EL JEFE DEL MINISTERIO PÚBLICO CUMPLE UN AÑO EN EL CARGO
"Estamos ante una hecatombe humanitaria"

Foto archivo

Fernando Carrillo responde un cuestionario muy drástico sobre la realidad nacional. Advierte sobre la gravedad de la racha de asesinatos de líderes sociales. Dice que el Estado no puede aparecer en Tumaco solo vestido de uniforme militar. Analiza qué está pasando con el acuerdo con Farc y califica de torpeza accionar del Eln al romper el cese el fuego. Sobre la campaña política, afirma que ojalá llegue la primavera de la ética en las próximas elecciones. Recalca que el voto obligatorio no es la cura para nuestros males y cree que en las urnas hay una gran oportunidad para castigar a los corruptos. Habla también sobre las investigaciones del caso Odebrecht y el ‘cartel de la toga’, así como de su preocupación por la laxitud penal. Y también responde ¿en qué momento se jodió Colombia?

EL NUEVO SIGLO:- Una pregunta de cajón pero, dada la crisis nacional en distintos flancos, pertinente: ¿En qué momento se jodió Colombia?

FERNANDO CARRILLO:- Cuando perdimos la confianza en la justicia, despreciamos la vida, privilegiamos la cultura del dinero fácil, le abrimos las puertas al populismo, la inequidad se convirtió en una epidemia y la violencia fue parte de la cotidianidad de una sociedad asfixiada por el miedo. Hay que recuperar el horizonte ético y defender la vida.

 

ENS:- ¿Colombia podría estar rumbo a un genocidio? Esto en relación al asesinato sistemático y deliberado de un grupo social determinado, en este caso el de los líderes sociales.

FC:- Estamos ante una hecatombe humanitaria. Los asesinatos sistemáticos de los líderes sociales son la mayor amenaza al cumplimiento de los acuerdos de paz. Hay una creciente alarma nacional e internacional por lo que está sucediendo. Es inadmisible la incapacidad del Estado para enfrentar esta amenaza a la democracia. Hay demasiados anuncios y pocas acciones. Hay que parar ya la máquina de la guerra.

 

ENS:- ¿Fracasó el Estado en copar y recuperar el control de las zonas dejadas por las Farc tras su concentración territorial y desarme?

FC:- El posconflicto se ha convertido en un escenario de grandes tensiones sociales y violencia contra los líderes y defensores de derechos humanos. Las zonas dejadas por las Farc son fuente de disputa territorial de los actores armados ilegales, como el Eln y los paramilitares, muchas veces en alianza con el narcotráfico. El Estado tiene que sacudirse y dar muestras contundentes de su voluntad de derrotar esas amenazas a la seguridad ciudadana y a la misma supervivencia de los acuerdos.

 

ENS:- ¿Cómo ve el estado del acuerdo de paz con las Farc: como un vaso medio lleno o un vaso medio vacío?

FC:- Las encuestas muestran que la mayoría de los colombianos no son conscientes de lo que ha significado el fin de la guerra con las Farc. Es una desgracia que persista una visión tan pesimista de lo logrado y muchos lo vean como un vaso vacío, como un esfuerzo fallido, ante la incapacidad del Estado por cumplir lo pactado. A ese clima de escepticismo se suma la torpeza del Eln al romper el cese al fuego y atacar a la Fuerza Pública y la infraestructura petrolera, hechos que han devuelto al país a una etapa que creía ya superada de titulares de guerra. Lo importante es impedir que vuelvan trizas el vaso de la paz, tanto los extremistas de derecha como de izquierda.

 

ENS:- La Farc advirtió que acudiría a instancias internacionales para forzar al Estado a cumplir el acuerdo de paz. ¿Qué tan posible es que, desde el exterior, se genere un hecho de presión en ese sentido?

FC:- La comunidad internacional fue esencial para el éxito del proceso y su presencia es vital para el cumplimiento de lo pactado. Los recursos de la cooperación internacional son necesarios para implementar los acuerdos y transformar los territorios. Naciones Unidas mantiene una acción propositiva frente a los avances de los acuerdos. Soy optimista en que los colombianos seamos capaces de superar el pesimismo y el fraccionamiento y nos pongamos de acuerdo en el objetivo esencial de avanzar en la consolidación de la paz.

 

Ojo a CPI

ENS:- La Corte Penal Internacional  habla cada vez más directo sobre el riesgo de vacíos en la justicia transicional en Colombia, sobre todo de eventual e inaceptable desproporcionalidad entre delitos de lesa humanidad y castigos leves a sus autores. ¿Hay riesgo de una intervención de la CPI por una causal de “justicia aparente”?

