Uno de los episodios más sonados es por las irregularidades en elección de contralora de Cartagena, por lo cual varios cabildantes fueron imputados por cohecho propio. No obstante, cifra de ‘encartados’ en todo el país es inferior a otras épocas, como cuando la parapolítica.

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Más de 60 concejales del actual periodo de distintas regiones del país han sido capturados por distintos delitos como corrupción, falsedad en documento público, irregularidades en manejo del POT e incluso narcotráfico y homicidio, entre otros. No obstante, la cifra es baja en comparación al número de estos servidores públicos que son elegidos, más de 12 mil.

También la cifra es menor en comparación a épocas anteriores, como sucedió en el escándalo de la parapolítica, en donde por solo los pactos de Chivolo y Pivijay entre políticos y autodefensas fueron judicializados 67 concejales.

Sobre el particular  el director ejecutivo Nacional de Fenacon (Federación Nacional de Concejos), Édgar Alberto Polo Devia, le dijo a EL NUEVO SIGLO que son menores las cifras que tienen en la Federación acerca de concejales del actual periodo que han sido judicializados.

“Nuestros datos nos dan alrededor de solamente 36: entre 7 que tuvieron arresto por tres días del municipio de San Gil; entre ellos un concejal de Puerto Guzmán, que ya renunció de hecho, ya es exconcejal, por acceso carnal abusivo en menor de 14 años. Cinco en el municipio de Sabana de Torres en Santander, que ello fue por peculado por apropiación”, entre otros, señaló el directivo.

Polo no le restó dimensión a esta cifra, sin embargo, dijo que es baja teniendo en cuenta que hay más de 12 mil  concejales en los 1.202 municipios que tiene el país. “Son 12.243 concejales, de los cuales solamente hay 37 personas que están vinculadas en algún tipo de proceso penal”, indicó.

No obstante, Polo manifestó que con el paso del tiempo se ha visto reducido el número de concejales comprometidos en delitos. “De hecho por causas penales han sido mucho más bajas. En otras épocas como la violencia, durante un solo periodo nos salieron 67 concejales nada más en solo los pactos de Chivolo y Pivijay. Eso fue en el Magdalena y Bolívar”.

Añadió que “por paramilitarismo también en esa época resultaron vinculados algunos de Caldas; en  Tolima, Córdoba”.

Elección de contralor y personero

En medio de los cambios normativos que se dieron para la elección de contralores y personeros a partir de las elecciones regionales de 2015, varios concejales se han visto involucrados en irregularidades.

El caso más sonado se dio en Cartagena por la elección de la contralora distrital, en donde quien resultó elegida, Nubia Fontalvo Hernández, según la Fiscalía fue seleccionada en el cargo para garantizar y equilibrar las cuotas burocráticas de la ciudad y la asignación de millonarios contratos.

Por estos hechos la semana anterior fue capturada la cabildante de Cartagena, Angélica María Hodeg Durango, investigada por el delito de cohecho propio.

En la misma investigación el pasado 2 de agosto, fueron detenidos el alcalde de Cartagena, Manuel Vicente Duque, y la contralora Nubia Fontalvo Hernández, entre otros.

Anteriormente por los mismos hechos la Fiscalía imputó a 9 concejales de la ciudad como presuntos responsables del delito de cohecho propio. Igualmente se presume que los investigados habrían recibido dineros para favorecer la escogencia de la funcionaria.

Los concejales imputados por estos hechos fueron  Angélica María Hodeg Durango, Edgar Elías Mendoza Salame, Erich Nijinsky Piña Feliz, Zaith Carmelo Adechine Carrillo, Américo Elías Mendoza Quessep, Javier Wadi Curi Osorio,  Antonio Salim Guerra Torres, Duvinia Torres Cohen y Luis Javier Cassiani Valiente.

De otra parte en julio pasado, la Fiscalía imputó cargos por prevaricato por omisión a los concejales de San Gil (Santander), Carlos Burgos y Juan Carlos Sánchez, por las presuntas irregularidades que se cometieron en el proceso de elección del Personero en el año 2016, tras el desacato de una orden judicial.

El pasado 7 de julio, el concejal Ciro Moreno fue cobijado con medida de aseguramiento domiciliaria por el mismo proceso. Los cabildantes Burgos y Sánchez no fueron cobijados con medida privativa de la libertad.

