EL NUEVO SIGLO resalta los  datos de mayor impacto que presentó la Defensoría del Pueblo ante la ONU, en su más reciente informe, respecto a salud, vivienda, trabajo, educación y la crisis humanitaria en el Departamento del Chocó.

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Falencias en aspectos de salud, vivienda, trabajo, educación, así como la crisis humanitaria en el Departamento de Chocó, fueron presentadas por la Defensoría del Pueblo ante la ONU, respecto a los derechos económicos, sociales y culturales en Colombia.

Al respecto, EL NUEVO SIGLO resalta 10 datos de mayor impacto que presenta graves denuncias dentro del texto titulado: “Informe alterno al sexto informe del Estado Colombiano ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 2010 – 2015”, al cual hasta el momento no se le ha dado mayor trascendencia.

Según lo destaca en el documento la Defensoría del Pueblo, este “recoge las observaciones de la Defensoría del Pueblo en materia del goce de los DESC en Colombia de acuerdo con el ejercicio de sus funciones y competencias. Por tanto, la información que se describe es producto de investigaciones, intervenciones y acompañamientos que a través de las distintas Delegadas y Direcciones que componen la entidad se han llevado a cabo entre 2010 y 2015, y que dan cuenta directa o indirectamente del estado del goce de los DESC y su exigibilidad”.

 

1.         El trabajo

La realidad del mercado laboral impide alcanzar el objetivo del pleno empleo de calidad. El fenómeno de la informalidad laboral es una problemática estructural en el mercado del trabajo del país. Son muchos los debates teóricos y esfuerzos que ha hecho el Estado colombiano en las últimas décadas para interpretar y enfrentar esta problemática con acciones, que sin embargo no han logrado constituir un enfoque unificado ni una política pública basada en derechos humanos, que dé respuestas efectivas para reducir la tasa nacional de informalidad que se mantiene hasta hoy en sus promedios históricos, preocupantemente altos, del 68%; tasa que afecta al menos a 14 millones de personas trabajadoras en Colombia, y a un 51% en las 13 áreas metropolitanas (10,5 millones), según cifras del DANE. Traducido esto en cifras reales, 7 de cada 10 trabajadores/as en Colombia están en la informalidad.

El informe destaca que en Colombia para 2013 la población total ocupada era de 21.048.000 personas, de las cuales sólo 7 millones contaban con un contrato de trabajo y con protección social. Millones carecen para 2013 de garantías laborales: 8 millones son trabajadores por cuenta propia y 6 millones se enfrentan a condiciones de informalidad laboral que vulneran sus mínimos derechos del trabajo.

 

2.         Suministro de agua y saneamiento básico

La Defensoría del Pueblo visibilizó la forma adoptada por las comunidades organizadas para lograr el abastecimiento del recurso hídrico, indispensable para una vida digna. Estos informes proporcionan una radiografía de la situación a nivel rural y formulan recomendaciones encaminadas a una mayor atención del Gobierno nacional, para que se garanticen los derechos y por ende el mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar general de su población.

En los informes se concluye que no existe en Colombia un régimen jurídico, técnico, económico, para impulsar la realidad del abastecimiento de agua en la zona rural del país, lo cual, en parte, explica su atraso, adicionalmente, para la garantía del derecho humano al agua en la zona rural se requiere de sistemas de distribución que atiendan zonas dispersas y lejanas (culturalmente adecuados).

 

3.         Vivienda digna

A pesar de los esfuerzos del Gobierno nacional y de autoridades locales, el goce del derecho a una vivienda adecuada en Colombia sigue siendo un reto mayúsculo. La Defensoría del Pueblo evidenció este reto respecto de sujetos de especial protección constitucional, tales como víctimas del conflicto armado o población en zonas rurales.

