El llamado clima-país se encuentra bastante exaltado y no pocos lo atribuyen al entrelazamiento de una serie de problemáticas estructurales, crisis coyunturales, escándalos de distinto tipo y un agravamiento de la polarización política. Aquí el decálogo de lo más importante en lo que va corrido del año, salvo en el flanco económico. Informe 

1. GOBIERNO MUY IMPOPULAR: en los tres meses largos que han corrido de este 2017 uno de los elementos más sintomáticos ha sido, sin duda, que los niveles de favorabilidad y calificación de gestión del presidente Juan Manuel Santos y su gobierno han caído a sus mínimos históricos. Incluso, en la última encuesta Yanhaas la percepción positiva sobre el Jefe de Estado se descolgó hasta un 17%, al tiempo que en ese sondeo como en otros de los últimos tres meses la insatisfacción con el jefe del Ejecutivo es superior al 70 y 75% en promedio. Por igual, el pesimismo es la nota predominante a nivel nacional, no sólo por las problemáticas coyunturales y estructurales que no logra solucionar en forma efectiva el Gobierno, sino porque los escándalos de corrupción a todo nivel han llevado a la ciudadanía a un clima casi de incredulidad en el Ejecutivo y la clase política en general. Aunque desde la Casa de Nariño se han puesto en marcha distintas estrategias para romper ese ambiente marcado de pesimismo, e incluso se ha tratado de señalar a los medios y a la oposición de ser los culpables de esa percepción, los índices en las encuestas siguen de capa caída.
2. ESCÁNDALO DE ODEBRECHT: si bien en Colombia, lastimosamente, a cada tanto estallan escándalos de corrupción que, en su momento, llegan a ser considerados como de los más graves de la historia reciente, no puede negarse que el país se impactó como nunca antes con el desarrollo que ha tenido todo el entramado de sobornos, tráfico de influencias, amaño de contratos, infiltración en campañas presidenciales y relaciones non sanctas protagonizado por la multinacional Odebrecht. Hoy por hoy tanto las campañas presidenciales de Santos de 2010 y 2014 así como la de Oscar Iván Zuluaga en 2014 están bajo investigación. Ya están presos un exviceministro de Uribe, investigados dos exministras de Santos, así el gerente de sus dos campañas, capturados igualmente un exsenador y tres empresarios, en la mira el presidente de la ANI así como un alto cargo del Banco Agrario, junto a más de una decena de altos funcionarios, exfuncionarios, contratistas. Y, como si fuera poco, 12 congresistas están en el radar de la Corte Suprema de Justicia. Y eso que todas esas pesquisas se han adelantado sin que todavía Estados Unidos ni Brasil hayan entregado toda la información que confesaron los directivos de Odebrecht sobre sus andanzas en Colombia. Ello sólo ocurrirá en junio próximo.
3. AUMENTA PULSO SANTISMO-URIBISMO: la polarización política se viene acentuando aún más en lo corrido del año. Los enfrentamientos políticos entre el santismo y el uribismo han escalado por temas relacionados con el proceso de implementación del acuerdo con las Farc, sobre todo en cuanto a los alcances de la amnistía y la Jurisdicción Especial de Paz (JEP); el rifirrafe por la distribución de cuotas de culpabilidad en escándalos como los de Odebrecht, Reficar y regalías, entre otros; el aumento de los narcocultivos; las denuncias internacionales de la oposición contra el Gobierno; los picos de tensión con Venezuela; los debates en el Congreso bajo la figura del ‘fast track’; las controversias por los movimientos burocráticos al interior de la coalición; los índices de inseguridad regional… Incluso se llegó al extremo de que la mayoría de la bancada del Centro Democrático firmó una carta pidiendo la renuncia de Santos. Sin embargo, el punto culminante de ese pulso se dio el pasado 4 de abril cuando el uribismo citó a marchas a nivel nacional para protestar contra el gobierno Santos por múltiples aspectos. Aunque desde las toldas gobiernistas se creía que la convocatoria no iba a tener mayor eco, al final miles de personas se lanzaron a las calles y ello significó un triunfo político para la oposición y una evidencia del debilitamiento gubernamental.
