Altos exfuncionarios panameños del gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014) cobraron comisiones a casi una decena de constructoras para agilizar trámites, manifestó este lunes la fiscal general, Kenia Porcell, en un nuevo escándalo de corrupción que sacude al país.

Según Porcell, a través de la investigación conocida como "Blue Apple" (Manzana Azul), se ha demostrado que exfuncionarios de los ministerios de Obras Públicas y de Vivienda "exigieron a empresarios del sector de la construcción" en 2011 y 2012 "un porcentaje relacionado con el valor de la obra". 

El pago del soborno, que iba del 5% al 10% del valor del proyecto, era "a cambio de la agilización de los trámites administrativos para la ejecución" de las construcciones, señaló Porcell en conferencia de prensa.

De acuerdo a la fiscal, los pagos eran depositados en una sociedad anónima denominada Blue Apple Service, que a través de cinco cuentas en tres bancos locales habrían movido aproximadamente 40 millones de dólares.

"Al día de hoy se ha logrado la recuperación de 20 millones de dólares y se ha vinculado a 33 personas", dijo.

Aunque no dio los nombres de los acusados, Porcell manifestó que entre los involucrados hay tres exfuncionarios. "Las más altas autoridades en los ministerios de Obras Públicas y de Vivienda", definió. 

Además, están presuntamente involucrados un exoficial de banca, un abogado y siete empresarios. Todos enfrentan cargos por corrupción, blanqueo de capitales y asociación ilícita para delinquir.

Hasta la fecha, ya ha habido cinco acuerdos de colaboración con la justicia y se adelantan gestiones con Estados Unidos, China, Suiza, Islas Británicas y Hong Kong para la recuperación de los activos.

El escándalo estalla en momentos en los que en Panamá se investiga la trama de corrupción la constructora brasileña Odebrecht, acusada de pagar sobornos en varios países de América Latina para obtener contratos.

Por este caso están imputadas 63 personas, entre ellas dos hijos del expresidente Martinelli y varios de sus exministros.

El propio Martinelli, detenido en Estados Unidos, es acusado por la justicia panameña de espionaje e investigado por múltiples delitos de corrupción.

La constructora brasileña acordó este año con la fiscalía de Panamá pagar una sanción de 220 millones de dólares en 12 años y colaborar con las investigaciones de corrupción en su contra. 

Hace más de año y medio que Panamá protagonizó el escándalo de los "Panama papers", una filtración que reveló cómo una firma local de abogados creó sociedades opacas en todo el mundo, algunas de ellas para evadir impuestos.

En diciembre la Unión Europea incluyó a Panamá en su lista negra de paraísos fiscales.