4.         Alimentación 

En Colombia se ha reconocido que la garantía de este derecho presenta un balance preocupante, que se expresa en: inseguridad alimentaria; hambre oculta (deficiencia de micronutrientes); inquietantes cifras de mortalidad por hambre o asociada a ella; una inadecuada orientación de las políticas públicas agropecuarias y del sector rural; y, la primacía dada a un enfoque asistencialista, focalizado y no universal en cuanto a las acciones dirigidas al tema alimentario. Sumado, las políticas y acciones de las autoridades departamentales en materia de la alimentación no poseen el enfoque de los derechos humanos.

 

5.         Salud física y mental

La Defensoría del Pueblo considera de gran relevancia para el goce efectivo del derecho a la salud de toda la población colombiana, sin embargo, en desarrollo de sus funciones, este ente ha evidenciado que:

• Persiste la vulneración al derecho a la salud de la población colombiana por falta de disponibilidad, calidad y accesibilidad a los diferentes servicios de salud.

• El número y tipo de quejas sobre los servicios de salud han aumentado.

• No existe atención prioritaria en salud para niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas, adultos mayores, víctimas de la violencia y del conflicto armado, desplazados, personas con enfermedades huérfanas (ENHU) y con discapacidad.

• Los sistemas de salud organizados según modelos de aseguramiento, no han mostrado que los incentivos contractuales, funcionen con la debida celeridad, completitud y alcance para dar respuesta suficiente a situaciones críticas del derecho a la salud en poblaciones vulnerables y dispersas.

 

6.         Nivel de vida adecuado

En relación con el derecho consagrado en el artículo 11 del Pacto, la Defensoría del Pueblo evidenció los restos que persisten respecto de cada uno de los componentes del mismo. Sin embargo, en esta oportunidad describe lo referente al goce del derecho a la vivienda digna y la alimentación adecuada (incluyendo en este el derecho al agua).

 

7.         Crisis humanitaria en el Chocó

La Defensoría del Pueblo ha manifestado su preocupación por las condiciones de vulnerabilidad socioeconómica, cultural y ambiental y de las manifestaciones de violencia que afectan los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas del Chocó. Ha visibilizado los graves problemas de desnutrición infantil, salubridad pública, inasistencia en salud, precariedad en la cobertura y calidad educativa y las afectaciones al ecosistema, evidenciando un riesgo persistente de muertes evitables, especialmente de niños indígenas menores de 5 años, dado que no se ejerce un trato diferencial en su atención, prevención y promoción de la salud.

 

8.         Restitución y respeto del derecho a la salud

En materia del ejercicio del derecho a la salud, la Defensoría del Pueblo participó en un proceso adelantado por el padre de familia de un menor de edad con discapacidad, quien solicitaba acceso a diferentes servicios de salud con el fin de que su hijo recibiera la asistencia requerida, teniendo en cuenta su situación. En este caso, la Corte Constitucional decidió amparar los derechos del joven y también de su familia a recibir asistencia y atención de parte de las entidades del Estado con competencia en el asunto y además le ordenó a la Defensoría del Pueblo, prestar asesoría para garantizar el acceso de la familia a estas medidas.

 

9.         Educación

ProSeDHer adelantó investigaciones orientadas a evaluar los avances y dificultades en materia del derecho a la educación en los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria, media y superior; y, a realizar recomendaciones de política destinadas a consolidar los avances obtenidos y a asegurar la progresividad en la realización plena del derecho en Colombia.

Al respecto, es importante indicar que más allá de las variables asociadas a la pobreza, la exclusión y la marginación en Colombia, resulta evidente que los factores intraescolares explican en mayor medida la no realización plena del derecho a la educación.

 

10.       Protección de la familia

La Defensoría del Pueblo ha elaborado diferentes conceptos y/o intervenciones ante la Corte Constitucional, tanto en acciones de tutela como en acciones de inconstitucionalidad donde se cuestionan la validez de las normas relacionada con la protección de la familia. Se consideró por parte de la Defensoría del Pueblo que limitar el derecho a la licencia de maternidad, es “un incentivo negativo que refuerza [la tendencia a adoptar niños y niñas menores de siete años] cuando lo razonable y lo conveniente es generar estímulos para la adopción de infantes mayores de siete años”.

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