POT

En el marco de la investigación que adelanta la Fiscalía por la posible comisión de delitos en el manejo de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) en varios municipios de Cundinamarca, la Fiscalía imputó cargos a cinco personas.

Entre los que deberán responder por los delitos de tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito está el concejal de Mosquera, Víctor Julio Castellanos Jiménez.

Para la Fiscalía los indiciados habrían incurrido en el denominado “volteo de tierras”, que consiste en comprar predios rurales cercanos al casco urbano, para luego incluirlos en zonas de expansión urbana manipulando el POT.

El Concejo de Cartagena fue puesto en la picota pública porque imputaron nueve cabildantes por irregularidades en la elección de la Contralora

Peculado

En mayo pasado la Fiscalía imputó cargos por peculado a 5 concejales de Sabana de Torres (Santander) por el delito de peculado por apropiación.

Los hechos ocurrieron durante el año 2016, cuando los indiciados al parecer se apropiaron de un monto de 86 millones de pesos a través de auxilios de transporte que la Alcaldía había destinado para los concejales que residían en el área rural; sin embargo, el ente acusador recaudó pruebas en las que se evidencia que los cabildantes residen en el casco urbano de la citada localidad.

Los concejales imputados son Julio César Donado Cepeda, Edgar Mauricio Romero, Stith Becerra Santamaría, Sergio Eduardo Cuevas y William Quintana Almeida.

Concusión

En mayo pasado, un juez de Bogotá cobijó con medida de aseguramiento en centro carcelario al concejal de Villavicencio (Meta), José Yesid Morales Espitia, investigado por la Fiscalía como posible responsable del delito de concusión en concurso homogéneo y sucesivo.

El proceso contra Morales Espitia se inició luego de que cerca de 40 personas denunciaron ante la Fiscalía que el concejal les cobraba aproximadamente el 10% del sueldo a las personas que ayudaba a conseguir trabajo.

Cartel

En julio pasado fueron capturadas una decena de personas en Valledupar involucradas en el presunto cartel de la chatarrización, que funcionaría en la Secretaría de Tránsito de esta capital.

Entre las personas capturadas estaba el concejal Leonardo Mestre Socarrás.

Falsedad en documento público

En septiembre pasado fue capturado el concejal de Barranquilla, Recer Lee Pérez Torres, por los delitos de falsedad material en documento público, falsedad en documento privado, uso de documento público falso y fraude procesal.

Según la Fiscalía, el concejal falsificó la libreta militar para entrar a trabajar en la Contraloría Distrital y también utilizó el documento para inscribirse en la Escuela Superior de Administración Pública.

Además ocupó cargos en la Alcaldía Distrital como profesional universitario, laborando como asesor de despacho de la entonces alcaldesa de Barranquilla, Elsa Noguera

Fraude electoral

En diciembre pasado, fue privado de la libertad el concejal de Cartagena, Jorge Useche, quien es investigado por supuesto fraude electoral en las elecciones de octubre de 2015. Según la  Fiscalía esta persona habría pagado $150 millones para hacerse a la curul.

Entre las pruebas que el ente investigador cuenta están varios audios de interceptaciones telefónicas de llamadas de Useche con la registradora departamental, Patricia Jiménez.

Más casos

. Acceso carnal abusivo: en mayo pasado fue capturado el concejal de Puerto Guzmán (Putumayo), Adelm Secue Canas, por el delito de acceso carnal abusivo en menor de 12 años.

. Minería criminal: en abril pasado fue capturado junto con ocho personas el concejal de Popayán, Pablo Andrés Parra, en el marco de una investigación por delitos relacionados con minería criminal, concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito, tráfico de Influencias, cohecho y prevaricato por acción.

. Narcotráfico: en agosto anterior fue hallado en un vehículo un compresor que en su interior escondía 118 paquetes de marihuana forrados con cinta, los cuales pesaban más de 70 kilos. Uno de los dos ocupantes del vehículo era el concejal de San Luis de Gaceno-Boyacá, Nelson Nevardo Fino Becerra. Un juez de control de garantías les otorgó el beneficio de casa por cárcel.

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