A medida que avanzan las investigaciones, salta a la luz pública el vínculo de funcionarios, políticos y empresarios con los sobornos de la multinacional brasileña.
____________________________
En un discurso al instalar el Congreso Nacional del Notariado Colombiano, el miércoles pasado en Cali, el Presidente Juan Manuel Santos, celebró que altos funcionarios de su gobierno no hubieran recibido sobornos por el caso Odebrecht.
Textualmente el mandatario dijo “yo celebro eso, y si los llegan a encontrar, que les caiga todo el peso de la ley”. Agregó a renglón seguido al indicar que, de acuerdo con dichas investigaciones, “apenas un funcionario de segundo nivel recibió un pago”.
“Le he dicho al señor Fiscal: no tenga ningún tipo de contemplaciones, porque esta lucha tiene que llegar hasta el final”, sostuvo el Mandatario.
Sin embargo ayer, precisamente y en cumplimiento de su obligación, la Fiscalía General de la Nación, determinó imputar cargos contra uno de los más altos funcionarios del Gobierno y quien maneja la locomotora de infraestructura en el país. Se trata del director de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, Luis Fernando Andrade, por el caso Odebrecht.
Los tentáculos
De acuerdo con una comunicación del ente investigador, “en desarrollo de las investigaciones que adelanta la Fiscalía General de la Nación y, en particular, en relación con la celebración del otro si para la construcción de la vía Ocaña-Gamarra, entre la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el concesionario Ruta del Sol 2, suscrito el 14 de marzo de 2014, la comisión de Fiscales encontró mérito para imputar el delito de interés indebido en celebración de contratos contra Luis Fernando Andrade, presidente de la ANI. La audiencia correspondiente fue programada por el Centro de Servicios de Paloquemao para el próximo 21 de septiembre”.
Asimismo, el comunicado de la Fiscalía indica que “del mismo modo, la comisión de fiscales competente ordenó la compulsa de copias a la Procuraduría General del material probatorio que dispuso esta semana poner en conocimiento de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, para lo de su competencia”.
Con esta determinación, las investigaciones de las autoridades ya han vinculado oficialmente a los sobornos de Odebrecht a dos funcionarios, al mismo Luís Fernando Andrade y al asesor de la ANI, Juan Sebastián Correa Echeverri, el funcionario de segundo nivel al que se refería el presidente Juan Manuel Santos.
Como se sabe, la exministra de Transporte, Cecilia Álvarez Correa, también enfrenta diligencias judiciales ante las autoridades competentes por el mismo caso. En el mismo sentido, la exministra de Educación, Gina Parody también fue llamada a descargos a objeto de demostrar que no tenía un interés particular en la materia.
Testaferros y empresas fachadas
Las investigaciones por los hechos de corrupción de la firma brasileña en el país no se detienen, sino que cada día amenazan con implicar a otras personas y empresas en el entramado. Políticos, empresarios y hasta fondos de inversión quedaron al descubierto de sus operaciones ilegales.
Según conoció EL NUEVO SIGLO, en el entramado de corrupción que montó la multinacional brasileña en Colombia y que hasta el momento ha dejado al descubierto el reparto de coimas por $84.400 millones, la Fiscalía General de la Nación ha puesto el ojo en los testaferros y empresas de fachada que utilizaron políticos y empresarios para camuflar los dineros ilegales.
Se pudo establecer que el ente investigador ya está adelantando pesquisas en el sistema financiero para conocer en detalle el manejo y el destino de los dineros que pagó Odebrecht en sobornos. La Fiscalía está recabando información principalmente en bancos y en comisionistas tanto de bolsa como en fondos privados, firmas asesoras de finanzas y en entidades oficiales como la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), que es la entidad del Estado encargada de centralizar, sistematizar y analizar datos relacionados con operaciones de Lavado de Activos.
Según se conoció por parte de la entidad, se tienen dudas sobre la forma como los políticos recibieron los dineros pero ya están surgiendo nombres de primos de algunos de ellos que tienen empresas que sí figuran en la relación de los contratistas de la multinacional. En esa dirección, los investigadores colocaron su atención en varias personas.
Los legisladores mencionados con relación a los sobornos son los senadores Bernardo Miguel Elías y Musa Besaile (Partido Social de Unidad Nacional, La U) y el exsenador Plinio Olano (también de La U), así como el senador Antonio Guerra (Cambio Radical). Además, se habla de tráfico de influencias por parte del representante por Norte de Santander, Ciro Rodríguez, del Partido Conservador.
Determinaciones
Precisamente entre las últimas determinaciones que tomó la Fiscalía General, fue la citación que hizo audiencia de formulación de imputación de cargos a Mauricio Vergara Flórez, quien como funcionario del Consorcio SION, habría contribuido para la simulación de los contratos y la entrega posterior de dineros. A Vergara se le imputarán los delitos de Lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares.
