LA LUPA MÁS GRANDE PUESTA A LAS ELECCIONES EN COLOMBIA
Cartel de votos: implican a 6 del nuevo Congreso

Fiscalia
Fiscal, Néstor Humberto Martínez reveló el 'modus operandi' de la red de corrupción electoral en el país. 

 

Tres senadores y tres representantes a la Cámara que tienen asiento en el próximo Parlamento están involucrados en la más grande investigación por corrupción electoral que se ha realizado en Colombia, en este caso la Fiscalía puso la lupa sobre los comicios legislativos de marzo pasado.

Las pesquisas por siete hechos no relacionados entre sí y que se registraron en diferentes regiones también encartan a un alcalde, dos diputados del Atlántico, dos concejales de Barranquilla y más de 50 funcionarios y ciudadanos que según el ente acusador cumplían diferentes roles en las redes de compra de votos.

El pasado 31 de mayo, el fiscal Néstor Martínez, anunció que después de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales revelaría la existencia de una red de compra de votos que calificó de "nauseabunda".

"En el sistema electoral, lo que acabamos de hacer en Barranquilla hemos descubierto una verdadera empresa, una organización criminal dedicada a la compra de voto, con organigramas, con manuales de funciones”, dijo.

Añadió en esa oportunidad Martínez Neira que “el país va a quedar escandalizado cuando se conozca y no lo haré sino después de segunda vuelta, para que no digan que estoy interviniendo en política. La dimensión de la corrupción electoral es nauseabunda”.

Pues bien, ayer la Fiscalía entregó el mentado informe y lo que consigna revelaría el grado a que ha llegado la corrupción electoral en Colombia, que ahora se conoce en su real dimensión por la Ley 1864, que además de tipificar más conductas que afectan la pureza del voto, puso en cabeza de la Fiscalía investigar este flagelo.

 

1. Operación Casa Blanca

 

Tras las elecciones parlamentarias de marzo anterior fue capturada la senadora electa Aida Merlano porque las investigaciones de la Fiscalía encontraron que habría incurrido en corrupción al elector. Hoy el organismo tiene claro que la casa en Barranquilla en donde se encontraron talonarios de pago y registro de ciudadanos que habrían vendido el voto, era el centro de operaciones de una organización delincuencial que empezó a operar en las elecciones regionales de 2015

“Se pudo establecer que, en realidad, se trataba de una organización delictiva que operaba como una empresa al servicio de campañas políticas”, señaló la Fiscalía.

Añadió que la organización funcionaba al servicio de candidaturas que eran apoyadas por un grupo de dirigentes políticos regionales que, a su vez, contactaban líderes encargados de reclutar electores de sus mercados cautivos.

Las pruebas muestran según la Fiscalía que esta organización funcionó no solo a favor de la campaña de Merlano, también para la candidata a la Cámara por Atlántico, Lilibeth Llinás, quien no fue elegida.

La estructura de la organización habría estado conformada por los candidatos al Congreso, Aida Merlano y Lilibeth Llinás; los diputados del Atlántico Jorge Rangel y Margarita Balén; los concejales de Barranquilla, Juan Carlos Zamora y Aissar Castro Bravo, entre otros.

Por estos hechos están capturados e imputados siete ciudadanos y con base en el recaudo probatorio de la Fase II, el próximo 30 de julio la Fiscalía imputará a la candidata Lilibeth Llinás los delitos de concierto para delinquir y corrupción de sufragante en concurso homogéneo y sucesivo;  a los diputados y los concejales antes señalados, los delitos de concierto para delinquir y corrupción de sufragante en concurso homogéneo y sucesivo.

Además, el fiscal de conocimiento compulsó copias el 20 de junio ante la Corte Suprema de Justicia en contra de la senadora electa Aída Merlano, por el delito de violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales.

 

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Así era la estructura: 

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2. Compra de votos al Senado en Ciénaga, Magdalena

 

Durante las pasadas elecciones a Congreso fue capturado Sergio Andrés Lora, quien portaba casi 7 millones de pesos en efectivo, un aparente listado de votantes y propaganda política alusiva al candidato al Senado, Fabián Castillo, actual Representante a la Cámara.