FC:- Confío en que la arquitectura jurídica construida para avanzar en la búsqueda de la verdad, justicia y reparación dé prontos resultados y no haya impunidad en los graves casos de lesa humanidad. La presencia de la Procuraduría será vital en la defensa de los derechos de las víctimas. La paz es la gran oportunidad para sanar las heridas y establecer estándares de justicia que salvaguarden el estado de derecho. Ese es el gran desafío de nuestro aparato de Justicia, siempre respetando nuestro ordenamiento constitucional que sigue siendo el referente ético obligatorio.

 

ENS:- ¿El proyecto de las 16 curules de paz está muerto o puede resucitar?

FC:- El proceso de paz se justifica por la garantía de verdad, justicia y reparación de más de ocho millones de víctimas. Su voz en el Congreso será garantía de reconciliación. Sigo atento a que se halle una salida jurídica que les permita a las víctimas hacerse oír con una credencial en la mano. Sería un mensaje de reconciliación en momentos en que hay fuerzas criminales asesinando a los líderes sociales y defensores de derechos humanos. Los acuerdos son para cumplirse. Las próximas elecciones son una enorme oportunidad para sellar un pacto nacional por la reconciliación nacional y el fin de la fractura que tanto daño hace. Votar por las víctimas será una forma de repararlas.

 

Reto electoral

ENS:- ¿No es de extrema ingenuidad creer que en Colombia los funcionarios públicos no hacen política y más en época electoral?

FC:- Lo que es ingenuo es pensar que las cosas no han cambiado y que la sociedad es tolerante a comportamientos antiéticos. El país está hastiado de la corrupción y reclama sanciones ejemplares especialmente contra quienes, desde el Estado, abusan de sus cargos para influir en favor de un partido o un candidato y mantenerse en el poder. Los servidores públicos están obligados a cumplir la ley y dar ejemplo. Pueden participar en las elecciones mediante el voto, tener libre opinión y deben tener plena garantía de no ser acosados por la politiquería. Para la Procuraduría el proceso electoral en marcha significa un enorme reto en la lucha por la transparencia.

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ENS:- ¿En un país con una abstención que ronda el 50% no es hora de pensar en el voto obligatorio?

FC:- Ese es un debate que lleva décadas y que no tiene solución a la vista. No creo que el voto obligatorio sea la cura para nuestros males. El voto obligatorio debe ser el punto de llegada de un proceso de modernización democrática y electoral, nunca el punto de partida. Lo que sí es obligatorio es fortalecer los sistemas de participación ciudadana, avanzar en la cultura democrática, hacer ciertos los estímulos al votante, crear consciencia colectiva sobre la obligación de participar para defender en las urnas la democracia. Hay que recuperar los partidos para cerrarle el paso a las aventuras populistas y autoritarias. En un país que avanza hacia la concreción del fin del conflicto armado, la participación ciudadana adquiere una nueva dimensión, que va mucho más allá del voto. Desde la Procuraduría estamos liderando una movilización nacional para combatir la abstención y lograr el voto limpio y ético, de los ciudadanos que permita blindar a la sociedad de la corrupción. Necesitamos que la ciudadanía vote contra la política con p minúscula, con plena libertad y castigue a los corruptos. 

 

ENS:- Siendo realistas, ¿de 1 a 10 cuál cree que podrá ser el nivel de transparencia de esta campaña electoral, en la que todos los partidos se acusan de haber postulado en sus listas a candidatos con familiares condenados o procesados por parapolítica, corrupción y otros delitos?

FC:- Estas deberían ser las elecciones más limpias en la historia de Colombia. Estamos promoviendo, justamente, un pacto de transparencia e integridad en estas elecciones. Sin el ruido de la guerra, los colombianos pueden votar con tranquilidad y escuchar las propuestas de los candidatos. Esta es la gran oportunidad para castigar en las urnas a los corruptos. Hay que sacar del juego político a quienes han hecho de la trampa y la compra de votos una cultura política. Ojalá llegue la primavera de la ética en las próximas elecciones. El hartazgo nacional con la corrupción exige de los órganos de control una mayor presencia en el proceso electoral. La Procuraduría no será inferior al reto y estará presente en todas las etapas del proceso, para que mediante medidas de prevención, control y vigilancia se superen prácticas indebidas y de corrupción electoral.

 

Monstruo de mil cabezas

 

ENS:- ¿La corrupción en la política es la madre del resto de modalidades de corrupción?

