimas.

De todas esas reformas, una de las más importantes fue la aplicada en 2011 cuando se determinó la liquidación de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) al evidenciarse, de un lado, que la entidad había sido infiltrada por la politiquería e intrincadas redes de corrupción y, de otra parte, que era tal el desorden en la administración de los bienes decomisados que de muchos de ellos se perdió el rastro, en tanto otros fueron apropiados y explotados ilegalmente por los depositarios. Todo ello mientras las demandas contra la Nación por parte de los propietarios que se consideraban injustamente afectados empezaban a sumar miles y miles de millones de pesos. 

Aunque inicialmente se planteó que el proceso de liquidación de la DNE duraría no más de un año, en realidad fue un proceso traumático y complejo, por lo que su reemplazo, la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad dependiente del Ministerio de Hacienda, tardó en entrar a hacerse cargo y clarificar el estado de miles de bienes incautados por más de 6 billones de pesos, representados en fincas, casas, apartamentos, edificios, vehículos, obras de arte, semovientes, electrodomésticos, papel moneda, cuentas bancarias, aviones, motonaves, sociedades, empresas, establecimientos comerciales, acciones… 

Si bien es cierto que con la SAE se ha logrado tener un mayor control y transparencia en el manejo de los miles de bienes muebles e inmuebles en proceso de extinción de dominio, todavía hay muchas falencias. Precisamente por ello es que la semana pasada los ministerios de Justicia y Hacienda así como la Fiscalía General radicaron en el Congreso un proyecto de ley que busca modernizar el Código de Extinción de Dominio. La iniciativa promueve una enajenación más rápida de los bienes decomisados y ampliar el concepto de crimen organizado. 

La idea, que ya había sido delineada en otras normas, establece mecanismos para que el Estado pueda entrar a disponer de manera casi inmediata de los bienes incautados, de forma tal que los venda lo más rápidamente posible. La apuesta aquí es muy ambiciosa ya que el Estado aspira a recibir más de cuatro billones de pesos por este concepto.

Pero además de ese ingreso billonario, el objetivo principal es que el Estado se quite de encima el problema que implica administrar tantos bienes y de tan diferente naturaleza mientras se adelantan los procesos de extinción de dominio, algunos de los cuales suelen durar varios años. Una prueba de ello es que hoy todavía no han pasado a propiedad de la Nación casas y edificios que pertenecieron a capos del narcotráfico del cartel de Medellín, abatidos en la década de los noventa.

Si el Parlamento aprueba este nuevo proyecto, entonces los procesos podrían durar meses o incluso días, en caso de que los afectados con la incautación de sus propiedades decidan colaborar con la justicia. Para ello, precisamente, se establecen algunos incentivos. 

Ahora bien, si por alguna circunstancia un juez determina que el bien decomisado y vendido por el Estado no tenía origen ilícito, a los propietarios se les reintegrará el valor neto del mismo, garantizando así que no sufran detrimento económico alguno. 

Se espera ahora que el Congreso analice con detenimiento esta propuesta para agilizar la extinción de dominio. En plena época de vacas flacas y desaceleración económica, apostar por un ingreso de cuatro billones de pesos no sólo ayudaría a disminuir el déficit presupuestal de la justicia y del Gobierno, sino que enviaría un mensaje contundente a las mafias y testaferros en torno a que todo bien de origen ilícito decomisado será tasado y puesto a la venta rápidamente para evitar que mediante leguleyadas los cuestionados propietarios dilaten los procesos y eviten   que el Estado pase a ser el titular de la propiedad.

Es necesario redoblar la lucha contra las organizaciones criminales que, según cálculos oficiales, lavan al año más de 18 billones de pesos, en gran parte producto del narcotráfico. El propio Fiscal General planteó semanas atrás acudir a la extradición para castigar con más severidad a los corruptos. 

Por igual agilizar la extinción de dominio permitirá perseguir, judicializar y monetizar rápidamente la fortuna ilegal de grupos ilegales como las Farc o el Eln, que por más que estén en procesos de paz deben entregar al Estado sus millonarios bienes producto del secuestro, el narcotráfico, desplazamiento forzado y la extorsión. No menos clave será este proyecto -si se convierte en ley- para acelerar la política de restitución de tierras, que ya ha permitido devolver a sus legítimos dueños, en su mayoría campesinos, más de 200 mil hectáreas, pero el volumen de predios bajo la lupa está por encima de las 600 mil hectáreas.

A debate, pues, una nueva fórmula para superar el cuello de botella de la extinción de dominio de bienes ilícitos.