En el libro “Estrategia para una nueva industrialización”, el gremio hace un detallado análisis sobre la política tributaria en el país y cuáles son los correctivos que urgen. Aquí los principales apartes del análisis 

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“Los temas impositivos también tienen que ser parte de esta política empresarial. Los indicadores de competitividad del país en esta materia son realmente preocupantes. De acuerdo con el informe del Banco Mundial “Doing Business 2015”, en el indicador de Pago de Impuestos, Colombia ocupa el puesto 146 entre 189 países y frente a la medición anterior empeoramos 7 puestos.

La amplia discusión pública que se dio en el país por la reforma tributaria del 2014, dejó claro que el actual Estatuto Tributario, lejos de incentivar la inversión, es anti-técnico y recae sobre unos pocos contribuyentes, afectando la competitividad y la sostenibilidad empresarial.

Colombia tiene una de las tasas de tributación efectivas más altas de América Latina (según el Banco Mundial, la tercera después de Argentina y Bolivia) y la reforma tributaria recién aprobada la hace aún más gravosa.

Según una encuesta de la ANDI a 253 empresas con ingresos por $125 billones, la tarifa efectiva de tributación al incluir los impuestos causados en el 2013 fue de 68,1% y si excluimos los pagos de parafiscales y seguridad social es de 64,9%.

Esta estimación ya incorpora las exenciones y deducciones. Con la reforma tributaria aprobada en el 2014 esta tarifa aumentaría a 72,3% y a 69,6%, respectivamente…

Propuesta

Para la ANDI, nuestra propuesta en materia tributaria se podría resumir en buscar un cambio estructural de la tributación, de tal forma que se garantice a los inversionistas, nacionales e internacionales, su estabilidad a largo plazo.

En materia impositiva, es importante que se vaya más allá de una meta de recaudo.

Difícilmente se puede considerar a Colombia como un país atractivo para la inversión, si se continúa repitiendo la historia de reformas tributarias en promedio cada dos años. El país debe contar con un sistema tributario simplificado, con tarifas reducidas, generalizadas, transparentes y de fácil recaudación.

En una economía cerrada es posible transferir parte de las mayores cargas tributarias a los consumidores.

Pero en una economía cada vez más vinculada al mundo, esa práctica es imposible. La tributación simplificada deberá llegar en el largo plazo a una estructura basada exclusivamente en el impuesto a la renta, los aranceles y el IVA, aplicable a la generalidad de los contribuyentes.

Se eliminarían los impuestos territoriales y los aportes parafiscales de todo tipo, con mecanismos de liquidación, declaración y pagos simples que faciliten a todos los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

La Nación recaudaría y fiscalizaría a través de la DIAN, fusionada con la UGPP y tendría la función de redistribuir los recursos mediante transferencias a los entes territoriales y a las entidades que administran la seguridad social, las cajas de compensación, el SENA e ICBF, así como a los demás entes que hoy administran recursos parafiscales.

El control de los pagos correspondería solamente a los entes públicos y en ningún caso a los contribuyentes o particulares. Por ello debería eliminarse la retención en la fuente y cambiar ésta por anticipos sobre los impuestos futuros. El cruce de la información debería ser el mejor mecanismo de control de la evasión y el contrabando. Para pequeños contribuyentes debería establecerse el monotributo o impuesto único tributario.

…  En fortalecimiento institucional La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN requiere un fortalecimiento institucional, de tal manera que haya más funcionarios fiscalizando, y no tanto en el área de devoluciones.

La DIAN debería contar con funcionarios más capacitados y comprometidos con la institución; establecer la escuela tributaria; revisar el esquema de incentivos como la prima de productividad, de tal forma que ésta remunere el desempeño individual de cada funcionario y no sólo la gestión colectiva de la entidad. Ampliación base gravable

Otro tema grueso está en la ampliación de la base. En Colombia, los contribuyentes son muy pocos y allí radica en buena parte el por qué nuestra presión tributaria definida como impuestos como porcentaje del PIB es tan baja, y 56 simultáneamente hablamos de una tarifa efectiva de tributación superior al 70%. En Colombia nos encontramos con una presión tributaria del orden del 18%. Y los contribuyentes son solamente 2.141.000, de los cuales 3.441 son grandes contribuyentes, quienes aportan el 68% del recaudo del impuesto de renta y patrimonio.

Para ampliar la base gravable se podría pensar propuestas como:

1. Ampliar el universo de quienes estarían obligados a tributar, incluyendo un esquema de tarifas donde personas y empresas con menor capacidad de pago estén obligados a pagar una tarifa única similar al monotributo que existe en varios países y que agrupa los impuestos territoriales, el impuesto de renta y las contribuciones parafiscales y los aportes obligatorios a la seguridad social.

2. Ampliar la base (los que pagan) con mecanismos que permitan atraer más contribuyentes mejorando la información en medios magnéticos, implementando la factura electrónica y fortaleciendo las áreas de fiscalización de la DIAN. En impuesto de renta Al analizar el impuesto de renta en Colombia, usualmente se hace referencia a las altas tarifas, tanto nominales como efectivas.

En cuanto al impuesto de renta, la ANDI considera necesaria una disminución sustancial de la tarifa para las empresas, un mayor número de acuerdos para evitar la doble tributación y una mayor estabilidad y más claridad sobre lo deducible y lo no deducible, pues la mayor parte de los litigios que hoy se tienen con la DIAN, nacen de la discusión sobre la necesidad, causalidad y proporcionalidad de los costos y gastos en los que incurre el contribuyente.

Otro gran problema que enfrentan las empresas son los altos saldos a favor, originados en las declaraciones de renta provenientes de la alta retención en la fuente, tema sobre el cual la ANDI ha venido insistiendo. Así lo evidencian el monto de los saldos a favor del orden de $6 billones en 2013 y los resultados preliminares de una encuesta de la ANDI donde, en promedio, las retenciones sobrepasan en cerca de 6 puntos porcentuales los impuestos de renta a cargo, generando mayores costos financieros y restando capital de trabajo al sector productivo colombiano.

Es necesario definir en la próxima reforma estructural qué sucederá con la vigencia de las NIIF para efectos tributarios, toda vez que hasta el año gravable 2018 (y 2019 para las empresas del grupo II), las remisiones tributarias a las normas contables se siguen rigiendo por el Decreto 2649 y no por las NIIF.

Por tanto, la definición de la base gravable en renta es indispensable, y para ello proponemos tomar lo mejor del estatuto tributario, el decreto 2649 y las normas internacionales, eliminando todas aquellas que generan subjetividad como sucede con el valor razonable.

Otro tributo que nos preocupa significativamente es el impuesto al patrimonio, que ha sido utilizado en el país para financiar gastos extraordinarios.

De ahí que siempre se haya propuesto como una medida transitoria. Sin duda, este impuesto desincentiva la inversión y va en contravía de la generación de riqueza; por ello consideramos como una buena señal que en la reforma tributaria de 2014 se haya establecido una desaparición gradual del mismo hasta su desaparición en 2018.

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