Exgobernador de Córdoba, prófugo de la justicia en Estados Unidos, se comprometió a entregar información sobre varios procesos, entre éstos el que vincula a parlamentarios y dos ex magistrados de este Tribunal en la venta de fallos
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24 horas después de que el fiscal Néstor Martínez revelara la apertura de una investigación por el presunto contubernio entre magistrados de la Corte Suprema, que ya terminaron su periodo, y abogados para frenar y torcer procesos a favor de congresistas, el ente acusador informó que llegó a un principio de oportunidad con el exgobernador Alejandro Lyons, quien entregaría pruebas sobre este escandaloso hecho.
De esta forma, el exmandatario cordobés podría convertirse en el testigo estrella de este proceso en las investigaciones preliminares que por su lado adelantan la Fiscalía en relación con los abogados Camilo Tarquino (exmagistrado de la Corte Suprema), Luis Ignacio Lyons, Luis Gustavo Moreno y Leonardo Luis Pinilla, entre otros; la Corte Suprema a los senadores Hernán Andrade, Musa Besaile y el exsenador conservador Luis Alfredo Ramos; y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara a los ex magistrados de la Corte Suprema, Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte.
Lyons huyó a Estados Unidos para evadir la investigación que se adelanta por presuntos actos de corrupción que se produjeron durante su paso por la gobernación de Córdoba.
Mientras que Luis Gustavo Moreno y Leonardo Pinilla fueron capturados hace algunas semanas investigados por la presunta solicitud de dinero que le hicieron en Estados Unidos a Alejandro Lyon, para frenar las investigaciones que se adelantan en su contra por hechos de corrupción que se habrían presentado durante su periodo como gobernador de Córdoba.
Estos hechos se presentaron este año cuando Moreno se desempeñaba como jefe anticorrupción de la Fiscalía y viajó a Estados Unidos para buscar contactar al exgobernador.
No obstante, las autoridades norteamericanas grabaron las conversaciones en las cuales Moreno le habría solicitado $500 millones a Lyons para frenar las investigaciones en su contra. Estas pruebas fueron entregadas por la justicia de Estados Unidos a la Fiscalía de Colombia.
La vicefiscal, María Paulina Riveros, indicó que “iniciamos un proceso de acercamiento con fines de colaboración con la justicia con el señor Lyons, y hoy (ayer) puedo decirle al país que hemos avanzado en dicho proceso y que hemos llegado a algunos acuerdos preliminares sobre los siguientes presupuestos básicos: primero, que haya devolución de dinero con fines de reparación; segundo, cumplimiento de prisión efectiva en Colombia; y tercero compromiso de servir de testigo de cargo en los procesos contra las personas frente a quienes se señale, algunos de ellos relacionados con el tema de la Corte Suprema de Justicia”.
El eje central de este principio de oportunidad al que se compromete Lyons es que la Fiscalía no lo acusaría de concierto para delinquir en los expedientes que contra él lleva, como en el caso del llamado ‘cartel de la hemofilia’, a cambio de que entregue información sobre investigaciones como los actos de corrupción en la Corte Suprema y la que se adelanta contra Luis Gustavo Moreno.
El acuerdo también obligaría a Lyons a devolver más de cinco mil millones de pesos.
Martínez Neira indicó que “en el marco de una investigación iniciada por la Fiscalía General de la Nación de Colombia y en desarrollo de programas de cooperación judicial con los Estados Unidos de América, el ente acusador recibió en el día de hoy (martes) elementos materiales probatorios que servirían como evidencia de hechos consumados en el país y que tendrían por objeto afectar la integridad de la administración de justicia”.
Añadió el Jefe del ente acusador que “conforme a los parámetros del derecho colombiano y del derecho americano, las autoridades de los Estados Unidos compartieron con la Fiscalía General de la Nación comunicaciones electrónicas y conversaciones entre el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, y los señores Luis Gustavo Moreno y Leonardo Luis Pinilla. En algunas de ellas se hace relación a solicitudes de sumas de dinero o a pagos que se habrían hecho con intervención o conocimiento de los referidos abogados, en el ejercicio de su profesión, con anterioridad al año 2017”.
Agregó el Fiscal General que “las evidencias referidas dan cuenta que tales hechos están relacionados con procesos ante la Corte Suprema de Justicia contra aforados constitucionales. En las conversaciones, el abogado Pinilla menciona los nombres de los aforados Hernán Andrade, Musa Besaile y Luis Alfredo Ramos, entre otros, y el de los ex magistrados José Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte”.
Avanzan investigaciones
Al ritmo que se están moviendo la Corte Suprema de Justicia y la Comisión de Acusaciones de la Cámara, la próxima semana comenzarían a llamar a indagatoria, de acuerdo a su competencia, a los primeros implicados en el escándalo por la venta de fallos en este alto Tribunal.
Ayer mismo llegó a esta célula legislativa por parte de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia la compulsa de copias con 19 folios y un CD en donde fueron mencionados en una conversación sobre presuntos hechos de corrupción, sus ex magistrados José Leonidas Bustos Martínez y Francisco Javier Ricaurte Gómez, con el objeto de que se adelante la investigación penal correspondiente.
Con esta información allegada la Comisión de Acusación abrió la investigación preliminar a los dos ex magistrados.
De igual manera, la mesa directiva de esta célula resolvió conformar un duunvirato para que asuman el conocimiento de la investigación los representantes Edward Rodríguez (Centro Democrático) y Fabio Arroyave (Partido Liberal), quien actuará como coordinador de la investigación.
"La Comisión de Acusación actuará con celeridad y eficacia brindando todas las garantías procesales a fin de esclarecer los hechos que son materia de investigación", dijo Arroyave.
Los representantes investigadores evaluarán las pruebas que llegaron a la Comisión para analizar la forma en que se iniciarán a practicar las pruebas necesarias.
En lo que corresponde al resorte de la Fiscalía por estos hechos, la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia asumió las indagaciones en relación con los abogados Camilo Tarquino, Luis Ignacio Lyons, Luis Gustavo Moreno y Leonardo Luis Pinilla, entre otros.
Por su parte, la Corte Suprema definió que el magistrado Luis Antonio Hernández investigará a los congresistas por la presunta red de corrupción en este alto Tribunal.
El magistrado tendrá en sus manos las pruebas que hizo llegar la Fiscalía a la Corte y que comprometerían con hechos de corrupción a los senadores Hernán Andrade, Musa Besaile y el exsenador conservador Luis Alfredo Ramos.
El abogado del exsenador Luis Alfredo Ramos, quien está en la etapa de juicio en la Corte Suprema en un proceso por parapolítica, dijo que “este proceso se desarrolló de manera pública, leal y transparente con el cumplimiento estricto de los requisitos legales”.
Mientras que el senador Andrade en un comunicado dijo que el fallo absolutorio en su favor que produjo la Corte por el desfalco a Cajanal “tengo certeza se dio en derecho y con estricta fidelidad a las pruebas legalmente aportadas”.
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