Los gobernadores están de acuerdo con que el Gobierno de Iván Duque que se posesiona el próximo 7 de agosto debe trabajar fuertemente en buscar una reforma Sistema General de Participaciones (SGP), con el fin de mejorar, las que calificaron, maltrechas finanzas regionales.

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya dijo que es fundamental que el nuevo mandatario de los colombianos entienda y trabaje para darle solución a la fuerte centralización que hoy existe en el país, y que demanda una urgente necesidad de reformar.

“El presidente Duque debe resolver el problema serio que tiene este país de centralismo exacerbado. El Sistema General de Participación (SGP) cada día más disminuido, los recursos de salud cada vez son menos para las regiones, y en materia de impuestos regionales cada más golpeados. La tarea no es fácil y esperamos que el presidente tenga un buen gobierno, que si le va bien a él, le va bien al país”, señaló el gobernador Amaya.

Gilberto Toro, director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios), dijo que el Sistema General de Regalías logró conceptualmente garantizar que las comunidades locales pudieran acceder a los recursos de regalías para avanzar en los programas sociales que se necesitan en todos los municipios del país.

Toro señaló que se lo que propondrá al Gobierno de Duque, con el que dijo se puede tener un diálogo fluido y productivo es que los municipios tengan autonomía fiscal y que obviamente los tributos no sean iguales en todas las poblaciones del país, pues cada localidad tiene ingresos desde distintas fuentes.

Igualmente planteó una autonomía catastral, dejando de lado el monopolio que hasta ahora tiene el Instituto Geográfico Agustín Codazzi que impide que muchos municipios puedan realizar la actualización de sus predios y de esta forma tener unas renta más cercanas a la realidad.

Igualmente dentro de esa reforma tributaria territorial, estaría que los municipios cobren los impuestos sobre actividades rentables para cada población, pues en la actualidad resulta en muchos casos más costoso cobrar los impuestos frente a lo que se recauda.

Análisis desde afuera

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), los municipios y departamentos en Colombia se caracterizan por tener ingresos fiscales inferiores a su potencial de recaudación y un gasto público por habitante inferiores a su necesidad.

Además, los entes territoriales en el país cuentan con recursos menores a sus necesidades de gasto en condiciones de equidad, lo que no les permite ofrecer más y mejores bienes y servicios públicos a su población.

La brecha fiscal afecta más a las jurisdicciones de menor desarrollo relativo, lo que implica que en el largo plazo persistirán las desigualdades estructurales en las poblaciones y la ineficiencia económica a través de la migración fiscalmente inducida.

Sin embargo, a pesar de las notables desigualdades en el país, no existe un sistema de transferencias de igualación del gasto que permita a las entidades territoriales con menores recursos ofrecer un estándar de bienes y servicios públicos deseado.

Con mayor equidad se pueden reducir los niveles de pobreza de las regiones, especialmente de aquellas que se ubican en la periferia colombiana. Debido a esta situación, este artículo considera que una reforma al sistema de transferencias que busque un esquema de igualación debería hacer parte de las discusiones de política pública del país Colombia se caracteriza por tener disparidades fiscales horizontales y los mecanismos actuales tienen poco impacto en la reducción de dichos desequilibrios.

Un reporte sobre el estado de las finanzas territoriales señala que para 2014, el gasto ejecutado por los gobiernos territoriales en Colombia fue de 91,5 billones de pesos en inversión y de funcionamiento.

Dado que el recaudo potencial estimado es de 36,8 billones de pesos (27,4 billones de pesos en municipios y 9,4 en departamentos), la brecha fiscal total sería de 40,7 billones de pesos (23,8 billones de pesos para municipios y 16,9 billones de pesos para departamentos). Este es el monto de recursos que hicieron falta a municipios y departamentos para alcanzar niveles equitativos de bienes y servicios públicos.

Por tanto, hubo entidades territoriales en las que el gasto por habitante fue inferior a las necesidades en condiciones de equidad, lo que amplía cada vez más las brechas de gasto.

Se necesitaría redistribuir en total aproximadamente 41 billones de pesos para poder igualar la necesidad de gasto y la capacidad fiscal territorial de los municipios y departamentos del país, de acuerdo con la metodología propuesta y la información que se tiene.

Para Cepal, Las disparidades fiscales horizontales perjudican a los municipios y departamentos rezagados, pues generan cada vez mayores brechas entre la cantidad y calidad de bienes y servicios públicos ofrecidos. Pero no solo se trata de crear un sistema de transferencias de igualación, sino también de que los entes territoriales de Colombia se esfuercen por llegar a su potencial de recaudo tributario, pues actualmente se recauda menos de la capacidad ipalmente en los municipios.

Comisión de gasto

Por su parte la Comisión de Gasto Púbico que presentó su informe hace unos meses sobre las finanzas territoriales señaló que se debe Reformar el sistema general de regalías con el propósito de eliminar las inflexibilidades provenientes de los porcentajes de destinación específica establecidos en las normas constitucionales; integrar sus recursos con los de la nación y los de las entidades territoriales en un sistema conjunto de planeación, programación y ejecución del gasto de inversión con un impacto en las regiones; permitir que los recursos de las regalías puedan financiar pagos de deudas territoriales referentes, entre otros asuntos, a salud, pensiones y fallos judiciales adversos; revisar los porcentajes de regalías que reciben los municipios productores, cuyo bajo nivel ha eliminado el incentivo para el apoyo local a proyectos mineros y petroleros; establecer normas que incentiven la financiación de proyectos significativos y que impidan la atomización de los recursos.