Torre de babel electoral

  • Legislación incoherente, desueta e ineficaz
  • Una reforma que no se ha podido concretar

 

Una colcha de retazos. Esa es la mejor expresión para definir la legislación electoral que se aplica en Colombia. A escasos días de la cita en las urnas para los comicios parlamentarios y las dos consultas interpartidistas que se realizarán ese mismo 11 de marzo, es claro que si bien el operativo logístico avanza sin mayores problemas, no por ello se puede esconder que nuestro país cuenta en estos momentos con una normatividad electoral en algunos casos desueta, en otros sin fuerza sancionatoria real y, por último, carente incluso de coherencia.

Las pruebas de esa colcha de retazos en materia de legislación están más que a la vista: Los mecanismos de democracia interna para escoger candidatos, confeccionar listas u adoptar las decisiones más trascendentales en los partidos, son de escaso o nulo uso. Las convenciones y congresos de las colectividades se convocan y aplazan al ritmo caprichoso de sus dirigentes y las coyunturas políticas. Hay un alud de candidatos presidenciales y al Congreso por firmas, la mayoría provenientes de partidos políticos establecidos. A las coaliciones y alianzas entre colectividades no se les exige ningún requisito programático ni ideológico mínimo, así sea meramente formal. Las consultas abiertas, tanto internas como interpartidistas, continúan siendo ‘tierra de nadie’, ya que sea porque algunas tienen un bajísimo poder de convocatoria o porque cualquier ciudadano puede participar, sea o no afín a las colectividades o aspirantes en contienda, desdibujando así el espíritu del mecanismo. De igual manera, la persistencia de la circunscripción nacional para elegir al Senado se erige cada vez más como la génesis de muchos de los vicios políticos y delitos electorales.  

Ya en lo relativo al día a día de la campaña, pese a las drásticas sanciones penales, disciplinarias y administrativas para los candidatos que se inscribieron pese a estar inhabilitados -castigos que se extienden a los partidos que los avalaron-, hay varios aspirantes bajo la lupa por esta infracción. La Procuraduría denunció la semana pasada que pesquisas en algunas regiones y campañas permiten evidenciar que no se está utilizando la cuenta única electoral ni atendiendo las regulaciones sobre financiación de campañas. Tanto el Ministerio Público como la Contraloría han denunciado que se estarían utilizando cargos públicos y cupos indicativos presupuestales con fines electorales. En el solo caso del SENA, por ejemplo, se investiga una nómina paralela, a seis congresistas y veinte mil contratos. La propia Corte Suprema de Justicia abrió investigaciones a más de 200 parlamentarios y exparlamentarios por la llamada ‘mermelada presupuestal’, un proceso que por la gran cantidad de indiciados no tiene precedentes.  Una de las denuncias más reiteradas en la campaña es la gran cantidad de candidatos que son familiares de dirigentes políticos que han sido condenados por distintos delitos contra la administración pública. Y todo ello sin contar que las propias autoridades electorales admiten que les es imposible vigilar con eficacia a la gran cantidad de campañas y aspirantes para asegurarse de que no violen los topes de financiación ni acudan a fuentes de recursos ilícitos. Y como si todo lo anterior fuera poco, tanto la Misión de Observación Electoral como la Defensoría del Pueblo han advertido que hay más de un centenar de municipios en alto riesgo por amenazas de fraude en los comicios o presión de grupos armados ilegales. A ello sólo falta agregarle que la pedagogía sobre la forma de votar listas cerradas o listas abiertas todavía es insuficiente, así como el conocimiento de la opinión pública sobre los nuevos delitos electorales.

Pero no termina ahí este preocupante diagnóstico: el Consejo de Estado tardó cuatro años para determinar que un partido pequeño sí tenía derecho a las tres curules en el Senado que se le negaron en 2014 por fallas en los mecanismos de anulación de votos. A su turno, el Consejo Nacional Electoral no ha podido resolver con prontitud el futuro de varias convocatorias a revocatorias del mandato, referendos y consultas.

Lo peor de todo este crudo diagnóstico –faltando por mencionar muchas más falencias- es que no es nuevo. Todo lo contrario, lleva varios años sobre la mesa sin que se haya podido adelantar ni concretar una reforma política ni electoral de amplio espectro que garantice la transparencia democrática. La posibilidad de crear una jurisdicción electoral coherente, eficaz y moderna se ha visto frustrada varias veces en el Congreso y sin mayor voluntad de los gobiernos de turno por sacarla finalmente adelante. Para un país que se precia de ser la democracia más antigua y sólida de América, es claro que todo lo señalado es una mácula difícil de borrar.