4. ACCIDENTADA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO DE PAZ: la marca predominante del arranque de 2017 ha sido la complicada puesta en marcha del pacto con las Farc. No sólo por las demoras que se presentaron en la activación de las 26 zonas veredales y campamentarias para que se concentraran alrededor de 7.000 guerrilleros y milicianos, sino porque a la par de ese proceso se evidenció que el nivel de deserción de subversivos fue superior al 7%, lo que implica entre 400 o 500 disidentes, sobre todo en zonas de alta densidad de narcocultivos. A ello se suma que la guerrilla puso mucha traba para comenzar a devolver a los menores de edad en sus filas y que la Misión de Monitoreo y Verificación también tuvo que superar varios problemas logísticos para arrancar el registro de las armas que van a entregar los subversivos. Ya en el plano político, el trámite de proyectos de ley y acto legislativo ha sido bastante accidentado, no sólo por la lentitud del ritmo legislativo, pese al ‘fast track’, sino porque iniciativas como la JEP dieron orígenes a muchas controversias en Senado y Cámara, así como advertencias de la CPI, la HRW y otras instancias locales y foráneas. A ello se suma que la Corte Constitucional le puso un tatequieto a los proyectos de ‘fast track’ y facultades presidenciales especiales. Las partes también se reunieron en Cartagena y tras concluir que el proceso iba lento, acordaron acelerar el ritmo. Sin embargo, lejos de generar consensos, el proceso de implementación del acuerdo de paz profundiza la polarización nacional, como lo evidencian las encuestas.
5. EL RELEVO VICEPRESIDENCIAL: aunque desde el año pasado se sabía que antes de terminar el primer trimestre del año el vicepresidente Germán Vargas Lleras daría un paso al costado con el fin de no inhabilitarse para ser candidato presidencial en 2018, el cambio de tercio no fue tan tranquilo como se esperaba. Tanto La U como los liberales y otros partidos aumentaron progresivamente sus presiones a Santos y al propio Vargas Lleras para que este acelerara su salida del Gobierno, intentos que resultaron fallidos puesto que el Vicepresidente decidió hacer una última gira para entregar viviendas y obras de infraestructura en varias decenas de municipios. Aunque se trató de presionar al Presidente para que asumiera las inauguraciones y entrega de escrituras de las viviendas gratis, al final Vargas cerró su ciclo con resultados muy importantes.Incluso su acto de rendición de cuentas fue masivo, lo que generó incomodidades en sus rivales políticos. Su reemplazo, sin embargo, no produjo polémica alguna, puesto que Santos lo anunció con mucha antelación: el general retirado Oscar Naranjo, que recibió el respaldo de la mayoría de los partidos, a excepción del uribismo. Al final quedó claro que nadie asumirá la labor de coordinación de la política de infraestructura y que Naranjo se enfocará en posconflicto, política antidroga, seguridad urbana y protección de líderes sociales.
6. LA DEBACLE ANTIDROGAS: uno de los aspectos más impactantes de 2017 ha sido el preocupante aumento de los narcocultivos, que según el informe de la JIFE (agencia de la ONU) pasaron de 59.000 a 96.000 hectáreas, pero que de acuerdo con el reporte del Departamento de Estado norteamericano llegaron en 2016 a 188.000 hectáreas, es decir que en menos de dos años se duplicó la extensión de sembradíos de hoja de coca, amapola y marihuana. En ambos casos quedó en evidencia que una de las causas del incremento de los narcocultivos fue el proceso de paz con las Farc, ya que no sólo la Fuerza Pública disminuyó sus operativos de erradicación en zonas en donde operaba esa guerrilla, sino que esta última impulsó a muchos campesinos a que sembraran más coca para hacerse acreedores a las ayudas económicas pactadas en La Habana en el plan de sustitución voluntaria de los sembradíos ilegales. Estados Unidos, con una administración Trump que será más exigente en materia de lucha contra el narcotráfico, ya no sólo anunció que se reducirán los aportes al Plan Colombia, sino que se replanteará toda la estrategia bilateral. El gobierno Santos sostiene que ya con el pacto con las Farc firmado, se acelerará la erradicación voluntaria y que tiene firmados compromisos con campesinos para acabar con 50.000 hectáreas este año.
