La prevención del embarazo a temprana edad continúa siendo una prioridad en Colombia. Según el Ministerio de Salud, entre el 2012 y el 2014 la tasa de fecundidad de adolescentes de 15 a 19 años se redujo en cinco puntos, lo que equivale a 11.859 nacimientos menos. Esto implica, entonces, que la tasa específica de fecundidad pasó de 72,5 a 67,4 por mil mujeres.

Aunque se trata de un hecho sustantivo que responde a las campañas que se han adelantado en los últimos años para prevenir la sexualidad precoz, lo cierto es que hay departamentos como Cesar, Casanare, Caquetá, Magdalena, Huila y Arauca donde el embarazo adolescente ha aumentado.

Es claro que esta es una de las problemáticas que más preocupa a las autoridades sanitarias, las familias, las instituciones educativas y a los propios jóvenes que, según no pocos estudios, cada vez inician su actividad sexual a más temprana edad. Una prueba de ello es que, según el Ministerio del ramo, producto de embarazos en niñas de menores de 14 años hay 6.593 nacimientos al año, 18 al día, el mayor número de ellos en Vichada, Guainía, Amazonas, Arauca y Cesar. 

En los últimos años en Colombia se ha avanzado en cuanto a los mecanismos para evitar el embarazo adolescente, una problemática que afecta a gran parte del planeta, como lo prueba el hecho mismo de que disminuir la tasa de niñas embarazadas fue uno de los Objetivos del Milenio más difíciles de cumplir para muchos países.

Cada vez está más claro que se trata de un fenómeno que debe ser abordado de una manera integral, es decir que requiere un esfuerzo no sólo interinstitucional, sino que además deben hacerse partícipes a las familias, las instancias educativas, los medios de comunicación, la industria de los bienes y servicios que consumen los jóvenes y todos los sectores económicos, políticos y sociales que de manera directa o indirecta tienen que ver con la forma en que la sociedad se aproxima o interactúa con su población juvenil.

En Colombia ese modelo de aproximación integral a la problemática del embarazo adolescente va encaminado ya a ese enfoque multisectorial e incluso hay un documento Conpes al respecto, lo que no evita que a cada tanto se estén generando polémicas entre las mismas instituciones oficiales, educativas y la sociedad en general, como pasó días atrás con la encuesta del Dane sobre “Comportamientos y Actitudes sobre Sexualidad en niños, niñas y adolescentes  en los colegios”, que tuvo que ser suspendida luego de la polémica que se registró por la crudeza de algunas de las preguntas formuladas a los menores.

Más allá de quién tuvo la razón en esa controversia, lo verdaderamente importante es concentrarse en lo advertido por el ente estadístico en torno a que el 6,2 por ciento del total de niños, niñas y adolescentes que han tenido relaciones sexuales, han sido forzados o intentaron forzarlos a tener relaciones sexuales y el 3 por ciento manifestó haber recibido algo a cambio de tener relaciones sexuales, según los datos de la encuesta realizada en 2014. Un hecho grave a todas luces.

Por otro lado es necesario profundizar el trabajo en las estrategias para una mejor atención de los adolescentes, por ejemplo a través de programas como el “Modelo de Servicios de Salud Amigables” que permite un sistema específico y diferencial de acercamiento a los jóvenes. Según el Ministerio de Salud ya hay 984 de estos operando en el país.

Cada vez es más claro que hay que capacitar a los jóvenes sobre sexualidad consciente y responsable, métodos anticonceptivos modernos, seguros y eficaces, así como en los riesgos que implican los embarazos tempranos y no deseados, las infecciones de transmisión sexual, los abortos… Para que estos esfuerzos tengan eficacia es necesario que las campañas estén estructuradas por profesionales, con un enfoque moderno, que entienda los roles, realidades circundantes y lenguajes específicos de los adolescentes para garantizar su efectividad. Prioritario también es que haya participación multisectorial, de forma tal que no se susciten luego polémicas desgastantes entre las propias entidades, el sistema educativo, las asociaciones de padres de familia y la sociedad en su conjunto.

Como se ve, prevenir el embarazo adolescente es una prioridad en Colombia. Para ello se requiere, además de una normatividad coherente, un trabajo intersectorial e integral Los esfuerzos públicos y privados inconexos han demostrado su deficiencia y por ello todos los días hay niñas que se convierten en madres y se enfrentan a un futuro incierto.