* Escalada delincuencial contra dirigencia política

* ¿Gobierno nacional ignora dimensión de la crisis?

La crisis de seguridad y orden público en el suroccidente del país no amaina, pese a la ofensiva de las Fuerzas Militares y la Policía en Cauca, Valle y Nariño. Como se sabe, en esos tres departamentos el Gobierno se vio obligado a suspender el cese el fuego con las disidencias de las Farc debido a las graves y continuas violaciones a la tregua por parte de ese grupo armado ilegal, así como al aumento de acciones violentas perpetradas por el Eln -organización con la que se mantiene la restricción de operaciones militares ofensivas- y bandas criminales de alto espectro.

Desde entonces se ha desatado una escalada de hostigamientos a la Fuerza Pública y la población civil, dos atentados con ‘carro-bomba’, varias masacres y asesinatos selectivos, así como un pico de denuncias de desplazamiento forzado de población y de reclutamiento forzado de menores de edad por parte de las facciones irregulares. Tropas del Ejército, la Infantería de Marina y la Policía han tratado de repeler los ataques, asestando duros golpes a los grupos delincuenciales, como el abatimiento la semana pasada de quince integrantes de las disidencias en el Cañón del Micay, en Cauca. También han sido neutralizados integrantes de las reincidencias o ‘Nueva Marquetalia’ en los tres departamentos, incautados cargamentos de cocaína y armas…

La situación en el Valle es particularmente crítica, no solo por los ataques perpetrados por las disidencias en Cali y Jamundí, sino por el accionar de bandas criminales como ‘La Inmaculada’ en Tuluá y otros municipios.

Hay casos de extrema gravedad como el asesinato de tres concejales en cuatro meses. La primera víctima fue Eliecid Ávila, quien falleció comenzando enero tras un atentado sicarial en Tuluá. El pasado 19 de abril Carlos Arturo Londoño, del mismo municipio, fue asesinado, junto a una funcionaria de la alcaldía. Y este fin de semana a John Fredy Gil Franco, de Jamundí, le segaron la vida. En los primeros dos casos, ‘La Inmaculada’ es la principal sospechosa, ya que la banda la declaró la ‘guerra’ al alcalde, concejales y Fuerza Pública por los operativos en su contra que han llevado a la captura o abatimiento de varios de sus cabecillas, lugartenientes y personal de base. En cuanto al tercer homicidio, además de citada banda criminal, las hipótesis apuntan a las disidencias de las Farc, que delinquen en toda esta zona.

Los asesinatos de los cabildantes coinciden con la alerta máxima en todo el departamento luego de que información de inteligencia advirtiera un presunto plan de los grupos residuales de las Farc para secuestrar a los diputados. Como se recuerda, ya en 2002 el Valle sufrió un plagio masivo de once integrantes de la Asamblea a manos de las Farc, diez de los cuales fueron asesinados cobardemente por sus captores cinco años después.

A hoy, un gran número de concejales, alcaldes y diputados vallunos cuentan con escoltas y medidas de seguridad reforzadas. La gobernadora Dilian Francisca Toro si bien agradece el apoyo de las Fuerzas Militares, Policía, Fiscalía y Unidad Nacional de Protección, al tiempo que resalta los operativos contra integrantes de ‘La Inmaculada’ y las disidencias, urge del Presidente de la República y el Ministerio de Defensa tomar acciones más determinantes para salvaguardar a la población y las autoridades civiles. Puntualmente pide redoblar el pie de fuerza en Los Farallones de Cali, así como evitar que desde las cárceles se continúen ordenando crímenes, extorsiones y otros delitos. También ha sido clara en que el orden público y la seguridad ciudadana en el Valle no se recuperarán sino con la activación de un plan integral de lucha contra la delincuencia común y organizada en todo el suroccidente del país.

Hemos insistido que el Ejecutivo no está actuando con la suficiente diligencia en muchas zonas del país, en donde los grupos residuales de las Farc, el Eln, bandas como ‘El Clan del Golfo’ y otras facciones criminales están delinquiendo sin que la Fuerza Pública alcance a neutralizar su violento accionar. Es evidente que la estrategia de seguridad y orden público no está funcionando. También resulta innegable que los cese el fuego han permitido un fortalecimiento y ampliación de los grupos armados ilegales, sobre todo en pos de ‘dominar’ corredores del narcotráfico y minería criminal. Hay un boom en la extensión de narcocultivos por cuenta de la decisión política de disminuir al mínimo su erradicación, al tiempo que el número de masacres, asesinatos de líderes sociales, extorsión, hurtos, ‘retenes ilegales’, reclutamiento forzado de menores y desplazamiento de población, entre otras conductas, sigue disparándose.

El Gobierno, que parece encerrado en una especie de ‘burbuja’, desconectado de la realidad crítica en los territorios e imbuido en desgastantes polémicas políticas y mediáticas, no puede seguir dejando a los colombianos a merced de los criminales de toda laya, con un Estado ausente o, peor aún, en fuga.