Vergara figura como representante legal en cuatro contratos con el Estado firmado entre 2012 y 2014, que suman casi $9.000 millones, y que comprueban sus fuertes vínculos como contratista de Córdoba, fortaleza electoral de Elías, de Besaile y hasta de Otto Bula, quien es natural de Sahagún, donde Vergara tiene su oficina.
En lo que respecta a esos cuatro contratos, el primero se firmó para que se ejecutara de septiembre a diciembre de 2012 con la empresa Diseños y Construcciones del Futuro, para hacer interventoría técnica de las obras en las vías urbanas de El Roble (Sucre). Ese, de todos, fue el contrato de más bajo valor: $14’200.000.
El consorcio Piedra Aguilar, representado por Vergara, se ganó un contrato por $6.218 millones para construir pavimento rígido en vías urbanas del municipio de Sahagún durante cinco meses. Los recursos de ese contrato salieron del Fondo de Inversión para la Paz. El contrato se firmó con la Alcaldía de Sahagún, cuyo alcalde en esa época era Carlos Alberto Elías Hoyos, primo del senador Bernardo Ñoño Elías.
En 2013, Vergara firmó otro contrato como representante legal del consorcio Shaddai, integrado por José Luis Dumar Perdomo y Discons B&B Ingenieros S.A.S., para el mejoramiento de vías en los municipios de Achí y El Guamo. Se pactó con la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación de Bolívar por un costo de $1.160 millones. Por último, como representante de la Unión Temporal Espacio Urbano 2014, en ese año Vergara firmó un contrato por $1.519 millones para mejorar el espacio urbano de Ciénaga de Oro (Córdoba).
Lazos familiares
Asimismo se llamó a declarar a Gabriel Dumar Lora, también funcionario del Consorcio SION, quien habría contribuido para la simulación de los contratos y la entrega posterior de recursos. A Dumar también se le imputarán los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
En 2015, se daba por sentado que Dumar sería el nuevo director de Fonade, que maneja un presupuesto anual de casi $8 billones y es una de las empresas más poderosas del Estado. Quien quedó, no obstante, fue su primo, Alfredo Bula Dumar. Este último era el candidato de los senadores Bernardo Elías y Musa Besaile.
Tanto Elías como Besaile también serán investigados por el tema Odebrecht a solicitud de la Fiscalía. A Elías le cancelaron la visa de Estados Unidos. Según el organismo investigativo, el Ñoño Elías se habría quedado con un porcentaje del valor de la adición de la vía Ocaña-Gamarra, que costó $670.000 millones. La Fiscalía calcula que varias personas se quedaron en total con el 5% de esa cifra, que son $33.500 millones.
En esta misma dirección, la Fiscalía llamó a Basima Patricia Elias Nader, prima del senador Bernardo Noño Elías, y quien habría recibido dineros para luego entregarlos a su familiar. A ella se le imputará el delito de lavado de activos. Asimismo, la Fiscalía descubrió a otro familiar del excongresista Otto Bula, quien aparece en el listado de intermediarios que utilizaron sus empresas para darle apariencia de legalidad a los millonarios recursos que destinó la multinacional para acercar los sobornos a los beneficiarios.
A través de Consultores Unidos S. A., de la que es socio el capturado Eduardo Zambrano, se contactó a Bula para simular una serie de contratos que nunca se cumplieron porque el verdadero propósito era mover los sobornos por Colombia sin ser detectados.
Los comisionistas
Mientras el fiscal Néstor Humberto Martínez expresaba que Gustavo Torres Forero había sido capturado, la empresa que Torres representaba legalmente, Profesionales de Bolsa, le notificaba a la Bolsa de Valores de Colombia que se inactivaba voluntariamente, cesaba temporalmente sus actividades para “preservar los intereses de los clientes” y suspendía “todas las redenciones de los fondos de inversión colectiva abiertos administrados por la sociedad comisionista de bolsa con efectos inmediatos”. Como se ve el brazo corrupto de Odebrecht no sólo llegó al Congreso, sino también al mercado de valores. La Fiscalía descubrió un contrato con Profesionales de Bolsa, cuyo representante legal es Gustavo Adolfo Torres Forero, por $9.716.000.000, del que se habría beneficiado Federico Gaviria con $1.600.000.000.
El director de la ANI, Luis Fernando Andrade, es el más alto funcionario del gobierno Santos salpicado por el escándalo
Sobre la situación de Torres, el mismo envió un comunicado de prensa en que señala: “El pasado 26 de julio de 2017 se llevó a cabo ante el juzgado 56 de garantías de la Fiscalía General de la Nación una audiencia privada de imputación de cargos. El juez de garantías en dicha audiencia tomó la decisión de aplazar la siguiente audiencia para el día lunes 31 de julio de 2017”.
