*Analizar convocatoria y consecuencias
*Ojo a un clima nacional muy crispado
En cualquier otro país la convocatoria por parte de las centrales obreras de un “paro cívico nacional” tiende a ponerse en el top de las prioridades del gobierno de turno, ya sea para neutralizar los efectos de la protesta, buscar consensos que eviten su concreción o dejar sin piso los argumentos justificatorios de quienes llaman a la movilización popular. Hace dos semanas, la cúpula sindical en Colombia anunció que el próximo 17 de marzo se llevará a cabo una protesta nacional aduciendo que es necesario evidenciar la gravedad de la crisis económica que está afectando a los sectores más vulnerables de la población, expresar el inconformismo por las políticas laborales y salariales, exigir una acción oficial más decidida contra fenómenos como la escalada inflacionaria, las alzas en las tarifas de servicios públicos, los efectos de los altibajos cambiarios y un listado adicional de circunstancias que consideran negativas.
Los gremios de la producción de inmediato prendieron alertas tempranas, advirtiendo que el palo no está para cucharas, y que en medio de un clima de desaceleración económica lo que menos le conviene al país es verse sometido a paros y protestas que afecten el ya delicado ritmo productivo.
El Gobierno, a su turno, se ha contactado con la cúpula sindical para evaluar la validez de los argumentos que sustentan la convocatoria al paro nacional, pero tras esos acercamientos los líderes de las centrales obreras han insistido en que la movilización para el 17 de marzo continúa en firme e, incluso, que en las últimas dos semanas agremiaciones de distinto nivel nacional, regional y local habrían anunciado que se unirán a la protesta, incluyendo sectores del transporte público y privado.
Visto todo ello, bien cabe preguntarse si no se está subdimensionando esta convocatoria y si las autoridades han evaluado lo que podría pasar si la protesta llega a tomar los ribetes nacionales que sus impulsores aseguran que ya tiene. No se conoce, por el momento, pronunciamiento alguno gubernamental sobre la materia, como tampoco cuál sería el plan de contingencia que se aplicaría para evitar que el legítimo derecho a la protesta, que debe ser protegido y garantizado por la institucionalidad, no desemboque en una parálisis de muchos sectores del país o, peor aún, que lleve a hechos de desorden público.
Sería ingenuo negar que hay un clima de crispación política que día tras día toma ribetes de mayor polarización, sobre todo en lo relativo al accidentado proceso de paz con las guerrillas. Y tampoco se puede desconocer que este año ha tenido un arranque bastante movido en materia de protestas sectoriales, bloqueos, marchas y otras manifestaciones de inconformismo de grupos poblacionales. Esa clase de circunstancias son, precisamente, las que se convierten en una especie de escenario explosivo para llevar a cabo este tipo de ‘paros cívicos nacionales’. Ese es un riesgo latente que requiere medidas de orden preventivo para que después los hechos sobrevinientes no terminen sorprendiendo a las autoridades y su capacidad de reacción.
Hay asuntos urgentes y otros importantes en el día a día gubernamental. Es natural que en medio de la coyuntura en donde se entrecruzan a diario escándalos de distinta índole, renuncias forzadas, controversias políticas a cual más ácidas y destempladas, indicadores económicos macro y micro que entran en terrenos negativos, caídas en las encuestas y el desgaste propio de cinco años y medio de gestión, la Casa de Nariño tenga que afrontar a diario múltiples flancos de acción y reacción. Sin embargo, como se dijo, la convocatoria al ‘paro cívico nacional’ es un hecho que merece un análisis más detenido y cuidadoso, así sea sólo para concluir que la protesta no pasará a mayores y el nivel de afectación del país no será especialmente traumático ni pondrá en peligro el orden público y la convivencia. No se puede desconocer que siempre hay personas dispuestas a instigar el caos y la manifestación violenta, que se infiltran en las marchas y mitines para caldear los ánimos y pedir que se acuda a las vías de hecho para exteriorizar el inconformismo.
Se requiere, por tanto, que el tema del ‘paro cívico nacional’ sea analizado de manera objetiva y realista desde las más altas esferas del Estado. Una revisión que permita garantizar al país que el legítimo derecho a la protesta se ejercerá libremente, sin que ello implique un nivel de afectación superior del día a día nacional.