La Contraloría General de la República solicitó a la Agencia Nacional de Tierras, ANT, que adelante las acciones judiciales dirigidas a anular las ventas de predios de origen baldío en aquellos casos en que se verifique acumulación indebida de Unidades Agrícolas Familiares, o enajenaciones efectuadas por adjudicatarios originales sin el lleno de los requisitos legales.

En el informe emitido por el organismo de control son 33 los casos referentes a 322 predios, para un total de 123.482,89 hectáreas, algunos de ellos pertenecientes al ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, y su antecesor Rubén Lizarralde, la organización Luis Carlos Sarmiento, entre otros.

Aunque la Dirección de Vigilancia Fiscal de la Delegada del Sector Agropecuario estableció que dado que las transacciones se derivaron de negocios entre particulares, no es posible imputar a ninguno de estos daño fiscal tal como lo prohíbe expresamente la Ley 610 de 2000, la Contraloría asegura que hay una violación en los topes establecidos por la ley como son las 450 hectáreas de la Ley 135 de 1961 o de la Unidad Agrícola Familiar.

La Contraloría no estableció un detrimento patrimonial, pues se sale de su competencia, ya que una vez el Estado adjudica los baldíos, estos salen del patrimonio de la Nación y pasan a formar parte del dominio privado.

Los resultados de la investigación fueron trasladados a la Fiscalía y a la Procuraduría para que determinen si existe responsabilidad penal o disciplinaria por parte de funcionarios "frente al deber institucional de evitar que predios particulares adjudicados originalmente como baldíos fueran vendidos y consolidados en unidades de Unidad Agrícola Familiar, UAF, superiores a las permitidas por la Ley".

Implicados

Estos son algunos de los implicados en el informe de la Contraloría: 

Sociedad Agropecuaria El Ubérrimo: La hacienda con este nombre es la propiedad más emblemática del senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez. 

Familia Ganem Bechara: Es una de las más influyentes y reconocidas de Córdoba y Sucre, con propiedades de tierras, negocios de ganado y haciendo parte de la directiva de la Universidad del Sinú. 

Cerro Matoso: Empresa minera que opera fundamentalmente en Córdoba. 

Pedro Ghisays Chadid: Exgobernador de Córdoba y dueño de la empresa Apuestas Córdoba. 

Lina María Vélez Gaviria: Comerciante de Córdoba, hija de William Vélez Sierra, líder del Grupo Ethus y accionista mayoritario de Inversiones Las Cumbres. 

William Enrique Salleg Taboada: Propietario y director de los diarios El Meridiano, de Córdoba y de Sucre. 

María Catalina Raffo Palau y Carlos Arturo Llano Henao: Inversionistas del Valle del Cauca, mencionados en otras oportunidades por posible acumulación de baldíos.

Campo, Ximena Ángel Gaviria-Alejandro Campo Saavedra, Doris María Fernanda Campo Saavedra y Fabio Campo.

Iragorri se defiende

“Nunca he hecho gestiones ante las entidades del Estado para favorecer la adquisición de tierras, ni para mí, mis familiares y terceros”, puntualizó el ministro de Agricultura, frente a la comunicación emitida por la Contraloría General de la República, en la cual solicita tomar medidas judiciales para anular la venta de tierras de origen baldío.

“No tengo ni un solo centímetro de tierra en Vichada ni en ningún otro lugar de la altillanura colombiana”, señaló el jefe de la cartera agrícola.

Asimismo, sostuvo que “me parece inadecuado que en la información emitida por la Contraloría, la cual en general se refiere y debe referirse a personas naturales o jurídicas concretas, se haga referencia a familiares, generando un vínculo hacia la opinión pública con mi persona, aunque el órgano de control no me hace ninguna imputación personal”.

“Nunca he hecho gestiones ante las entidades del Estado para favorecer la adquisición de tierras, ni para mí, mis familiares y terceros”, añadió.

Finalmente expresó que cree en “la buena fe” y respeta la labor empresarial de sus familiares. 

“Estoy seguro de que ellos sabrán dar las explicaciones correspondientes al país y a los organismos de control que las soliciten”, puntualizó.

Las tierras de Uribe

Uno de los predios investigados por la acumulación de baldíos es la finca El Ubérrimo, ubicada en los municipios de Montería y San Juan y de propiedad del expresidente y Senador Álvaro Uribe Vélez.

El jefe del Centro Democrático, en la sesión plenaria realizada en el Senado de la República sostuvo que “en mi grupo familiar tenemos una explotación agropecuaria de aproximadamente 1.500 hectáreas. El Contralor y grupos políticos me acusan de acumulación ilegal de 103 hectáreas que no conforman un predio físico. Están en 9 adquisiciones.

Todas fueron baldíos adjudicados por el Estado antes de 1994 a particulares ajenos a mi familia o a mi persona”.

El exmandatario explicó que “las compras son legales y no constituyen acumulación ilegal por cuanto el Estado adjudicó estos predios antes de la Ley 160 de 1994. Así se desprende claramente de la Superintendencia de Notariado y Registro, en su Instrucción Administrativa 09 de 2017. También la Corte Constitucional lo deja claro en la sentencia C-077 de 2017 que en el numeral 145 de los considerandos dice: ‘El régimen contenido en el título XII de la Ley 160 de 1994 y que aplica a las adjudicaciones hechas en vigencia de tales disposiciones…’, lo cual significa que la restricción sobre acumulación no aplica a las adjudicaciones anteriores a dicha Ley. Estos predios no tenían advertencias en los folios de matrícula inmobiliaria, por lo cual notarios y registradores protocolizaron las escrituras y efectuaron los registros”.

Según Uribe “un predio fue comprado a una sucesión. Cuatro predios fueron comprados a quienes habían sido adjudicatarios de baldíos. Tres predios fueron comprados a dueños que habían adquirido de adjudicatarios de baldíos o de adquirentes posteriores. Un predio de 1 hectárea más 2.792 metros cuadrados fue adquirido por única escritura”.

Advirtió que “con los anteriores argumentos acudiré a todas las instancias judiciales y administrativas. Si se consolida este abuso y tengo que perder este pedazo de tierra, o pagar por una cabida equivalente, lo haré, pero de ninguna manera renunciaré a mi vocación de empresario honorable del campo, con sentido social, y por motivo alguno dejaré de oponerme al proceso ‘castrochavista’ que avanza en Colombia, como lo muestran estas temerarias acusaciones”.