Indica que “en ningún momento he aceptado cargo alguno con respecto a esta investigación. De hecho, inicio mi proceso de defensa en cumplimiento del principio constitucional de presunción de inocencia. Reitero mi voluntad de continuar colaborando con las autoridades competentes, por medio de información oportuna, veraz y completa”.
De esta manera, Torres Forero contradice la versión de la Fiscalía que él en la audiencia aceptó cargos”.
De acuerdo con la Fiscalía, “Torres Forero promovió un "contrato espurio (...) cuyo objeto era la asesoría financiera y de banca de inversión relacionada con el cierre financiero de la adición de la Ruta Ocaña-Gamarra, por valor de $9.716 millones". Según la Fiscalía, ese contrato se fraccionó en cuatro pagos entre 2014 y 2105, y era una fachada para mover en Colombia dineros de sobornos de la constructora brasilera.
Bloqueo de dineros
Así mismo, el jueves el abogado especial de la firma Odebrecht, adscrito al Departamento de Operaciones Estructuradas, Rodrigo Tacla, de donde provinieron los sobornos para los diferentes países de América Latina, sostuvo en una entrevista especial para El País, de España, que pensaba que los montos para Colombia son mayores que lo pensado.
Y dijo, por su parte, que por lo general la estrategia consistía en financiar las campañas presidenciales y a partir de ahí, con el candidato triunfador, generar la maraña de las corruptelas para que Odebrecht accediera a las obras más importantes en cada país.
Por otra parte y por primera vez, la Fiscalía General de la Nación logró que autoridades extranjeras congelaran acciones que fueron puestas en uno de los llamados paraísos fiscales del mundo.
Un trabajo investigativo de la Fiscalía permitió ubicar y bloquear las acciones valoradas en 4 millones de dólares, que están depositadas en las Islas Vírgenes Británicas y que harían parte de los 6 millones de dólares que habría recibido el exviceministro de Transporte, Gabriel García Morales, producto del soborno de la empresa Odebrecht para obtener de forma irregular el contrato de obra del Tramo II de la Ruta del Sol, firmado con el entonces Instituto Nacional de Concesiones (INCO) en 2009.
El exviceministro habría contactado a los detenidos hermanos Enrique José y Eduardo Ghisays Manzur, para que a través de su empresa Oil & Gas Logistics realizaran una transacción para supuestamente legalizar dineros recibidos de la firma brasileña, una operación que se configuraría como lavado de activos.
Según la investigación, los cuatro millones de dólares recibidos y depositados en la firma Oil & Gas Logistics fueron invertidos en acciones en la empresa Pacific Infrastructure, que a su vez los envió a una de sus sedes en Islas Vírgenes.
Dentro de la trama de blanqueo de activos, Gabriel García Morales contactó a sus amigos empresarios Marco Gianpaoli y Menzel Amín, quienes aportaron 2 millones de dólares adicionales, para quedarse con el 85% de la panameña Oil & Gas Logistics, que forjó un patrimonio ilícito de 4 millones de dólares.
Esos recursos invertidos en acciones en Pacific Infrastructure, fueron los afectados por la Fiscalía con fines de extinción de dominio.
Con esa decisión, la Fiscalía General de la Nación inició los trámites de medidas cautelares sobre las acciones de la sociedad OIL & Gas Logistics para proceder a la extinción de dominio y que el dinero sea trasladado al gobierno colombiano.
Como el trámite para que un juez de las Islas Vírgenes emita un fallo, podría durar más de cinco (5) años, la Fiscalía logró un acuerdo con Enrique José Ghisays, quien como parte de su colaboración con la justicia, a través de una carta a la empresa Pacific Infrastructure facilitó la recuperación de los 4 millones de dólares que se espera lleguen a las arcas del gobierno colombiano en un año.
La ironía de la multinacional
A todas estas, la multinacional hizo llegar un comunicado en el que “celebra la labor que adelanta la Fiscalía General de la Nación y los demás órganos de investigación del Estado, en la lucha contra la corrupción, y tiene la convicción de que el sistema de contratación pública colombiano adoptará las mejores prácticas con el compromiso de todos los actores, tanto privados como públicos”.
Señala que “Odebrecht consciente de sus errores y aprendizajes y a la luz de su nuevo marco de comportamiento global bajo estrictas normas de gobierno corporativo, rechaza cualquier instrumento o iniciativa empresarial que contravenga el orden legal o institucional. Por ello, Odebrecht reitera su firme disposición de seguir honrando las obligaciones contraídas con la Fiscalía General de la Nación a través de los acuerdos de colaboración suscritos en diciembre de 2016.
Síganos en nuestras redes sociales: