Los sobrevivientes de la tragedia en Mocoa, cuya cifra oficial ya es de 286 muertos, intentan sobreponerse y retomar sus actividades en medio de los fétidos olores por la descomposición de los animales y sorteando la escasez de agua, alimentos y medicinas, al tiempo que las autoridades anuncian medidas para establecer responsabilidades por lo ocurrido.
Fiscalía, Procuraduría y Contraloría ya empezaron sus actuaciones y llamaron la atención sobre la necesidad de adoptar medidas que permitan prevenir una situación tan dramática como la que hoy se vive en la capital del departamento de Putumayo, por cuenta del desbordamiento de dos ríos y tres quebradas.

Es así como la Fiscalía inició indagaciones para establecer si se presentaron irregularidades por parte de las autoridades para prevenir la tragedia.

En el marco de las investigaciones, el ente acusador llamará a declarar al actual alcalde de Mocoa, José Antonio Castro; su antecesor Elver Cerón; la gobernadora de Putumayo, Sorrel Aroca y, el exgobernador, Jimmy Harold Díaz.

Los funcionarios deberán explicar qué medidas se tomaron para prevenir la avalancha de lodo, piedra, palos y tierra, dado que habría registros que alertaban sobre una posible inundación, para el año 2014.

El ente investigador deberá establecer si los funcionarios tienen alguna responsabilidad por omisión frente a estos hechos.
Así mismo, el contralor Edgardo Maya dijo que aunque deberán establecer las responsabilidades que puedan resultar por la avalancha, más que imponer sanciones, se deben implementar medidas preventivas, para evitar que sigan ocurriendo tragedias de esta magnitud.

“Aquí como en todas las situaciones, hay que establecer responsabilidades, pero no es el tema represivo, es el tema preventivo. De qué valen las actuaciones y todas las sanciones que se impongan ahora frente a 260 o 270  muertos.

Entonces, lo que necesitamos en el país son políticas preventivas. Antes de y no después de, porque lo que vamos hacer es el levantamiento de un acta de defunción masiva, y yo creo que esa no es la solución”, aseguró Maya.

Y agregó que “hay que hacer un juicio y se establecerán las responsabilidades fiscales, penales y disciplinarias, por parte de la Contraloría, Fiscalía y Procuraduría, pero lo importante es la función preventiva de todos los órganos del Estado y de control, función que ya no tiene la Contraloría General de la República, porque la Corte Constitucional le quitó la Función de Advertencia”.

Para Maya, la pobreza obliga a muchos colombianos a ubicar sus viviendas en lugares de alto riesgo, situación que se da en varias ciudades del país, lo que ha llevado a que se registren varias tragedias.

Llamado

También la Procuraduría hizo un llamado al Ministerio de Ambiente, concejos municipales y distritales, Corporaciones Autónomas Regionales, de desarrollo sostenible y autoridades ambientales urbanas, para que adopten medidas urgentes que puedan prevenir tragedias como la sucedida en Mocoa.

En este sentido, instó al Ministerio de Ambiente para que le dé cumplimiento a la explícita estrategia contra la deforestación descrita en el Plan Nacional de Desarrollo.

A través de la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, el organismo de control pidió a las entidades territoriales y autoridades ambientales disponer de instrumentos eficientes para orientar el desarrollo del territorio en la planeación, ordenamiento territorial de amenazas y riesgos naturales, “en armonía con el medio ambiente y las tradiciones históricas y culturales”. 

Explicó que “(…) los municipios y distritos deben tener en cuenta ciertas determinaciones ambientales, que constituyen normas de superior jerarquía, relacionadas con la conservación y protección del medio ambiente y la prevención de amenazas”. 

Recordó el ente de control que los alcaldes y gobernadores son los conductores del Sistema Nacional de Riesgo de Desastres en sus territorios y “están investidos de las competencias necesarias para conservar la tranquilidad y la salubridad en el ámbito de su jurisdicción en armonía con la labor de las corporaciones autónomas regionales en la realización de análisis, seguimiento y prevención y control de desastres”. 

Finalmente, la Procuraduría advirtió que la “omisión o retardo de las funciones propias del cargo”, permitiendo que se origine un riesgo grave o un deterioro a la salud humana, al medio ambiente o a los recursos naturales, “constituye falta gravísima, sancionable hasta con destitución del funcionario e inhabilidad general para ejercer cargos públicos hasta por 20 años”.

Medidas

En lo que tiene que ver con el abastecimiento de agua, el viceministro del Interior, Guillermo Rivera, confirmó que “están operando 31 carrotanques que están distribuyendo agua. La están trayendo desde el municipio más cercano que es Villagarzón, sin embargo se está esperando que lleguen más”.

César Urueña, director de Socorro de la Cruz Roja Colombiana, explicó que unas 500 familias han sido afectadas, 17 barrios están devastados y 25 viviendas se encuentran completamente destruidas.

El paisaje en Mocoa es desolador, con gente escarbando los escombros para encontrar los cuerpos de sus seres queridos, militares cargando en brazos a niños y en camillas a lesionados, calles repletas de barro, piedras y ramas por doquier, casas y vehículos destrozados.

“No hay energía. No tenemos agua. Nada”, aseguró Rocío Hernández, mientras con su beba en brazos subía el sábado una colina para refugiarse a pasar la noche en un albergue.

Mocoa, de unos 40.000 habitantes, seguía sin energía eléctrica ni agua corriente, servicios que el Gobierno intentaba restablecer lo antes posible y cuya falta mitigaba con toneladas de equipos llevados a la zona.

Al mismo tiempo se anunció que Mocoa será reconstruida con financiación proveniente del mecanismo de “impuestos por obras”.

“Lo que se busca es dar instrumentos para que el sector privado pueda tomar una serie de obras de infraestructura que requieren reconstrucción y descontarlas de los impuestos”, dijo el consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo.

El Gobierno expedirá un decreto “a la brevedad posible” para que concesionarios y empresas privadas puedan hacer uso de esta medida y aportar en la reconstrucción de Mocoa. 

Según el ministro de Defensa y gerente de reconstrucción, Luis Carlos Villegas, levantar la ciudad de nuevo puede tardar entre dos años y medio y tres años.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, aseguró que el Ejecutivo cuenta con los recursos para esta labor y que en primera medida se han destinado $40.000 millones para atención humanitaria.