- Los desgastados debates en el Congreso
- Necesidad real de una estrategia de Estado
La lucha antidroga, en Colombia, necesita una política de Estado. El último debate en el Congreso sobre la materia demuestra, a todas luces, que no hay unidad de criterios y nunca se llega a conclusiones prácticas.
La carta de navegación correspondiente debe ser, pues, presentada por el Gobierno en el término de la distancia, con los dos componentes, es decir el flanco nacional y el internacional.
En el primero se sabe, por supuesto, que los índices de consumo de alucinógenos y otras drogas ilegales se han incrementado abruptamente. No existe supremacía del Estado en el combate al microtráfico y otros fenómenos que componen el tejido de los ilícitos al interior del país. La incidencia negativa de la dosis mínima de estupefacientes y su ampliación al permiso de aprovisionamiento individual, emitida por la Corte Suprema de Justicia, han sido lesivas para la lucha antidroga. El debate en el Senado, puesto que se trataba sobre consumo interno, debió tener de invitados a voceros de las altas cortes para que explicaran el tema. Esto último porque no es posible, desde luego, mantener una estrategia coherente si esta es erosionada por todos los flancos desde el propio Estado.
Por eso es menester que el Senado, incluso en sus componentes oficialistas, vuelva a realizar un debate, pero esta vez con conclusiones fehacientes. A él, ciertamente, no solo deben ser invitados los miembros de las cortes Constitucional y Suprema de Justicia, sino igualmente la Policía, delegados del Consejo Nacional de Estupefacientes, la Fiscalía General de la Nación y otras instancias.
El Pacto por Colombia, propuesto por el presidente Iván Duque, debería comenzar por ahí. Urge establecer los criterios claros de acción gubernativa antidroga y convocar, no solamente a los partidos, sino a todas las fuerzas vivas de la Nación en ese propósito. Hay que sincerar el debate de una vez por todas: saber si Colombia está dispuesta a mantener intactos esos índices de consumo interno o si de verdad se va a realizar un esfuerzo mancomunado entre todas las autoridades para salvar a los colegios y centros educativos de la amenaza permanente de jíbaros y traficantes sobre los educandos ingenuos. Aunque ante dicho riesgo la tolerancia debe ser cero, lo que se observa es un estado de laxitud que está empujando a los niños por el despeñadero de la drogadicción y en el que luego son usados, incluso, de proveedores al detal para otros compañeros.
En el Congreso de la República reposan dos iniciativas, una la del representante a la Cámara Juan Carlos Wills, y otra del Fiscal General de la Nación, que tratan de poner las cosas en orden. Al mismo tiempo, el Gobierno, a través del propio Presidente, ha dicho que está interesado en modificar un escenario espeluznante que, de seguir así, en unos años se habrá convertido en una verdadera tragedia nacional.
Y lo mismo sucede con el flanco internacional. Como se sabe, hasta el año 2013, a mediados del primer mandato de Juan Manuel Santos, el país había logrado disminuir los cultivos ilícitos hasta las 37 mil hectáreas. De haber seguido la ruta planteada, muy posiblemente hoy esas cifras serían menores a las 20 mil. Pero, por el contrario, en medio del proceso de paz con las Farc la suspensión de las fumigaciones aéreas llevó finalmente a que los sembradíos ilegales se quintuplicaran hasta las 210 mil hectáreas. Lo que del mismo modo supone un mercado virtual de 900 toneladas métricas de cocaína, una cifra nunca vista en Colombia.
Los compromisos del Gobierno en materia antidroga deben ser, igualmente, perentorios y claros. No hay viabilidad en un país que, aunque considera un ilícito la siembra de hoja de coca y otros alucinógenos, permite unos rubros de narcocultivos y de producción de semejantes niveles. Salvo que quiera la legalización por la puerta de atrás y se haga cómplice de lo que, por el contrario, en el mundo es considerado un delito.
No se trata, como se escuchó en el hemiciclo parlamentario, del mismo cacareo de siempre contra los Estados Unidos. Los colombianos tendrán que saber, de una vez por todas, si la lucha antidroga va en serio, incluido maniobrar contra los cultivos ilícitos y la dosis mínima, o si los debates son simples mamparas para que el negocio continúe. El Gobierno tiene la palabra.