En cumplimiento de las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia, las fuerzas armadas de Venezuela cerraron el Parlamento el jueves en la madrugada. Justificaban su acción porque no era necesario que siguiera abierto, ya que la justicia le había quitado todas las competencias legislativas a los parlamentarios.

Tres días, a partir de entonces, trascurrieron en medio de una brumosa tensión. La oposición calificó el hecho de “Madurazo”, equiparando lo sucedido con la decisión tomada por Alberto Fujimori, en 1992, de cerrar el legislativo. Del lado opositor, no hubo ninguna reacción.

Con el hermetismo típico de los regímenes semi-autoritarios – y los que no-,  Nicolás Maduro optó por hacerse el de los oídos sordos. En un evento con funcionarios de la administración y miembros de la fuerza armada, condecoró a una serie de personas, sin pronunciar alguna palabra sobre lo sucedido.

Ante la falta de un pronunciamiento oficial, la comunidad internacional, en cascada, reprochó el cierre de la Asamblea Nacional. Lima, que venía de pelea con Caracas desde hace meses, retiró su embajador como desapruebo. Estados Unidos exigió elecciones y dijo que era evidente el “rompimiento constitucional”. Igualmente, la OEA citó a una reunión extraordinaria este lunes.

Mercosur fue más allá. El sábado, mientras Caracas y otras ciudades se veían invadidas por miles de marchantes, decidió aplicarle la Cláusula Democrática a Venezuela. Conocida también como Protocolo de Ushia, este documento significa que el país queda suspendido por “romper el orden democrático”. Este bloque económico reúne a Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia, que está en proceso de adhesión.

Mientras el mundo reaccionaba, el jueves la Asamblea seguía bloqueada. Los parlamentarios opositores, sin embargo, se organizaban para presentar un discurso fuera del recinto. El presidente del Parlamento, Julio Borges, tomó la palabra y llamó “golpe de Estado” la decisión del tribunal. Luego rompió una hoja que contenía el falló y lo rompió. “Basura es lo que significa”, dijo.

La noche del jueves parecía una escena típica de los años ochenta en Latinoamérica. Una gran mayoría pensaba que los tanques se tomarían las calles y las boinas impedirían, por decreto, el ejercicio de los derechos civiles. Pero esto no ocurrió. Todo seguía gobernado por un manto de “supuesta” democracia.

El chavismo amaneció acorralado. Y, sobre todo, lleno de fracciones, de grietas. La Fiscal general, Luisa Ortega, miembra del oficialismo, declaró que la sentencia era un “autogolpe de Estado” y estaba por fuera de la Constitución Bolivariana, por la que tanto luchó“Hugo Chávez”.

Al conocer las declaraciones de Ortega, Maduro decidió convocar a un Consejo de Seguridad con los jefes de las ramas del poder. Invitó a Borges, presidente del Parlamento, quien no asistió, alegando que “rompimiento constitucional” había sido culpa del presidente. Ortega tampoco fue.

La misma escena que algunos recreaban el jueves por la noche se volvió más real el viernes. Mientas que Maduro, sus ministros y algunos jefes de los poderes públicos se reunían, había una oscura incertidumbre. ¿Será que va decretar la dictadura?; ¿Va dialogar con la oposición?

Finalmente el presidente decidió revertir el fallo del Tribunal que le quitaba todas las facultades legislativas al Parlamento. Una decisión que, al contrario de lo que esperaba, no calmó el ambiente, sino que le dio fuerza a la oposición para convocar más gente el sábado en las calles de todo el país.

Miles de personas salieron a las calles para protestar contra Nicolás Maduro el sábado. El clamor popular fue el mismo de ocasiones anteriores: alimentos, medicinas y elecciones. A este último punto le teme el chavismo. En un posible escenario electoral, podría perder de manera histórica.

Sorpresa o símbolo

La política no sólo es dialéctica, elecciones y ejecución. En su compleja estructura, también tiene un componente simbólico que, en el caso de Venezuela, se rompió. Antes del jueves, era claro que la institucionalidad venía agonizando; ya casi no existía. Pero la presencia simbólica del Parlamento, así sus decisiones no fueran efectivas por estar en “desacato”, era esencial para el débil desarrollo de la democracia venezolana.

La democracia venezolana venía agonizada desde mediados de 2015. Cuatro de los cinco poderes públicos estaban captados por el oficialismo, que se tomó la justicia, el poder electoral, el ciudadano y le dio más poderes, mediante un control de estos, a un Ejecutivo que viene gobernando a través de facultades excepcionales.

¿Qué democracia, qué institucionalidad había en Venezuela antes del jueves? El chavismo siempre ha justificado que llegó al poder a través de elecciones libres y populares. De ello, no hay ninguna duda. Pero desde que se vio amenazado en el poder dejó de citar a las urnas.

El chavismo le debe dos elecciones a la oposición. La primera de ellas es el referendo revocatorio, el cual esquivó, de instancia en instancia, hasta que logró alegar que esta consulta no estaba dentro del tiempo estipulado por la Constitución para ser citada. Resulta, sin embargo, que el Consejo Nacional Electoral (CNE), fue quien demoró la solicitud en la entidad, hasta que pudo decir que estaba por fuera los términos, a comienzo de este año.

La otra elección es –llamándola de una forma más convencional-  “un referendo a la brava”. La oposición, al no poder realizar el referendo revocatorio, optó por hacer uso de sus mayorías parlamentarias en la Asamblea y decretar a Maduro en “abandono de cargo” el 10 de enero. Esta decisión obligaba al Ejecutivo a ceder el poder al vicepresidente y convocar a elecciones atípicas para elegir a su sucesor, un mes después.   

Es claro que el chavismo ya no le queda el argumento electoral para defender una supuesta democracia imperfecta, pero al fin y al cabo, democracia. La justicia, las elecciones, las fuerzas militares, en fin, todo aquello que constituye el Estado, está en sus manos, aplastando la otra parte: la oposición.

Hasta el jueves la oposición contaba, al menos, con el Parlamento para decir que había “algo de institucionalidad”. Justificaba su presencia allí tras un resultado histórico en las elecciones legislativas de 2015, en las que ganó de manera arrolladora. Pero, en realidad, en los últimos dos meses, tras ser declarada en “desacato”, hacía presencia para enviar un mensaje: la Asamblea existe, así otros poderes desconozcan sus decisiones.

Esa existencia se hizo nula. Porque el Ejecutivo cerró las puertas del Parlamento y rompió el simbolismo que la oposición le había dado, así actuara en desacato. Le quitó el lugar predilecto para demostrar que existe, que es real.

Maduro le ordenó al Tribunal que la devolviera las facultades, el viernes en la tarde. Pero el daño ya está hecho, como dice Borges. El chavismo rompió no sólo  la poca imagen institucional que le quedaba, sino que a su vez, acabó con la parte simbólica de la política, al cerrar las puertas del Parlamento.