El martirio de los Románov | El Nuevo Siglo
Viernes, 20 de Julio de 2018

El pasado 17 de julio se cumplieron cien años del terrible asesinato colectivo del zar Nicolás II, de la zarina Alejandra y sus cinco hijos: Olga, Tatiana, María, Anastasia y Aleksei, el príncipe heredero, en Ekaterimburgo a donde habían sido enviados para ser recluidos en la  casa Ipatiev bajo la custodia de los bolcheviques. Episodio macabro que ha llenado de vergüenza al pueblo del antiguo imperio ruso, por lo que los representantes de la iglesia ortodoxa decidieron canonizar creyendo que ese sentimiento de expiación traería la paz y la reconciliación. Confieso que cada vez que leo y releo en las páginas de la historia la forma despiadada como fue ejecutada la familia imperial Románov, me estremezco de horror por la inutilidad del absurdo procedimiento perpetrado por orden del Presídium del Soviet Regional y de los Urales la noche tenebrosa del 17 de julio de 1918, cuando el zar ya había abdicado al trono y este había hecho lo mismo en nombre de su heredero.

La masacre de la familia real rusa fue ejecutada con la tolerancia del régimen que dirigía Lenin por el presunto temor de que el “ejército blanco”, con la ayuda de los parientes europeos del zar y de lo que se conocía como la legión Checoeslovaca en el marco de la guerra civil que se vivía en Rusia. 

Este hecho oprobioso constituye uno de los capítulos más oscuros de la historia universal de la infamia y de la revolución bolchevique que nos hace pensar en la falta total de contenido ético de aquella frase sentenciosa de que “la violencia es partera de la historia”

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La violencia contra los líderes sociales

Condenamos de manera enérgica la violencia que se ha desatado contra los líderes sociales y defensores de derechos humanos, lo mismo que las amenazas perpetuadas contra algunos periodistas y miembros de medios de comunicación.

Estos asesinatos se vienen presentando en regiones muy focalizadas que, curiosamente, están coincidiendo con aquellas zonas geográficas en las que se conocen problemas de restitución de tierras, en las que hay incrementos notables de cultivos ilícitos y en las que hay presencia de estructuras armadas ilegales que se nutren del narcotráfico y, en algunas de ellas, de disidencias de las Farc y frentes del Eln que ha ido copando territorios en los que se había asentado las Farc.

Hay que evaluar con mucho rigor esta problemática tan sensible para identificar si hay o no un elemento de sistematicidad o un patrón en el comportamiento delictivo de sus responsables. Unido a ello, las autoridades tienen que actuar con contundencia y eficacia en la implementación de las medidas que prevengan más muertes violentas de este sector de la población en los territorios que habitan.

Creo que los decretos que se han expedido van en la dirección correcta, pero tienen que ser más eficaces. La evaluación del nivel del riesgo tiene que hacerse en el terreno lo mismo que flexibilizar y desburocratizar su trámite. Siempre debe presumirse que un dirigente social o defensor de los derechos humanos en tales regiones tiene un nivel alto de riesgo para sus vidas.