De los 37 casos que se presentaron en 2016, el 40% de las víctimas pertenecían a comunidades indígenas.

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Colombia ocupa el cuarto lugar en el mundo en el ranking de países en el que se cometen más homicidios a activistas ambientales, según la asociación Global Witness, encargada de documentar los casos de las víctimas de este delito a nivel internacional.

En Colombia, de acuerdo con un informe de la Universidad Antonio Nariño basado en datos recientes de Global Witness, se presentaron 37 casos el año pasado en los que el 40 por ciento de las víctimas pertenecía a comunidades indígenas.

Brasil, Perú, Honduras, India y Filipinas, son las otras naciones en las que más personas fueron asesinadas en 2016 por defender la tierra.

El informe advierte que los homicidios registrados en el país alcanzaron un máximo histórico el año pasado, debido a que las áreas que previamente estaban bajo control guerrillero ahora son observadas con codicia por compañías extractivas y paramilitares.

A nivel internacional, entre 2002 y 2014, en 35 países fueron asesinados 1.024 activistas ambientales. El informe advierte que pueden ser más, pero estos son solo los casos documentados por las autoridades, según Global Witness.

Estos crímenes principalmente son cometidos por agentes del Estado, personas al servicio de la seguridad privada y grupos de paramilitares.

Otras cifras evidencian que por lo menos cuatro personas fueron asesinadas cada semana el año pasado por proteger la tierra, bosques y ríos de las empresas mineras, madereras y agrícolas.

Al menos 200 homicidios se cometieron en 2016, mientras que en 2015 se presentaron 185 casos, evidenciando que esta actividad criminal va en aumento.

América Latina se mantiene como la región más afectada, con el 60 por ciento de las muertes a activistas ambientales.

La minería es la industria más comprometida, con al menos 33 asesinatos vinculados a este sector. Los homicidios vinculados a las empresas madereras aumentaron de 15 a 23 en 2016, mientras que se presentaron 23 crímenes relacionados con proyectos de agronegocios.

Este delito, advierte el informe, tiene un índice de impunidad del 99 por ciento ya que solo en el 1 por ciento de los casos ha sido juzgado a los responsables.

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