· Se agrava crisis por indulto a Fujimori
· Kuczynski pierde más gobernabilidad
Desde cuando el presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, anunció el indulto, a finales de diciembre, del condenado exmandatario Alberto Fujimori, aduciendo razones humanitarias por su grave estado de salud, la crisis política, polarización nacional y protestas callejeras han sido la constante en la nación inca.
Pocos recuerdan que el caso del exmandatario de ascendencia nipona fue un punto de inflexión en la historia política peruana de las últimas décadas. Tras su reelección, el entonces mandatario se exilió en Japón en el año 2000, cuando ya las denuncias de corrupción y violación de derechos humanos empezaban a cercarlo. Sin que se tenga claro por qué, en 2005 viajó a Chile, ya que pensaba trasladarse a Perú, en donde, supuestamente, sería recibido como un héroe por sus entusiastas partidarios. Sin embargo, fue detenido en la nación austral que dos años después lo extraditó a Lima, en donde de inmediato fue recluido en prisión.
El juicio atrajo la atención mundial. En el banquillo estaba el otrora hombre fuerte del Perú que se había dejado enredar en las argucias y trapisondas de su polémico asesor Vladimiro Montesinos. Aquel que le hablaba al oído y lo convenció, incluso, de hacerle la guerra al Ecuador, bajo la tesis de que su triunfo militar aumentaría su apoyo popular y le facilitaría perpetuarse en el poder. El estruendoso fracaso de esa intentona determinó el principio de su caída política y, luego, de su enjuiciamiento penal.
Las gravísimas acusaciones sobre delitos de lesa humanidad, en especial de matanzas y crímenes atroces perpetrados por escuadrones de la muerte integrados por efectivos militares, pronto volcaron la opinión en contra de Fujimori, quien ya arrastraba el lastre de haber encabezado un autogolpe militar. Ni su exitosa gestión económica o el haber desmantelado al grupo terrorista “Sendero Luminoso” e incluso la hazaña de liberar a los secuestrados en una embajada de Lima, salvaron al expresidente de ser condenado por corrupción y como autor mediato de crímenes atroces.
Durante el proceso, como suele ocurrir a los sátrapas que caen en desgracia desde las alturas del poder, nada jugó a favor de Fujimori. Sus enemigos se enardecieron y colmaron las calles haciendo presión sobre los jueces para que elevaran la condena lo más posible. Entretanto, el fujimorismo sostenía que los togados eran ‘títeres’ y protagonizaban una farsa judicial. Algunos, incluso, estuvieron por apoyar un golpe militar. Sin embargo, finalmente, el exmandatario recibió una condena de 25 años que, dada su avanzada edad, significaba posiblemente su muerte en el presidio.
Desde entonces, el caso Fujimori ha gravitado en la política y realidad de los peruanos. La posibilidad de su indulto fue tema central de las tres últimas campañas presidenciales y cada uno de los mandatarios elegidos tuvo que comprometerse en campaña a mantenerlo tras las rejas, so pena de una debacle electoral, pese a que el fujimorismo, en cabeza ahora de sus hijos, empezó a ganar terreno de nuevo entre la población.
Es más, el año pasado Keiko Fujimori, quien siempre se mantuvo firme en la defensa de su padre, estuvo a punto de ganar la Presidencia, perdiéndola por escaso margen con Kuczynski. Aun así, el fujimorismo se adueñó del Congreso y se convirtió en el principal partido de oposición.
A partir del momento en que se conocieron los resultados electorales, se especuló que muy pronto se daría el indulto a Fujimori. Pero por más que el Gobierno intentara maniobrar e impulsar reformas, era inevitable que tuviera que negociar con las mayorías legislativas. Aunque el Presidente se negó, en campaña y en sus primeros meses en el cargo, a indultar al exmandatario, todo cambió cuando el fujimorismo decidió adelantar un juicio político contra Kuczynski por los vínculos de una firma suya con la firma brasileña Odebrecht, protagonista del mayor escándalo de sobornos en el continente. Para ningún político informado del Perú fue una sorpresa esa acusación. Incluso ya los expresidentes Humala y Toledo estaban procesados por relaciones non sanctas con esa cuestionada empresa.
Hoy para el peruano de a pie es claro que la sorpresiva división del fujimorismo en el Congreso salvó a Kuczynski de ser sacado del cargo, y que en respuesta a ello el Gobierno días después indultó a Fujimori, contra viento y marea, pese a la cantidad de condenas locales e internacionales por esa decisión.
Si se revisa todo lo anterior, es fácil entender por qué el Gobierno inca atraviesa una grave crisis y su impopularidad va en aumento día tras día. Ni la reestructuración del gabinete como tampoco los llamados a la reconciliación nacional, están funcionando. La maniobra político-jurídica entre el Ejecutivo y el fujimorismo fue tan evidente que ambos perdieron credibilidad, dejando a la nación en una difícil encrucijada.
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