El alcalde de Ciénaga, Edgardo de Jesús Pérez Díaz – conocido como “el Nene Pérez” – una vez supo de la captura, se dirigió hasta el Puesto de Mando Unificado del día de las elecciones en la Dirección de Policía del Magdalena. Una vez allí, solicitó tomar contacto con el director seccional de la Fiscalía y le pidió ayuda para que el señor Lora no fuera judicializado.

También está documentado en el expediente que el electo senador Fabián Castillo habría estado visitando al detenido Lora Ávila en la estación de policía a la cual fue inicialmente conducido para el proceso de judicialización.

El fiscal de conocimiento radicó audiencia de imputación en contra de Lora Ávila por los delitos de corrupción al sufragante, falsedad en documento privado y fraude procesal porque habría intentado desviar las investigaciones.

También se solicitará audiencia de imputación de cargos contra el alcalde de Ciénaga, Edgardo de Jesús Pérez, a quien se le imputará el delito de tráfico de influencia de servidor público.

Además la Fiscalía compulsó copias ante la Corte Suprema contra el representante Castillo.

 

3. Compra de votos en Medellín

 

Un Fiscal investiga los hechos según los cuales la campaña de Margarita Restrepo, candidata a la Cámara de Representantes, reelegida al Congreso, ofreció a sus votantes, de manera subsidiada, viajes a San Andrés Islas por un valor de 120.000 pesos, tabletas a 30.000 pesos y televisores de 49 pulgadas a 350.000 pesos, siempre y cuando se comprometieran a marcar el número 102 en el tarjetón de su partido a la Cámara de Representantes por Antioquia.

Con base en los elementos materiales probatorios de esta investigación, el fiscal de conocimiento compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia contra la representante del Centro Democrático, Margarita Restrepo.

 

4. Corrupción en el SENA de Caucasia

 

El subdirector del SENA en Caucasia, Braulio Suárez, habría reunido a empleados y particulares en diferentes lugares públicos para exigirles que votaran por el representante a la Cámara y ahora senador electo, Julián Bedoya Pulgarín.

Según las investigaciones, Suárez habría exigido el voto advirtiendo que si el candidato era elegido en el Congreso, el subdirector del SENA se encargaría que quienes tenían contrato con el SENA lo mantendrían y quienes no lo tenían podrían ser nuevos contratistas.

 

5. Constreñimiento en Bogotá

 

Desde noviembre de 2017, Julián Gutiérrez, contratista de la Secretaría de Integración Social de Bogotá, supuestamente exigió a las profesoras de jardines infantiles de la localidad de Kennedy que votaran de forma direccionada por el candidato a la Cámara, Diego Caro, y su fórmula al Senado, María Fernanda Cabal, con la amenaza de que en caso de no hacerlo, no se les renovarían sus contratos, indicó la Fiscalía.

Añadió que para confirmar el compromiso, les exigió la elaboración de un listado con el nombre de al menos 10 familiares, sus números de cédula y barrio de residencia y la participación en reuniones a las que asistieron mínimo 20 personas.

 

6. Tarjetones marcados en Cauca

 

Felipe Muñoz, aspirante a la Cámara y miembros de la comunidad de López de Micay denunciaron que, en este municipio pudo haber alteración en los resultados de las elecciones a Congreso, que habría beneficiado a Faber Muñoz, quien fue elegido como cuarto representante a la Cámara por el departamento del Cauca.

Según la denuncia, el fraude se habría presentado en siete  mesas de seis  corregimientos donde, aparentemente, los resultados del preconteo no se habrían reportado oportunamente a la Registraduría departamental y, además, habrían aparecido más de 250 votos marcados en favor del entonces candidato.

 

7. Jurados en Soledad, Atlántico

 

En las pasadas elecciones de Congreso de la República se denunció una presunta alteración en el procedimiento de selección de jurados de votación para el municipio de Soledad (Atlántico). Esta habría consistido en el registro irregular de candidatos a jurado en el sistema de la Registraduría.

Según estableció el fiscal de conocimiento, la Registraduría especial de Soledad envió a la señora Sheyla Ali Barrios, quien figuraba en el directorio de un partido político para anteriores comicios, sin previa verificación, el código de acceso para cargar al sistema los nombres de los candidatos a jurado de votación en ese municipio. La señora Barrios inscribió 1.370 aspirantes a ser jurados, de los cuales resultaron elegidos 1.107.