- Blindar alimentación de millones de estudiantes
- Estado obligado a reformular todo el modelo
La ineficacia de un Estado se evidencia en aquellas problemáticas que persisten a lo largo del tiempo pese a que a cada tanto son objeto de medidas ordinarias, planes de choque y modificaciones estructurales que se proyectan como panaceas para neutralizarlas o acabarlas de una vez por todas. En el caso colombiano hay no pocos ejemplos de estas crisis cíclicas que gobierno tras gobierno se ‘heredan’.
A escasas semanas de haber iniciado el año académico las denuncias sobre las irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) han resurgido en varios departamentos y municipios, en donde los padres de familia, docentes, estudiantes y las comunidades en general se quejan de que las falencias en el suministro de desayunos, refrigerios y almuerzos a los alumnos no solo continúan sino que en algunos casos, tras el cambio de operador, terminó siendo, como se dice popularmente, peor el remedio que la enfermedad…
Resulta por lo menos inaudito que el Gobierno nacional y los gobernadores y alcaldes no se hayan puesto de acuerdo sobre la necesidad de reformular estructuralmente el modelo del PAE, pese a las múltiples y escandalosas evidencias en torno a que los millonarios recursos que se invierten cada año para la alimentación en las escuelas y colegios oficiales se convirtieron en un botín para las mafias de corrupción y carteles de contratación regionales y locales. Mientras que la mayoría de los mandatarios departamentales insiste en que el Ejecutivo nacional debería hacerse cargo de forma absoluta y autónoma del PAE y, sobre todo, de los procesos licitatorios y de contratación de los operadores, desde Bogotá se replica que esa centralización no resulta adecuada debido a las diferencias que hay de una región a otra en materia de la oferta y demanda de víveres, necesidades nutricionales de la población objetivo así como de la escala de precios a manejar para la compra y suministro de los alimentos a millones de estudiantes de escuelas y colegios, gran parte de los cuales proviene de familias de bajos recursos que no pueden darle a sus hijos una dieta sana y balanceada.
Más preocupante es que pese a la sucesión de informes de la Contraloría, la Procuraduría y otros entes de control y vigilancia sobre la persistencia de las anomalías y corrupción en el PAE, la reformulación del modelo y de la escala de responsabilidades sobre el mismo a nivel nacional, regional y local no se concretó para este 2018. Si bien desde el Ministerio de Educación y otras dependencias del alto gobierno se han adoptado medidas para garantizar una mayor transparencia en el programa, todavía son insuficientes para evitar que se roben los recursos. De igual manera, aunque la Fiscalía ya tiene en proceso de judicialización un número creciente gobernadores y alcaldes, así como de funcionarios de sus respectivas administraciones y contratistas privados, es claro que desde el punto de vista disciplinario y fiscal las pesquisas van un paso atrás debido a las conocidas relaciones políticas, si no complicidades, de los personeros y contralores departamentales y municipales.
Todo lo anterior resulta aún más alarmante si se tiene en cuenta que en el último año tanto el Presidente de la Republica, como varios de sus ministros, los jefes de los entes de control, los voceros de gobernadores y alcaldes, el sindicatos de maestros oficiales y las asociaciones de padres de familia, e incluso los propios gremios económicos, coincidieron en la necesidad urgente de un borrón y cuenta nueva en el modelo del PAE. Para la mayoría de ellos es claro que los correctivos parciales no han podido erradicar las redes de corrupción y de clientelismo contractual que medran alrededor de los millonarios recursos para alimentar a millones de estudiantes. Ya está visto que muchos consorcios investigados se reciclan a través de múltiples empresas de fachada para seguir dominando la contratación del programa.
Visto todo lo anterior parecería quedar claro, lamentablemente, que enderezar el PAE ya es una tarea que le corresponderá a los próximos gobierno nacional y Congreso porque los salientes, por más que trataron de hacerlo y lo fijaron como una prioridad, fallaron en esa dirección. Ello con el agravante de que las víctimas son millones de niños y jóvenes de bajos recursos a los que no les entregan los alimentos a que tienen derecho o, peor aún, les suministran unos que no cumplen los requerimientos nutricionales o son preparados sin ningún tipo de precaución higiénica. Una falla que desdice mucho de un país que se proclama regido por un estado social de derecho.