7. TEMPRANERA CAMPAÑA PRESIDENCIAL: en lo que va corrido de este 2017 ya quedó claro que la puja por la sucesión de Santos arrancó y la contienda ya no tiene reversa. No sólo porque se sabía que la renuncia de Vargas Lleras (que encabeza la mayoría de las encuestas de preferencias) hacía las veces de banderazo de la carrera por la Casa de Nariño, sino porque en cuestión de pocas semanas se fue ampliando el número de precandidatos y candidatos. En este primer trimestre ya se lanzaron los nombres del senador Jorge Enrique Robledo (Polo), Claudia López (Alianza Verde), Piedad Córdoba (izquierda), Juan Manuel Galán (liberal) y el cuarteto uribista (Oscar Iván Zuluaga –que aplazó su campaña por el caso Odebrecht-, Carlos Holmes Trujillo, Iván Duque y María del Rosario Guerra). A ellos se suman, Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez, por las toldas conservadoras. Todos ellos han manifestado públicamente que quieren ser candidatos. De otro lado, aunque no han oficializado su aspiración es claro que ya están calentando motores Humberto de la Calle (liberal), Gustavo Petro (Progresistas) y Sergio Fajardo (Compromiso Ciudadano). No se han definido Francisco Santos (uribista), Juan Carlos Pinzón (La U), Clara López (Polo) y Juan Fernando Cristo (liberal). Como se dijo, ya a ese partidor le restan pocos nombres por sumar, quizá el de Luis Alfredo Ramos, en tanto se da por descartado al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas.
8. REFICAR Y ELECTRICARIBE, AMENAZAS FISCALES: aunque el escándalo Odebrecht se ha llevado la mayoría del escenario mediático y político, sobre todo después de involucrar a las dos campañas presidenciales, lo cierto es que la cantidad de recursos públicos en peligro por ese entramado de sobornos, tráfico de influencias y amaño contractual es mucho menor a lo que está en juego en casos como los de Reficar y Electricaribe. En el primero, la Contraloría abrió un proceso de responsabilidad fiscal por 6.080 millones de dólares, a raíz del daño patrimonial que se pudo dar en el proceso de construcción y puesta en marcha de la Refinería de Cartagena. Se trata del proceso por daño fiscal más cuantioso en la historia del país, ya que por deficiencias en la ejecución del proyecto hubo un detrimento de 4.144 millones de dólares y por la entrada tardía en operación un lucro cesante de 1.936 millones de dólares. Y en cuanto a Electricaribe, la decisión de la Superintendencia de Servicios Públicos de intervenir la cuestionada empresa que prestaba un servicio deficiente en ocho departamentos de la costa Caribe, llevó a la consorcio matriz español Gas Natural Fenosa a demandar al Estado colombiano por 1.000 millones de euros ante una instancia de la ONU.
9. TENSIÓN CON VENEZUELA: las relaciones entre Colombia y Venezuela en este 2017 han tenido varios picos de tensión, en gran parte por el creciente agravamiento de la crisis política, social, económica e institucional en el vecino país. El caso más grave se dio cuando una unidad militar venezolana cruzó la margen fronteriza e instaló un campamento en área rural del municipio de Arauquita, en Arauca. Si bien el gobierno Santos se puso al frente de la situación y habló directamente con el presidente Maduro, logrando el retiro de las tropas, estas estuvieron más de 72 horas en nuestro territorio. En medio de esa crisis, fue evidente que el problema de fondo fue el apoyo de Colombia a una solicitud firmada por más de 13 países de la OEA para que se insistiera a Caracas a cumplir con el calendario electoral y respetar los derechos de la oposición. Se dijo, incluso, que Maduro le reclamó en alto tono a Santos por ese hecho. Lo cierto es que luego de que el Tribunal Supremo de Justicia le quitaría los poderes a la Asamblea Nacional, Colombia se unió al bloque de países que exigió restituir el equilibrio de poderes. Si bien esto pasó, la OEA declaró un rompimiento institucional en Venezuela y se contempla aplicarle la Carta Democrática. Por ello las relaciones colombo-venezolanas están en un punto complicado.
10. LA TRAGEDIA DE MOCOA: el hecho más grave en este primer trimestre sin lugar a dudas fue la tragedia que se registró en la capital del Putumayo, en donde una avalancha el viernes de la semana pasada arrasó más de 17 barrios y causó no menos de 310 muertos, decenas de heridos y más de un centenar de desaparecidos. Además de la dispendiosa y urgente labor de atender la emergencia y formular un plan de choque de búsqueda y rescate, asistencia humanitaria así como de coordinación de esfuerzos a nivel nacional, regional y local, el Gobierno declaró la emergencia económica, social y ambiental para enfrentar una tragedia de amplias dimensiones. La reconstrucción de la zona afectada tendrá un alto costo (algunos hablan de más de medio billón de pesos), al tiempo que la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría ya abrieron sendas investigaciones para establecer posibles responsabilidades. Como siempre ocurre en esta clase de situaciones críticas, ya hay voces que consideran que el Gobierno debe redoblar esfuerzos para ayudar a los damnificados y que tendría que destinar por ley los presupuestos para solventar el costo de la reconstrucción. A ello se suma, que casi 400 municipios más están en zonas potencialmente inundables y que el invierno apenas si está comenzando.