FC:- La corrupción es un monstruo de mil cabezas que se niega a morir y alimenta la cultura del dinero fácil y la falta de sanción social a los bandidos. Avanzaremos en la lucha contra ese flagelo cuando seamos capaces de romper el maridaje entre campañas electorales y contratistas, que se traduce en enormes negociados y grandes defraudaciones al Estado. Votos por contratos, votos por puestos, es la práctica madre de la corrupción. Hay que salir de ese atolladero con garantías de total transparencia en la financiación de las campañas, con cárcel a quienes violen los topes de financiación, escondan información o metan plata por debajo de la mesa. Y con la pérdida de la investidura y la muerte política de los corruptos.

 

ENS:- Un año de las primeras medidas por el caso Odebrecht. ¿Muchos investigados, pero pocos, muy pocos condenados?

FC:- Quisiéramos que las investigaciones avanzarán sobre autopistas de información y cooperación judicial internacional. No ha sido así y los procesos tienen sus tiempos. En la Procuraduría hemos avanzando en forma clara en abrir investigaciones, solicitar extinción de dominio sobre bienes, vincular a particulares comprometidos en la corrupción, adelantar por primera vez acciones populares para defender la moralidad en este tipo de casos. Según los cronogramas de trabajo en el primer trimestre de 2018 se verán los resultados a nivel de sanciones, que deberán ser ejemplarizantes.

 

ENS:- ¿Si se extradita al exfiscal Moreno en abril, no cree que el proceso judicial por el ‘cartel de la toga’ quedará a medias, como pasó con la extradición de los jefes paras en su momento y el golpe a la judicialización de la parapolítica?

FC:- Definitivamente no. Precisamente por solicitud de la Procuraduría, la extradición del señor Moreno quedó condicionada a su efectiva colaboración con la justicia y en relación con los procesos disciplinarios que requieran su testimonio. No se trata únicamente de cumplirle a la justicia extranjera dejando una deuda grande con la justicia colombiana

 

ENS:- ¿Los principios de oportunidad no se están volviendo una ventana de impunidad y burla a la justicia?

FC:- Es hora de pensar en este tema con cabeza fría. La justicia con incentivos por colaboración ha servido, en especial desde la década del 90 cuando estábamos reconstruyendo nuestras instituciones; sin embargo, frente a realidades actuales, especialmente frente a las empresas criminales de corrupción, es tiempo de pensar en incrementos punitivos, reducción de beneficios y mayores condicionamientos para que los esquemas de colaboración sean usados más razonablemente. En esto, compartimos inquietudes con el Fiscal y clamamos por replantear los escenarios de cooperación judicial internacional para que se persigan, por ejemplo, con efectividad los bienes de los corruptos.  

 

Crisis en Tumaco

 

ENS:- ¿Tumaco y parte de Nariño son tierra de nadie, en donde la violencia de vieja y nueva data es imparable, sin que el Estado pueda hacer algo?

FC:- Reitero que el Estado tiene que ser capaz de copar los territorios dejados por las Farc, y neutralizar las amenazas a la seguridad ciudadana, como el Eln, el narcotráfico, los grupos paramilitares y las disidencias de las Farc. Tumaco es la expresión máxima de un cóctel explosivo de conflictividad social, pobreza, olvido estatal y ebullición de la intolerancia de organizaciones armadas ilegales, en medio de un mar de coca y una enorme incapacidad del Estado. Desde la Procuraduría estamos atentos a que la fuerte presencia militar en la zona esté acompañada de una intensa inversión social, la protección de los líderes sociales y la prevalencia del diálogo social. El Estado no puede aparecer en Tumaco solo vestido de uniforme militar. Debe estar con salud, educación, vivienda y oportunidades.  

 

ENS:- ¿Tras el “Pacto de Pasto” para una reforma a la justicia, qué propuestas ha presentado la Procuraduría, o el tema se quedó en el solo anuncio?

FC:- El tema ha quedado tristemente congelado en medio de la polarización política y la campaña electoral. Habrá que escuchar a los candidatos sus opiniones al respecto. Desde la Procuraduría seguiremos trabajando, como lo hicimos en 2017, en audiencias en diferentes regiones del país, con las facultades de derecho, los funcionarios de la rama, las Altas Cortes, en busca de consolidar una propuesta que permita muy pronto dar un gran salto en la modernización de la justicia. Seguiremos en la tarea de construir un pacto de Estado por la justicia que se levante por encima de la coyuntura electoral. La desconfianza con la justicia no cede. Hay que actuar ya.

 

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