Un informe a los gobiernos nacional y departamental sobre las medidas que se están tomando, para proteger a los líderes, lideresas y habitantes del corregimiento de San José de Apartadó, Antioquia, nuevamente amenazados por parte de grupos armados al margen de la ley, que pretenden desconocer los DDHH de estas comunidades, solicitó la Procuraduría General.

La Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos como acción preventiva envió comunicación al gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez; al comandante de Policía de Urabá, coronel Luis Eduardo Soler Roldán; al comandante de la Séptima División del Ejército Nacional, brigadier general Jorge Arturo Salgado Restrepo; los ministros de Defensa, Luis Carlos Villegas, y del Interior, Guillermo Rivera Flórez, con el fin de adoptar medidas de protección a los líderes y defensores de DDHH y contrarrestar toda acción delictiva en contra de ellos.

El Ministerio Público igualmente pidió socializar la Directiva No. 002 del 14 de junio de 2017 de esta entidad, para la Protección de los derechos de los líderes, lideresas y defensores de DDHH, teniendo en cuenta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos solicitó al Gobierno Nacional adelantar las medidas pertinentes para proteger la vida e integridad de esta comunidad.

La alerta roja fue enviada de manera urgente, atendiendo al llamado de las constantes denuncias registradas, a través de los medios de comunicación, sobre esta nueva incursión de grupos armados ilegales dentro del corregimiento y sus áreas veredales.

Recientemente el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, corroboró desde el corregimiento San José de Apartadó lo advertido en un informe de riesgo de esta zona, en el que se denuncia la afectación en la población civil por acciones violentas de las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC.

“Encontré una comunidad con miedo, preocupada por la problemática de los derechos humanos”, aseguró Negret Mosquera luego de reunirse con los líderes sociales de la región.

En su momento recordó que son por lo menos 6.000 habitantes los que corren riesgo por la presencia de hombres del grupo armado ilegal en esa región debido a la restricción de la movilidad, ubicación de retenes y puestos de control, así como el hallazgo de minas antipersonales.

El informe de riesgo incluye información según la cual se estarían vulnerando los derechos de jóvenes entre los 17 y 26 años, a quienes las AGC les ofrecen de 600.000 pesos a dos millones de pesos mensuales para reclutarlos y obligarlos a cometer delitos como tráfico de armas y drogas. A esta situación se suma que en las zonas donde existe mayor presencia de las AGC, las comunas 1, 2 y 3 del corregimiento, se ha verificado el aumento de casos de violencia sexual y de género.

Entre las organizaciones expuestas al riesgo se destacan la Comunidad de Paz de San José de Apartadó; la Asociación Campesina de San José de Apartadó, Acasa; el Partido Político Unión Patriótica; el Movimiento Marcha Patriótica; el Comité de y para los Derechos Humanos de San José de Apartadó; así como las Juntas de Acción Comunal y acompañantes humanitarios internacionales de defensoras y defensores de DD.HH.

Según las denuncias, el 10 de julio, en horas de la mañana, un grupo paramilitar hizo presencia en los límites de las veredas El porvenir y La Esperanza, de San José de Apartadó.  En esta ocasión llegaron a una casa y profirieron amenazas contra la Comunidad.

Y, el 12 de julio un grupo de paramilitares “de por lo menos 30 hombres con prendas militares y portando armas largas llegaron a la vereda El Porvenir, del corregimiento de San José de Apartadó, allí tomaron a un poblador de la vereda, lo amenazaron de hacerle algo si no aceptaba trabajar para ellos y le advirtieron: “no lo queremos ver aliado con la comunidad de paz si no quiere que le pase lo que tenemos planeado para esa  hp comunidad de paz”.

Pero, dicen, se han registrado otros hechos que hacen temer por la vida de los líderes sociales y en general de la comunidad.