Para la Contraloría, la debilidad institucional del Estado colombiano se dejó ganar esta batalla.

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Es alarmante que hoy el 80 por ciento de la explotación minera en Colombia sea ilegal, en medio de la ineficaz acción del estado, consideró el contralor general de la República, Edgardo Maya.

El contralor dijo que es un tema que inquieta y duele pues la minería ilegal está devastando amplias zonas del territorio nacional.

Según el más reciente Informe de la Contraloría sobre el Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente, la minería ilegal está arrasando distintas regiones de la geografía nacional, sin que haya a la vista una respuesta institucional efectiva.

De acuerdo con Maya, el informe es contundente al respecto: “Varios gobiernos y diversas estrategias y programas no han dado una solución contundente a este fenómeno de la minería ilegal que amenaza convertir en desiertos grandes extensiones de territorios y en secar nuestros ríos, como ya ha sucedido con el río Sambingo en el Cauca no hace mucho, tal como fue denunciado profusamente por los medios el año pasado. Esto denota sin duda la carencia de una política pública de Estado para enfrentar exitosamente este terrible fenómeno”.

La tesis central que desarrolla el estudio de la Contraloría sostiene que “el modelo extractivista bajo el cual se desarrolla la industria minera del país desconoce las realidades de las pequeñas y medianas explotaciones, no se armoniza con las políticas ambientales ni de ordenamiento territorial, omite las particularidades socio-culturales de los territorios, favorece la existencia de minería ilegal e inevitablemente conduce a la conformación de pasivos ambientales que afectan el bienestar de la población en extensos territorios del país”.

El contralor Maya expuso el tema al instalar en el Jardín Botánico de Medellín el Seminario Internacional “Valoración de Costos y Buenas Prácticas Ambientales”.

Insistió en que mientras no se ve una eficaz acción del Estado para combatir la minería ilegal, avanza desaforadamente la generación de pasivos ambientales, muy seguramente irreversibles.

Según Maya, el gran desafío que representa enfrentar el problema está lejos de atenderse, en la medida en que las políticas mineras y las ambientales sigan caminos divergentes.

Sombrío panorama

En general, al evaluar el estado de los recursos naturales y del ambiente en el período 2016-2017, la Contraloría encontró lo que podría catalogarse como un sombrío panorama.

Para empezar, el propósito de lograr un “Crecimiento Verde” que se trazó en el Plan de Desarrollo 2014-2018 no se ha alcanzado, y probablemente no se logre cuando termine el actual Gobierno.

El Informe llama la atención sobre las inconsistencias y las debilidades institucionales del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 y considera ineficiente la ejecución financiera de las instituciones del Sistema Nacional Ambiental.

Gasto ambiental ineficiente

La Contraloría efectuó un examen a los recursos apropiados para el gasto ambiental en la vigencia 2016, encontrando con preocupación bajas ejecuciones presupuestales de una importante cantidad de corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible (autoridades ambientales en las regiones) beneficiarias de recursos de inversión tanto del Presupuesto General de la Nación como de recursos propios.

Del análisis de los recursos comprometidos por las corporaciones para gastos de inversión en 2016, se evidenció una ejecución de tan solo el 43 por ciento, mientras que se constituyeron reservas presupuestales por el restante 57 por ciento.

Al respecto, el informe estima que “no resulta congruente que un sector como el ambiental, que en materia presupuestal ha sido castigado por sucesivos gobiernos con bajas asignaciones presupuestales, no ejecute de la mejor manera lo que se le transfiere del Presupuesto General de la Nación, incluso que las Corporaciones que dependen en gran medida de los recursos del Presupuesto General no ejecuten la totalidad de los recursos de inversión que se transfieren durante la vigencia”.

“Tampoco resulta coherente que en las arcas de las corporaciones autónomas más robustas reposen los recursos propios destinados a inversión, mientras sus regiones claman por soluciones urgentes al deterioro ambiental de ecosistemas estratégicos como páramos o humedales, para citar sólo dos de ellos”, agrega.

“Cirugía legislativa”

Maya le pidió al Congreso definir, de una vez por todas, la naturaleza jurídica y el alcance constitucional de que gozan las corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible.

Igualmente, Maya señaló la necesidad de que se adopte para las corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible un Estatuto Presupuestal Unificado y unas reglas claras para la gestión en esta materia. Hoy existen 33 Estatutos Presupuestales diferentes, uno distinto por cada corporación.

Ecosistemas de páramo sin delimitar

Donde también hay déficit es en la implementación de la política dirigida a la protección y conservación de los ecosistemas de páramo y en particular en la delimitación de este ecosistema en el país.

Para la Contraloría, resulta alarmante que la mayor parte de la superficie de ecosistemas de páramo aún no se encuentra delimitada, lo que equivale a cerca de 2 millones de hectáreas, de las cuales el 60 por ciento no cuentan con algún sistema de protección en el sistema de áreas protegidas a cargo del Parques Nacionales Naturales de Colombia, por lo cual son las áreas que se encuentran totalmente desprotegidas.

Esta situación resulta más grave si se tiene en cuenta que la superficie sin delimitar es la que tiene mayor presencia de actividades agropecuarias, así como títulos y/o actividades de minería e hidrocarburos, cercanas a las 367.000 hectáreas en 16 complejos de páramo sin delimitar.

En su intervención en Medellín, el Contralor expresó preocupación por el hecho de que no se estén cumpliendo los compromisos de protección especial en materia de cuidado de los páramos.

Postconflicto e incapacidad institucional

La Contraloría evidenció en su informe anual que las capacidades institucionales actuales de las corporaciones priorizadas, orientadas a los resultados esperados de la implementación de los acuerdos de paz, resultan limitadas para afrontar la agudización de los desafíos ambientales del postconflicto.

“Reconocemos que la implementación de los acuerdos de paz es un proceso complejo que implica un cambio del entorno institucional y de los arreglos institucionales vigentes; sin embargo, las evidencias permiten concluir que estas entidades no son consideradas un actor relevante para la formulación y ejecución de proyectos de inversión derivados de la implementación de los acuerdos de paz, prueba de ello, es que no está definido el rol que jugarán en la ejecución de los contratos paz ni en los programas de desarrollo con enfoque territorial, que son los principales instrumentos de implementación de las intervenciones para la paz y el posconflicto en las región”, concluyó el contralor Maya.

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